Tras el femicidio de Gemma Álvarez, qué medidas proponen los sanjuaninos para que las perimetrales sean realmente efectivas

El femicidio de Gemma Álvarez en San Juan marcó profundamente a los sanjuaninos y puso en el centro del debate la eficacia de las medidas de protección judicial. Según una reciente encuesta realizada por TIEMPO DE SAN JUAN entre sus lectores, más del 70% de los participantes pide medidas de control físico o la detención efectiva para los agresores con el fin de evitar que se violen las prohibiciones de acercamiento. Este resultado surge de un contexto de indignación social tras conocerse que Gemma ya había recurrido a la justicia buscando resguardo sin obtener una protección que resultara efectiva.

Gemma Álvarez tenía 34 años cuando el 30 de julio fue asesinada de 31 puñaladas por su expareja, Matías Marín, en la zona de la Costanera, en Chimbas. Ella había convivido con el agresor durante 12 años en un ambiente de violencia constante y, un mes antes del crimen, se presentó en el CAVIG para denunciar el hostigamiento y los celos que sufría. A pesar de que un juez le otorgó una medida de prohibición de acercamiento, el sistema no pudo evitar que Marín la persiguiera en su automóvil y la interceptara mientras ella se dirigía a su trabajo en motocicleta. El caso expuso de manera cruda que una orden judicial en papel no detiene a un agresor decidido a actuar.

Al analizar en detalle los resultados del sondeo de opinión, con 1243 votos, se observa que la opción más votada fue la implementación de tobilleras electrónicas duales obligatorias para todos los denunciados, con un 38.74% de los apoyos. Esta preferencia indica que una parte importante de la sociedad considera necesaria la vigilancia tecnológica activa para asegurar el cumplimiento de las restricciones. Por otro lado, la prisión preventiva automática ante la primera denuncia de violencia de género fue la segunda opción más elegida, alcanzando un 33.06% de los votos. Ambas respuestas suman más del 70% del total, lo que demuestra una clara tendencia ciudadana hacia la aplicación de sanciones más fuertes y físicas sobre el denunciado desde el inicio del proceso.

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En menor medida, el 14.02% de los encuestados se inclinó por el monitoreo policial permanente o el establecimiento de custodias dinámicas en el domicilio de la víctima. Finalmente, existe un 14.10% de los votantes que considera que el sistema actual es suficiente y que la falla reside en la falta de recursos judiciales o policiales para ejecutar correctamente las medidas existentes. En términos generales, los datos reflejan un descreimiento en las herramientas burocráticas actuales y una exigencia de que el Estado asuma un rol de control mucho más directo sobre los victimarios.

Una medida perimetral consiste en una orden judicial de protección que tiene como objetivo principal prohibir que un agresor se acerque a una víctima de violencia de género, ya sea en su domicilio o en su lugar de trabajo. Esta herramienta funciona como un mecanismo preventivo frente a posibles femicidios, estableciendo una distancia mínima obligatoria que el denunciado debe respetar, la cual suele fijarse entre los 200 o 500 metros. Además del alejamiento físico, la medida incluye la prohibición absoluta de contacto a través de llamadas, mensajes de texto, redes sociales o recados enviados por terceras personas. Es importante destacar que no se trata de una condena penal definitiva, sino de una medida cautelar provisoria que generalmente tiene una duración de entre tres y seis meses, con posibilidad de ser renovada. Aunque su incumplimiento constituye el delito de desobediencia a la autoridad y puede derivar en una detención inmediata, las estadísticas evidencian que el papel del Estado a veces resulta insuficiente si no existe un control riguroso y recursos de seguridad constantes.

La situación ocurrida en San Juan forma parte de una problemática estructural donde las herramientas judiciales fallan sistemáticamente en prevenir femicidios. Entre la firma de una restricción y su capacidad real de proteger a una mujer existe una cadena de seguimiento y cumplimiento que frecuentemente se rompe. En la provincia, antecedentes como el de Pamela Rodríguez en Calingasta durante 2020 y el de Yanina Pérez en Angaco muestran que, aun con intervenciones judiciales previas, los agresores logran acercarse a sus víctimas. La falta de control efectivo y la reincidencia de los violentos, que en casos como el de Angaco ya tenían condenas previas por ataques similares, evidencian que el sistema penal no está logrando neutralizar el peligro antes del desenlace fatal.

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Para aquellas personas que atraviesan una situación de violencia o conocen a alguien en esa situación, existen diversos canales de asistencia gratuita y anónima que funcionan las 24 horas. Ante una emergencia inmediata, el número de contacto principal es el 911, mientras que para recibir asesoramiento y contención a nivel nacional se puede llamar a la Línea 144. En la provincia de San Juan, cuando los hechos constituyen un delito, se debe acudir a la UFI CAVIG, ubicada en Rivadavia 425 (Oeste), o comunicarse al teléfono 4210013. Para casos que no sean delitos, se encuentran disponibles la Dirección de Género en calle 25 de Mayo 451 Oeste y la Línea Mujer a través del 0800 6666 351. Asimismo, el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano brinda acompañamiento integral, y cada departamento cuenta con áreas municipales de género que ofrecen asesoramiento legal, psicológico y social de manera gratuita.

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Fuente: Tiempo de San Juan

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