Tras el fallo por la línea de 500 kV, el EPRE se llamó a silencio y Vicuña confirmó que sigue negociando

El Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) había venido sosteniendo por semanas una postura fuerte para que el acceso a la línea de 500 kV no otorgara ventajas exclusivas a un solo proyecto minero. Ahora, tras la resolución favorable a Vicuña, optó por no hacer declaraciones públicas.

La empresa minera, en cambio, reveló a través de un comunicado que mantiene conversaciones con el EPRE y el Gobierno de San Juan sobre el reconocimiento de inversiones en infraestructura eléctrica.

Esto es lo que se conoce luego de que en la noche del martes 28 de julio el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENReGE) otorgó a Vicuña el Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública (CCyNP) para el desarrollo del Proyecto de Infraestructura Eléctrica de Alta Tensión (PIEAT).

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Esta autorización le permite a la minera avanzar con el desarrollo de la infraestructura eléctrica vinculada a la línea de 500 kV y marcó el cierre de una discusión regulatoria que llevaba meses. Pero, al mismo tiempo, parece que abrió una nueva instancia de diálogo entre la empresa y el Gobierno de San Juan.

En silencio

A diferencia de las semanas previas al fallo, cuando el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) defendió públicamente y en distintas presentaciones una posición firme frente al organismo nacional, esta vez el regulador provincial optó por no realizar declaraciones sobre la resolución.

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Consultadas por Tiempo de San Juan, fuentes del EPRE señalaron que "por ahora no habrá declaraciones" respecto del fallo emitido por el ENReGE. Ante la consulta sobre una eventual reacción en los próximos días, respondieron que informarán cualquier novedad cuando exista.

El contraste con la etapa previa es evidente. Antes de que el organismo nacional resolviera el expediente, el EPRE había manifestado públicamente que respaldaba el desarrollo de la minería, pero reclamaba que el acceso a la infraestructura eléctrica se administrara bajo criterios de igualdad para todos los proyectos.

En un comunicado difundido el 6 de julio pasado, el organismo sostuvo que la asignación de capacidad de transporte eléctrico no debía generar "ventajas exclusivas para un emprendimiento en particular" ni comprometer las posibilidades de conexión de futuros proyectos mineros o de generación renovable.

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También remarcó que parte de la infraestructura eléctrica había sido financiada mediante el Fondo PIEDE con aportes de empresas, hogares, comercios e industrias sanjuaninas y, por ese motivo, defendió un esquema de acceso abierto, transparente y con igualdad de condiciones para todos los usuarios.

La oposición del EPRE también fue determinante para la audiencia pública que se realizó el 3 de junio y reunió a distintos actores del sector energético y minero. Allí también cuestionaron la autorización del ENRE a favor de Vicuña las empresas Barrick Mining, Andes Corporación Minera (McEwen Copper–Los Azules), Golden Mining (Gualcamayo) y Casposo Argentina, además del EPRE, la secretaria de Energía de La Rioja y los intendentes mineros de Iglesia, Calingasta y Jáchal.

Una postura firme

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Tiempo de San Juan habló con fuentes calificadas en ese momento y pudo reconstruir que el objetivo del organismo regulador era impedir que una obra considerada estratégica para el desarrollo minero de San Juan quedara asociada a un beneficio exclusivo para un solo proyecto. Incluso se deslizo que, en caso de ser necesario, se iba a sostener esa posición incluso por las vías administrativas o judiciales correspondientes.

Finalmente, el ENReGE resolvió en sentido diferente. El organismo nacional rechazó las oposiciones presentadas durante el proceso y otorgó a Vicuña el Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública que habilita la construcción de la obra eléctrica.

Una negociación que continúa

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Aunque la resolución despejó el camino para la ejecución de las obras eléctricas, el propio comunicado difundido por Vicuña mostró que la relación con la Provincia no quedó cerrada.

La empresa informó que continúa dialogando con el EPRE y con el Gobierno de San Juan para avanzar en un entendimiento sobre el reconocimiento de las inversiones realizadas sobre infraestructura eléctrica preexistente, "en función de criterios técnicos y del marco regulatorio vigente".

Ese punto aparece como uno de los temas que siguen abiertos luego del fallo nacional y que deberán resolverse entre las partes. Con el expediente administrativo resuelto, el foco ahora se traslada a las negociaciones que ambas partes mantienen sobre la infraestructura existente y sobre cómo se instrumentará, en la práctica, el nuevo esquema eléctrico en el que invertirá Vicuña.

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Fuente: Tiempo de San Juan

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