Tras la revisión de la condena al femicida de Talía Recabarren, familias de víctimas salieron al cruce

La decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de ordenar una nueva revisión de la condena de 16 años de prisión impuesta a Ángel Morales por el femicidio de Talía Recabarren despertó una inmediata reacción de la Asociación de Familias Unidas por el Dolor del Femicidio, que manifestó su preocupación por el futuro del proceso y reclamó que no se produzca "ningún retroceso" en la búsqueda de justicia.

La resolución del máximo tribunal nacional no implica la absolución del condenado ni deja sin efecto la pena vigente, sino que ordena que una nueva integración de la Corte de Justicia de San Juan revise el endurecimiento de la condena para garantizar el derecho constitucional al doble conforme. Morales había recibido inicialmente una pena de 10 años de prisión por parte del juez de Menores Jorge Toro, pero posteriormente la Sala II de la Corte sanjuanina hizo lugar a la apelación de la Fiscalía y elevó la condena a 16 años de prisión efectiva.

La defensa oficial sostuvo que esa sentencia agravada nunca fue revisada por un tribunal distinto, ya que la Corte provincial actuó como única instancia de control. Sobre esa base, los ministros Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti hicieron lugar al recurso extraordinario y ordenaron que otro tribunal de igual jerarquía analice la condena. En San Juan, esa nueva sala estará integrada por los ministros Guillermo De Sanctis y Marcelo Lima, junto al camarista penal Eduardo Raed, quienes escucharán los planteos de la defensa durante agosto.

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Frente a este escenario, la Asociación de Familias Unidas por el Dolor del Femicidio difundió un comunicado titulado "La memoria de Thalía Recabarren exige justicia, no retrocesos", en el que expresó su "profunda preocupación y el más enérgico rechazo a cualquier decisión que implique un retroceso en la búsqueda de justicia".

La organización recordó que Talía había denunciado reiteradamente las amenazas, el hostigamiento y la violencia que sufría antes de ser asesinada. "Thalía no fue una víctima que permaneció en silencio. Vivía con miedo. Existen audios donde expresaba su temor por su vida, denuncias que daban cuenta de la situación que atravesaba y advertencias que, lamentablemente, no fueron escuchadas por el Estado. Thalía quería vivir", señalaron.

El comunicado también sostiene que la joven fue engañada por Morales para salir de su casa mediante amenazas contra su familia y recuerda que anteriormente había sufrido un intento de ser apuñalada y múltiples episodios de violencia. Para la asociación, esas circunstancias demuestran que existieron señales suficientes que no fueron atendidas por los organismos encargados de protegerla.

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En ese contexto, cuestionaron que vuelva a discutirse una condena que ya había sido agravada por la Justicia provincial. "Resulta inadmisible que, después de tantos años de lucha de su familia, vuelva a ponerse en discusión una condena que ya había sido agravada a 16 años de prisión, cuando la pena inicial de 10 años ya había sido considerada insuficiente frente a la gravedad del femicidio", afirmaron. Según la entidad, una eventual reducción de la pena enviaría "un mensaje preocupante a todas las víctimas de violencia de género y a sus familias".

La asociación también respaldó el histórico planteo de la familia Recabarren respecto de la existencia de otras personas que habrían participado en el femicidio y cuyas responsabilidades, sostienen, todavía no fueron investigadas en profundidad. "La Justicia no ha sabido escuchar a la familia ni dar respuestas a todos los interrogantes que siguen abiertos", expresaron.

Además, el documento amplía las críticas al funcionamiento del sistema judicial sanjuanino. "La sociedad sanjuanina necesita un cambio profundo que garantice procesos transparentes, eficaces y con perspectiva de derechos humanos. No podemos acostumbrarnos a convivir con la impunidad", advirtieron, al tiempo que reclamaron una respuesta judicial firme frente a los femicidios.

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Finalmente, la organización pidió a la Corte de Justicia de San Juan que afronte la nueva revisión "con responsabilidad y compromiso", escuchando "la voz que el Estado no supo escuchar cuando Thalía estaba viva". También solicitó protección para la familia de la víctima, que denuncia sufrir hostigamientos y persecuciones desde hace años.

El femicidio de Talía Recabarren ocurrió el 16 de junio de 2016 en Zonda. Morales, quien era menor de edad al momento del crimen, la citó durante la noche y la asesinó por asfixia en un callejón de la Finca Las Moras. El cuerpo fue encontrado seis días después, en uno de los casos de violencia de género que más conmocionó a San Juan y que, diez años después, vuelve a ocupar el centro de la escena judicial.

Fuente: Tiempo de San Juan

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