Tras la quiebra de Musimundo, la patronal no se presentó a la audiencia en el Ministerio de Trabajo de Misiones

La Justicia chaqueña decretó la quiebra de Carsa S.A., concesionaria de la cadena Musimundo, que el último fin de semana bajó las persianas de sus dos sucursales en Posadas y despidió a más de una decena de trabajadores en toda la provincia.

La medida se conoció en un contexto de incertidumbre para los trabajadores despedidos en Misiones, quienes todavía reclaman el pago de las indemnizaciones adeudadas y precisiones sobre su situación laboral.

Justamente ayer llevaron esas inquietudes al Ministerio de Trabajo y Empleo de Misiones, donde se desarrolló una audiencia con trabajadores de Musimundo y representantes de los gremios de comercio de Posadas, Eldorado, Oberá, e integrantes de la CGT junto a la ministra Silvana Giménez.

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Según confirmaron desde la cartera provincial, la empresa Carsa fue notificada para participar de la audiencia, pero no se presentó. Ante su ausencia, el Ministerio labró un acta dejando constancia de lo ocurrido.

El encuentro tuvo como objetivo promover las instancias de diálogo correspondientes y garantizar que los empleados puedan acceder a información sobre su situación laboral, los créditos que pudieran corresponderles y las alternativas legales disponibles para su reconocimiento y eventual cobro.

El cierre definitivo de la compañía es un hecho desde principios de septiembre. La resolución de quiebra fue dictada por el Juzgado Civil y Comercial N° 23 de Resistencia, a cargo del juez Fernando Luis Lavenas, que revocó la apertura del concurso preventivo dispuesta el 17 de julio. La causa fue recaratulada este 2 de septiembre como "CARSA S.A. s/ Quiebra", según informó la compañía a la Comisión Nacional de Valores (CNV).

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La decisión judicial se produjo después de varios meses de dificultades financieras y operativas para la empresa. En ese contexto, Musimundo cerró unas 20 sucursales en Misiones, Chaco, Formosa y Corrientes, en medio de la caída del consumo. La reestructuración habría afectado a más de un centenar de puestos laborales.

El juzgado consideró que existían "hechos reveladores del estado de cesación de pagos", por lo que entendió que el concurso preventivo ya no resultaba sustentable. Antes de la quiebra, la compañía había intentado avanzar con distintas alternativas para ordenar sus pasivos, entre ellas la posible venta de Musimundo a los propietarios de On City, operación que finalmente no prosperó.

También había fracasado una transferencia autorizada de 45 locales, mientras que el directorio aprobó el 26 de agosto un plan de reducción de estructura que recibió objeciones de la sindicatura.

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Los despidos en Misiones

La declaración de quiebra llega con sabor amargo y a pocos días de que bajaran las persianas de los locales de Musimundo en Misiones y, con ello, la desvinculación de decenas de trabajadores.

En Posadas, el Centro de Empleados de Comercio denunció el modo en que se produjeron los despidos. "Estamos protestando por el incumplimiento de los derechos y de las leyes laborales, lo que venimos a denunciar el accionar de esta empresa por la angustia que le está generando esta situación a los compañeros", había señalado a El Territorio Agustín Gómez, secretario adjunto del gremio.

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Sucede que alrededor de 25 trabajadores de Posadas fueron "avisados" o desafectados por palabra, sin notificaciones formales. A ellos se sumaron seis empleados de Apóstoles, ocho de Alem, seis de Jardín América y ocho de Puerto Rico.

Al respecto, Gómez contó entonces que "los trabajadores fueron notificados de manera verbal al finalizar la jornada del sábado, sin recibir telegrama de despido. Les indicaron que a partir del lunes ya no debían presentarse a trabajar", expresó.

Y agregó: "No hacía falta llegar a este procedimiento, un sábado a la tarde cuando estaba terminando la jornada de cada uno de ellos, informar y decirles que no tienen que venir más a trabajar, que están despedidos".

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Desde el gremio habían advertido además que "una comunicación verbal no constituye una notificación válida de despido y que cualquier desvinculación debe realizarse mediante los mecanismos formales correspondientes".

En medio de los reclamos, Gómez había remarcado que la prioridad era dejar constancia de que los trabajadores se habían presentado a cumplir con sus tareas pese al cierre de los locales.

El dirigente sostuvo entonces que los trabajadores continuaban vinculados a la empresa "hasta tanto no les llegue una notificación, un despido, una carta como corresponde y como dice la ley. Vamos a seguir insistiendo en esa línea y esperando también esta denuncia que hicimos al Ministerio de Trabajo donde pedimos una audiencia, una reunión urgente del Ministerio con autoridades de Musimundo, con ustedes para que nos informe cuál es la situación".

La declaración de quiebra de Carsa incorpora ahora un nuevo escenario para los trabajadores, particularmente para aquellos que fueron desvinculados de los locales misioneros y que todavía aguardan respuestas sobre las indemnizaciones adeudadas.

Desde el sector mercantil habían advertido que la situación resulta especialmente compleja para quienes quedaron sin ingresos. "Por el momento se lanzan a trabajar a través de aplicaciones como Uber, Pedidos Ya o Didi, o intentan emprender algún servicio. Aquellos que pudieron cobrar una indemnización tratan de emprender algo, pero la perspectiva es complicada", había señalado Gómez.

Mientras tanto, el proceso judicial de quiebra deberá avanzar sobre la situación patrimonial de la empresa y los reclamos de sus acreedores, entre ellos los trabajadores, que buscan determinar los montos que les corresponden y los mecanismos para hacer efectivo su cobro.

Fuente: El Territorio

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