Tras el anuncio de Javier Milei, el Gobierno oficializó más fondos para Defensa y nuevas sanciones por Malvinas

Por Redacción

Tras el anuncio de Javier Milei, el Gobierno oficializó más fondos para Defensa y nuevas sanciones por Malvinas

El presidente Javier Milei, en cadena nacional, ratificó la soberanía argentina sobre las Islas Malvinasy anticipó un fortalecimiento en las políticas de defensa y protección de recursos estratégicos. Pocas horas después de su discurso, el Gobierno formalizó estos anuncios mediante la publicación de dos decretos clave en el Boletín Oficial.

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Las medidas incluyen un aumento en el presupuesto de defensa nacional y la habilitación a la Cancillería para reportar irregularidades, lo que permitirá sancionar a empresas extranjeras que exploten recursos estratégicos en las islas.

Estas decisiones se formalizaron mediante los decretos DNU 867/2026 y 868/2026, reafirmando el reclamo de soberanía como eje central de la agenda gubernamental. Si bien el Presidente sostuvo que «las Malvinas son argentinas por historia y por derecho, no hay discusión al respecto», reconoció que ese enunciado no resulta suficiente para garantizar los intereses nacionales.

En el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 867/2026, se modificó el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2026.

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No se precisó el porcentaje que se la asignará al Ministerio de Defensa, pero remarcaron la necesidad de reasignar los fondos con el fin de «dotar a las áreas competentes de los recursos necesarios para el cumplimiento de sus funciones».

Sobre la decisión de reforzar las políticas de defensa, argumentaron: «De no realizarse la adecuación del presupuesto de forma inmediata, peligraría la prestación de ciertos servicios esenciales cuyo responsable es el Estado Nacional».

Incluso durante la cadena nacional, el presidente vinculó esa decisión con una estrategia de largo plazo orientada a fortalecer la posición argentina en el Atlántico Sur.

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A su vez, el DNU publicado también establece que, hasta que se realicen las adecuaciones presupuestarias correspondientes, los gastos de organismos que hayan modificado o modifiquen su naturaleza jurídica durante 2026 se atenderán con los créditos previstos en las jurisdicciones y entidades de origen.

Por otra parte, mediante el Decreto 868/2026, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto fue designado autoridad de aplicación de la Ley 26.659. Esta norma sanciona a quienes realicen o faciliten actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina sin la debida autorización estatal.

Asimismo, se instruyó a los organismos de la administración pública nacional a informar a Cancillería, en un plazo de cinco días hábiles, los hechos de los que tomen conocimiento que puedan encuadrar en dicha ley. Con esta notificación, la cartera podrá iniciar el procedimiento administrativo correspondiente, ya sea de oficio o a solicitud de otra entidad.

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La reglamentación también fijó los pasos del sumarios y detalló: si hay indicios suficientes, la autoridad de aplicación deberá notificar al presunto infractor, que tendrá diez días hábiles administrativospara presentar descargo y ofrecer prueba.

Después de haberse informado a la empresa o entidad sospechada, la Cancillería contará con otros diez días hábiles administrativos para resolver si archiva las actuaciones o aplica la sanción prevista por la norma.

Esta medida responde al anticipo de Javier Milei quien en la cadena nacional anunció que tomaría la gestión sobre la cuestión Malvinas y planteó la necesidad de sumar "leyes adecuadas, organismos del Estado coordinados y herramientas efectivas para avanzar en un objetivo que trasciende a cualquier gobierno".

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Por otra parte, el decreto introdujo cambios en los trámites vinculados al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y al sector hidrocarburífero. En ambos ámbitos, incorporó la obligación de presentar declaraciones juradas que acrediten que ni las empresas ni sus integrantes directos o indirectos incurren o incurrirán en las conductas prohibidas por la Ley 26.659.

Asimismo, se habilitó a la Cancillería a intervenir para evaluar la eventual existencia de acciones incompatibles. Esta misma exigencia se aplicará a los permisos, concesiones, autorizaciones y habilitaciones contemplados en la Ley 17.319 de Hidrocarburos.

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El presidente Javier Milei, en cadena nacional, ratificó la soberanía argentina sobre las Islas Malvinasy anticipó un fortalecimiento en las políticas de defensa y protección de recursos estratégicos. Pocas horas después de su discurso, el Gobierno formalizó estos anuncios mediante la publicación de dos decretos clave en el Boletín Oficial.

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Fuente: Río Negro

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