Tras descubrir 12.000 viviendas del IPV sin escriturar, regularizan más del 30%
Desde la Asesoría Letrada del Gobierno de la Provincia indicaron que la regularización dominial generó 3.000 escrituraciones y que hay otras 1000 en proceso.
El Gobierno de la Provincia avanza en uno de los objetivos que se planteó para su gestión en materia habitacional: que las familias que recibieron una vivienda del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) puedan contar también con la escritura que acredite formalmente la propiedad.
El dato actualizado fue aportado por el asesor letrado de Gobierno, Alejandro Ferrari, en una entrevista con Off the récord. Según explicó, al comienzo de la gestión se detectó un universo de aproximadamente 12.000 viviendas adjudicadas por el IPV que no contaban con su correspondiente escritura.
De ese total, actualmente unas 3.000 ya fueron regularizadas, mientras que otras 1.000 se encuentran en proceso de entrega de sus escrituras. De concretarse la escrituración de esas viviendas que están en trámite, el proceso alcanzaría a unas 4.000 unidades sobre las 12.000 que originalmente presentaban esta situación, es decir, más del 30% del universo detectado.
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La regularización dominial representa un proceso que en muchos casos arrastra dificultades de varios años. No se trata simplemente de confeccionar una escritura, sino de resolver previamente los obstáculos jurídicos, administrativos y documentales que impiden que una vivienda pueda ser transferida formalmente a quien la ocupa.
En determinados barrios aparecen además situaciones vinculadas con cooperativas, mutuales y asociaciones civiles que participaron como entidades intermedias en la construcción o adjudicación de las viviendas. Esas organizaciones pueden presentar documentación incompleta, inconvenientes institucionales o situaciones legales pendientes que deben ser solucionadas antes de avanzar con la transferencia definitiva.
Por eso, el proceso requiere la intervención coordinada del IPV, la Asesoría Letrada de Gobierno y distintos organismos encargados de la regularización dominial, dependiendo de la situación particular de cada barrio. El objetivo final es que la familia que ya recibió y habita una vivienda del IPV pueda contar también con la seguridad jurídica de ser formalmente propietaria del inmueble.
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La problemática fue planteada por la actual gestión provincial como uno de los principales desafíos en materia habitacional. Al inicio del mandato de Marcelo Orrego, el relevamiento realizado por el Gobierno permitió identificar aproximadamente 12.000 viviendas adjudicadas por el IPV que todavía no tenían escritura.
Desde entonces, la administración provincial comenzó a impulsar distintas herramientas para avanzar en la regularización de esas unidades. La escrituración pasó a formar parte de la política habitacional junto con la construcción y entrega de nuevas viviendas.
En ese sentido, Orrego viene planteando que el acceso a la casa propia no termina con la adjudicación del inmueble, sino que debe completarse con la documentación que permita acreditar legalmente la propiedad. El proceso tuvo recientemente distintos capítulos con la entrega de escrituras a familias de varios departamentos, como parte de la estrategia de normalización dominial.
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Una de las herramientas diseñadas por el IPV apunta específicamente a los barrios construidos mediante entidades intermedias que todavía presentan obstáculos para completar la regularización. Para esos casos, el organismo lanzó la Licitación Pública N° 01/2026, destinada a contratar servicios profesionales especializados en la regularización institucional, contable, fiscal y legal de cooperativas, mutuales y asociaciones civiles que participaron en operatorias del instituto.
El presupuesto oficial de la contratación fue establecido en $15,4 millones, mientras que el plazo previsto para los trabajos es de siete meses desde la firma del contrato. La iniciativa alcanza a 1.697 viviendas distribuidas en 26 barrios de la provincia.
Los profesionales que resulten contratados deberán realizar relevamientos documentales, avanzar en la regularización de libros sociales y asistir en asambleas y trámites ante organismos como la Inspección General de Personas Jurídicas (IGPJ) y el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES).
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En aquellos casos donde las entidades intermedias presenten situaciones particularmente complejas, el trabajo puede incluso contemplar la intervención de liquidadores, con el objetivo de destrabar la transferencia de los inmuebles al IPV y posteriormente a sus ocupantes.
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Fuente: Tiempo de San Juan
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