Trasladaron a los policías piquenses acusados de robar un gato, pero siguen en funciones

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EL DIARIO digital

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General Pico (Agencia) - Los dos efectivos denunciados por la sustracción de un crique hidráulico de la Gomería Cattaleya fueron enviados a otras dependencias de General Pico, aunque no quedaron en disponibilidad pasiva. La Fiscalía prepara la imputación por hurto agravado, mientras crecen los cuestionamientos por la respuesta institucional ante el caso.

El escándalo por la sustracción de un gato hidráulico de la Gomería Cattaleya de General Pico sumó un nuevo capítulo. Los dos policías involucrados en el episodio fueron trasladados a otras dependencias de la ciudad, pero continúan en funciones y no fueron apartados preventivamente de la fuerza, pese a la repercusión que tuvo el hecho y a la existencia de registros audiovisuales que muestran la maniobra.

La decisión administrativa contrastó con el procedimiento que suele aplicarse cuando integrantes de la Policía son denunciados por la presunta comisión de delitos. En esos casos, el pase a disponibilidad pasiva permite apartar temporalmente a los efectivos mientras avanzan las investigaciones judiciales y administrativas.

En esta oportunidad, los movimientos se concretaron el mismo día en que se difundieron las imágenes. El cabo primero Lino Medrano fue destinado a la Comisaría Tercera, mientras que el sargento Hugo Muñoz pasó a la Alcaidía de la Unidad Regional II. Ambos tenían una extensa trayectoria en la fuerza y se desempeñaban en el Comando Radioeléctrico.

El cambio de destino, sin embargo, no implicó una suspensión de sus tareas. Así, mientras la Justicia avanza para determinar las responsabilidades penales de los uniformados, la conducción policial todavía no dispuso la medida preventiva que permitiría apartarlos de sus funciones hasta que se esclarezca lo sucedido.

Pruebas audiovisuales

La investigación comenzó a partir de la denuncia del propietario del comercio, Luis Alberto Miranda, quien advirtió la sustracción de una herramienta indispensable para el trabajo cotidiano de la gomería, cuyo valor fue estimado en unos 2,8 millones de pesos.

Las cámaras de seguridad registraron a dos personas vestidas con uniformes policiales que retiraron el gato hidráulico y lo cargaron en la caja de un móvil oficial, que tenía las balizas encendidas. Las grabaciones también contienen audios de la conversación entre ambos durante el episodio.

El material aportado por el comerciante se convirtió en una de las principales pruebas de la causa. En las imágenes se observa la maniobra y, en el audio, aparecen expresiones que comprometerían a los involucrados, mientras uno de ellos advierte sobre la necesidad de evitar ser vistos.

La herramienta fue recuperada y devuelta a su dueño. Según los datos reunidos durante la investigación, apareció en la vivienda del hermano de uno de los policías, quien también se dedica a la actividad de gomería. Las circunstancias en las que llegó hasta ese lugar forman parte de los aspectos que todavía deben esclarecerse.

La recuperación del elemento permitió que Miranda volviera a disponer de una herramienta necesaria para su actividad, pero no cerró la investigación. La Fiscalía continúa reuniendo documentación y analizando los registros para precisar la participación de cada uno de los efectivos.

Indagatoria y formalización

La causa tendrá un paso decisivo el próximo lunes, cuando los dos policías sean convocados a declarar como imputados. La Fiscalía prevé avanzar ese mismo día con la formalización por hurto agravado por la condición de integrantes de una fuerza de seguridad.

La escala penal prevista para el hurto contempla de un mes a dos años de prisión, con un incremento de un tercio cuando el hecho es cometido por miembros de las fuerzas de seguridad. Por tratarse de una pena cuyo máximo no supera los tres años, una eventual condena no supone necesariamente prisión efectiva. Sin embargo, el desenlace también podría tener consecuencias sobre la continuidad de ambos en la institución.

La responsabilidad penal y la situación administrativa de los efectivos son dos cuestiones diferentes. Mientras la primera deberá resolverse en el ámbito judicial, el eventual apartamiento preventivo depende de las autoridades policiales y de Seguridad.

La disponibilidad pasiva puede ser dispuesta por el jefe de la Policía provincial, por iniciativa propia o a partir de un pedido del jefe de la Unidad Regional II o del ministro del área. La Fiscalía no tiene atribuciones para ordenar esa medida, aunque considera que la conducta investigada amerita que sea evaluada.

El caso también dejó planteado otro interrogante sobre la actuación institucional: por qué, según el relato del damnificado, inicialmente no le tomaron la denuncia en la Comisaría Segunda y le indicaron que los efectivos no pertenecían a esa dependencia. Posteriormente, cuando el comerciante acudió a la Fiscalía, se activaron las actuaciones que permitieron recuperar el gato hidráulico.

Con los policías todavía en actividad y la investigación judicial en marcha, el episodio abrió una discusión que excede la recuperación de la herramienta: cómo responde la institución cuando quienes deben prevenir los delitos quedan bajo sospecha de haber cometido uno.