Tras la denuncia a los fiscales del Acueducto gate, cuestionan duramente la maniobra

Crece la tensión al rededor de la causa que investiga las presuntas irregularidades en el Acueducto Gran Tulum, luego de que trascendiera que las defensas de los investigados denunciaron penalmente en la Justicia Federal a los fiscales Sebastián Gómez y Francisco Pizarro. Es que tras la novedad, el abogado Marcelo Arancibia cuestionó la maniobra y la tildó de "chicana" y de un acto de "profunda ignorancia del derecho".

Para Arancibia, denunciante original del expediente, la presentación -de la que poco y nada se conoce- es un nuevo intento para trasladar la investigación a Comodoro Py. Sin embargo, señala que se trataría de un error de parte de las defensas porque la causa todavía no fue formalizada y, por lo tanto, aún no se sabe cuáles son los delitos que la fiscalía podría atribuirles a los investigados.

En ese contexto, consideró prematuro sacar conclusiones sobre la existencia de un delito federal o endilgarle una motivación política a la investigación antes de que se concrete esa instancia procesal.

La denuncia contra los fiscales trascendió este martes, cuando fuentes ligadas al caso confirmaron la presentación. Sin mayores detalles que eso, ni la presunta conducta ilícita atribuida a los funcionarios del Ministerio Público, ni los argumentos que la motivaron, hubo repercusiones inmediatas como la del dirigente que radicó la denuncia y dio impulso a la investigación. 

Uno de los principales fundamentos de Arancibia apunta a que la competencia es de la justicia provincial y que, por lo tanto, debería ser investigada por la UFI de Delitos Especiales. Del mismo modo, señaló que cualquier denuncia contra sus representantes debería ser en el fuero local y no en el federal. 

Según explicó, la denuncia que él presentó el 10 de diciembre del año pasado se concentra en la adquisición de las cañerías y en las presuntas irregularidades que habrían ocurrido durante ese proceso, no en la contratación de la obra civil. Desde esa perspectiva, sostuvo que el origen nacional o internacional de parte del financiamiento total no alcanza, por sí solo, para justificar el traslado de toda la investigación a la Justicia Federal.

Su planteo es que la competencia debe analizarse a partir de los hechos denunciados, los organismos que intervinieron en la contratación específica y la eventual afectación de intereses federales. "La denuncia no involucra esta licitación, está fuera. Por lo tanto, invocar que había recursos nacionales es absolutamente absurdo porque la obra civil no está siendo investigada penalmente", sostuvo Arancibia al cuestionar el argumento financiero utilizado para impulsar el cambio de jurisdicción. 

El abogado hizo hincapié en que la adquisición de los caños fue una contratación gestionada por organismos provinciales. En ese marco, la investigación busca esclarecer posibles irregularidades vinculadas con la licitación, la adjudicación, las modificaciones de precios y los controles sobre los materiales.

La postura contrasta con la de la defensa del ex presidente de OSSE, Sergio Ruiz, que sostiene que la participación de fondos nacionales y créditos internacionales con garantías del Estado argentino comprometería intereses patrimoniales de la Nación. Con ese argumento, el defensor Nasser Uzair solicitó que la Justicia Federal reclame el expediente y que la jueza provincial Mónica Lucero se aparte de la causa.

Tras la denuncia contra los fiscales, Arancibia también criticó el camino elegido para plantear objeciones a la actuación de los investigadores. Según los argumentos que expuso, si las defensas consideran que los fiscales cometieron un delito en el ejercicio de sus funciones, deberían presentar una denuncia por esos hechos ante las autoridades competentes en San Juan y aportar los elementos que sustenten la acusación.

En ese sentido, diferenció una eventual denuncia penal contra los funcionarios de los mecanismos institucionales para cuestionar su desempeño. Entre las vías que mencionó se encuentra el Jurado de Enjuiciamiento, si existieran fundamentos para promover un procedimiento destinado a evaluar su continuidad en el cargo.

El abogado también puso en duda que las críticas sobre una supuesta falta de independencia de la Justicia sanjuanina puedan resolverse simplemente intentando cambiar el expediente de jurisdicción. Si una parte sostiene que existe un problema institucional de esa magnitud, su planteo debería canalizarse por las vías correspondientes, y no quedar reducido a una discusión sobre qué tribunal debe intervenir en una investigación penal.

Otro de los cuestionamientos de Arancibia apunta a las consecuencias que podría tener el conflicto de competencia sobre los tiempos de la investigación. Si la Justicia Federal considera que debe intervenir y la Justicia provincial sostiene que el caso corresponde a San Juan, podría abrirse una disputa entre jurisdicciones que eventualmente tendría que resolver la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

La discusión se desarrolla mientras la investigación provincial todavía debe avanzar hacia su formalización. La audiencia fue reprogramada para el 10 de noviembre, luego de que no se presentaran el senador nacional Sergio Uñac y el diputado nacional Cristian Andino en la convocatoria anterior. La jueza de Garantías Mónica Lucero dispuso la suspensión para que el procedimiento pudiera realizarse con los once investigados convocados. 

Así, el expediente enfrenta dos discusiones paralelas: por un lado, el intento de determinar si debe continuar en la Justicia provincial o pasar al fuero federal; por otro, la denuncia penal contra los fiscales que conducen la investigación. Mientras no se conozcan los fundamentos de esa nueva presentación ni se resuelva la competencia, ambas cuestiones suman incertidumbre y suspenso a una causa que aún no ha sido formalizada.

Acueducto gate: denuncian en la Justicia Federal a los fiscales que investigan la causa

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