Tras el conflicto en los puertos, el Gobierno analiza llevar al Congreso la desregulación marítima

El Ejecutivo evalúa impulsar por ley cambios en el régimen de cabotaje y no descarta incluir una reforma del practicaje. Antes de avanzar, buscará alcanzar acuerdos con empresarios y trabajadores del sector en la mesa de diálogo creada tras la suspensión del decreto 690.

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Luego del conflicto que paralizó durante varios días la actividad portuaria, el Gobierno nacional analiza trasladar al Congreso parte de su plan de desregulación marítima. La principal alternativa que se encuentra bajo estudio es avanzar por vía legislativa con modificaciones al régimen de cabotaje, mientras que una eventual reforma del practicaje quedaría, por ahora, sujeta a las conversaciones con los representantes del sector.

En la Casa Rosada admiten que la suspensión del Decreto 690/2026 representó un freno importante al esquema que había impulsado inicialmente el Ejecutivo, aunque aseguran que el objetivo de reducir costos y modificar las regulaciones que afectan a la navegación comercial continúa vigente.

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El cabotaje aparece como el punto con mayores posibilidades de ser incorporado a un proyecto de ley. El régimen comprende el traslado de pasajeros y mercaderías entre distintos puntos del territorio argentino y el Gobierno considera que su modificación puede ser determinante para mejorar la competitividad y reducir los costos asociados al transporte.

Uno de los cambios que ya figuraba en los borradores oficiales contempla permitir, bajo determinadas condiciones, la participación de buques de bandera extranjera en operaciones de cabotaje. La iniciativa también propone modificaciones a la Ley de Navegación, a las normas relacionadas con las tripulaciones y al régimen de promoción de la Marina Mercante.

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El escenario es diferente en el caso del practicaje, una actividad que cumple un papel central en la navegación y las maniobras de los buques dentro de ríos, canales y puertos. El servicio es realizado por profesionales especializados que asisten a los capitanes en zonas que requieren conocimientos específicos para garantizar una navegación segura.

Tras la suspensión del decreto, el Gobierno decidió abrir una instancia de negociación con los representantes de la actividad. La mesa funcionará bajo la órbita del Ministerio de Seguridad y contará con la participación de la Prefectura Naval Argentina, la Agencia Nacional de Puertos y Navegación y representantes del sector privado.

Entre los participantes estará John Ryan, presidente de la Cámara de Actividades de Practicaje y Pilotaje, además de otros referentes de la actividad y funcionarios nacionales. El objetivo será revisar las medidas que generaron el conflicto y buscar una nueva regulación que permita garantizar la continuidad de las operaciones portuarias.

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El Decreto 716, que formalizó la suspensión del régimen anterior, estableció precisamente que la mesa de trabajo deberá buscar los consensos necesarios para avanzar en una nueva normativa vinculada con el practicaje y el pilotaje.

El proyecto de ley que el Gobierno venía preparando antes del conflicto incluía una reforma amplia del cabotaje y modificaciones en diferentes aspectos de la navegación y la Marina Mercante. Sin embargo, no incorporaba los cambios específicos sobre practicaje que habían sido establecidos posteriormente mediante el Decreto 690.

Esa norma había generado una fuerte resistencia dentro del sector porque introducía modificaciones sobre la contratación de los prácticos, el esquema tarifario y las condiciones para prestar el servicio. También eliminaba el límite numérico para la inscripción de profesionales habilitados y permitía su contratación directa bajo determinadas modalidades.

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El decreto suspendido contemplaba además que la ANPYN pudiera establecer tarifas máximas y otorgaba herramientas excepcionales para garantizar la prestación del servicio en situaciones de emergencia. Entre ellas, se encontraba la posibilidad de que Prefectura asumiera directamente tareas de practicaje, pilotaje o baquía y que se recurriera a otras fuerzas en caso de una interrupción del servicio.

Esos cambios fueron uno de los principales puntos de tensión durante el conflicto que afectó la actividad portuaria. La disputa llegó a generar demoras y paralizaciones que involucraron a más de un centenar de buques y tuvieron impacto sobre operaciones de exportación, abastecimiento de combustibles y actividades vinculadas con proyectos energéticos.

Ahora, el Ejecutivo busca avanzar con mayor cautela y diferenciar los distintos aspectos de su programa de desregulación. Mientras el cabotaje podría llegar al Congreso como parte de un nuevo proyecto legislativo, la reforma del practicaje será discutida inicialmente en la mesa de diálogo.

La estrategia oficial apunta a sostener el objetivo de reducir los costos logísticos, aumentar la competencia y flexibilizar las regulaciones del sector marítimo, pero procurando evitar un nuevo conflicto que pueda afectar el funcionamiento de los puertos y el comercio exterior.

Fuente: El Liberal

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