Tras el polémico cierre de Branka Motors, ¿en qué quedó la causa de Global Market?

Luego de la polémica resolución del caso Branka Motors, la investigación por la presunta megaestafa de Global Market quedó en punto muerto, por el momento. El expediente fue remitido a la Justicia Federal luego de que la Justicia provincial se declarara incompetente, pero todavía no existe una definición sobre quién deberá llevar adelante la investigación. Mientras tanto, los denunciantes esperan por una respuesta concreta.

La decisión está ahora en manos del juez federal Leopoldo Rago Gallo, quien interviene para determinar si el fuero federal resulta competente para investigar las maniobras denunciadas o si, por el contrario, corresponde que la causa regrese al fuero provincial, según indicaron fuentes allegadas.

Desde las querellas -consultadas por este diario- cuestionan el tiempo transcurrido sin una resolución, producto de tecnicismos jurídicos y la declaración de incompetencia. "La pelota la tiene hace casi 2 meses el juez federal, que todavía no resuelve si se declara competente o incompetente", señalaron desde la parte denunciante.

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A su vez, la causa acumula elementos y potenciales damnificados. Las denuncias inicialmente reunidas por la UFI de Delitos Informáticos y Estafas eran 23, pero luego el número ascendió a 47. En ese sentido, el perjuicio económico denunciado superaría los $3.000 millones, aunque la cifra podría incrementarse si continúan apareciendo inversores que aseguran haber entregado sus ahorros a la firma.

La magnitud que atribuyen los denunciantes al caso quedó expuesta con mayor fuerza este martes, cuando una de las causas de estafa más resonantes de los últimos meses obtuvo su sentencia. Fue una condenas de 5 años de prisión efectiva para los responsables, que causaron un perjuicio económico calculado en $573 millones.

Para las querellas de Global Market, la comparación permite dimensionar el volumen de la presunta maniobra. Los más de $3.000 millones denunciados representarían más de cinco veces el perjuicio económico vinculado al caso Branka Motors, razón por la cual sostienen que podría tratarse de la estafa de mayor magnitud de la historia reciente de San Juan.

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En medio de la incertidumbre judicial, aparecieron más personas que aseguran haber confiado sus ahorros a la financiera de extensa trayectoria. El caso más recientes corresponde al de una mujer que había invertido US$5.000 en la firma aproximadamente un año y medio atrás. Según fuentes judiciales, la denunciante se presentó el pasado 3 de mayo en el local que la empresa tenía sobre calle Mendoza, antes de avenida Libertador, en Capital, con la intención de renovar su inversión. Sin embargo, al llegar encontró las oficinas vacías y sin actividad.

A partir de ello, la mujer comenzó a buscar información y tomó conocimiento, a través de las noticias periodísticas, de que la firma estaba siendo investigada por una presunta estafa. También habría intentado comunicarse con representantes de la financiera, aunque no obtuvo respuestas. Por esa razón, su presentación se incorporó a un expediente que ya acumula decenas de denunciantes y que tiene como principales investigados a Gustavo Omar Ahumada y Miguel Ángel Cañada.

Según la hipótesis que manejó inicialmente la fiscalía provincial, ambos habrían captado fondos de inversores, muchos de ellos con perfiles conservadores, mediante la promesa de realizar colocaciones seguras. Sin embargo, los investigadores sospechan que parte de esos recursos habría terminado siendo derivada hacia empresas relacionadas con los propios investigados, entre ellas GMI Inversiones, mediante operaciones que no habrían sido autorizadas por los clientes.

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El pase a la Justicia Federal se produjo después de que el juez de Garantías Javier Figuerola hiciera lugar al planteo del fiscal Nicolás Alvo y declarara la incompetencia de la Justicia provincial. La decisión estuvo vinculada a la posibilidad de que los hechos investigados excedan una estafa convencional y puedan involucrar delitos como lavado de activos, manipulación de mercado e intermediación financiera no autorizada, figuras relacionadas con el orden económico y financiero nacional.

Posteriormente, el juez de Impugnación Daniel Guillén rechazó los planteos formulados por abogados de algunos de los denunciantes y dejó firme el pase del expediente al fuero federal. En esa instancia, entendió que las querellas todavía no contaban con facultades para recurrir la declaración de incompetencia, debido al estado preliminar del proceso.

Ahora, el interrogante central es otro: ¿la Justicia Federal investigará Global Market o devolverá el expediente a San Juan? La respuesta todavía no llegó y mantiene en suspenso el avance de una investigación que, según las querellas, podría terminar revelando una maniobra económica de dimensiones extraordinarias.

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Fuente: Tiempo de San Juan

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