Tres policías de alto rango, un ingeniero y una proveedora del Estado, en la mira por fraude en la causa por la compra y desaparición de 150 computadoras

Un escándalo de corrupción que combina pagos millonarios, actas falsificadas y equipos informáticos "fantasma" ha llevado a cinco personas al banquillo de los acusados. La UFI Delitos Especiales N°4 formalizó la imputación contra tres altos mandos de la Policía de San Juan, un ingeniero informático y una empresaria proveedora del Estado, por un desfalco que le costó al erario público 90 millones de pesos.

El Ministerio Público Fiscal, representado por el fiscal Roberto Ginsberg y la ayudante fiscal Agostina Ventimiglia, considera tener elementos suficientes para probar la participación de los cinco implicados en el delito de fraude en perjuicio de la administración pública.

Los imputados de esta investigación son:

También te puede interesar: Crimen del policía en Carcarañá: el fiscal acreditó que le clavaron una barra de hierro en el cráneo

Para los cuatro funcionarios públicos (Fava, Santoro, Valverde y González), la fiscalía sumó además la imputación por incumplimiento a los deberes de funcionario público.

La génesis de la estafa y el cambio de gestión

El supuesto fraude millonario se orquestó y consumó íntegramente durante la pasada gestión de Gobierno.

También te puede interesar: Nediani encabezó un Operativo de Integración Social en el barrio 9 de Julio

Todo comenzó en enero de 2023, cuando el entonces jefe de la Policía de San Juan, Luis Walter Martínez, le solicitó al secretario de Seguridad de aquel momento, Carlos Munizaga, la compra de equipamiento informático para modernizar diversas dependencias policiales. El 5 de mayo de ese mismo año, el Gobierno Provincial emitió un decreto que aprobaba la adjudicación a favor de la firma CSH (propiedad de la imputada Quiroga Coll) para la adquisición de 150 computadoras, 20 impresoras y diversas tablets.

El 21 de junio de 2023, la maniobra fraudulenta habría tomado forma documental. Se emitieron el remito y la factura por un total de 90.000.000 de pesos. Según la investigación, los efectivos Valverde, González y Santoro firmaron el acta de recepción de los equipos, mientras que Fava elaboró el inventario de los mismos. Con esos papeles avalando falsamente que las computadoras estaban en poder de la Policía, el Estado provincial desembolsó los 90 millones en tres pagos. Sin embargo, los equipos jamás llegaron a las comisarías.

El entramado comenzó a desmoronarse tras el cambio de gobierno. En febrero de 2024, ya bajo la gestión del gobernador Marcelo Orrego, el nuevo jefe de la Policía de San Juan, Eduardo Lirolla, inició un expediente administrativo interno para rastrear el paradero de estos bienes, constatando que los equipos adquiridos en la gestión anterior eran, a todos los efectos prácticos, inexistentes dentro de la fuerza.

También te puede interesar: Piden colaboración para dar con el paradero de un joven

Confesión, allanamiento y computadoras "truchas"

Acorralada por el avance de la investigación, el 4 de julio de 2025 se produjo un quiebre en la causa: la proveedora María de Lourdes Quiroga Coll se presentó de manera espontánea ante la UFI. En su declaración reveló su ubicación exacta: se encontraban depositados y embalados en un galpón de la empresa "Electro 3", en la Ciudad Capital.

El entonces fiscal a cargo, Nicolás Schiattino, solicitó de inmediato el allanamiento del predio a la jueza del caso, Flavia Allende, medida que se concretó el 1 de agosto de 2025 con el secuestro total de la mercadería.

También te puede interesar: Paraná: el drama de 36 familias aisladas por el barro y la oscuridad

Pero el escándalo tenía un capítulo más. El 8 de agosto de 2025 se ordenó un peritaje informático sobre las 150 computadoras secuestradas. Cuatro días después, el perito arrojó un resultado lapidario: los equipos no cumplían con los requisitos técnicos ni las especificaciones por las cuales el Estado había pagado 90 millones de pesos. No solo no los habían entregado, sino que además habían comprado tecnología inferior a la facturada.

La batalla por la competencia

Las partes intentaron una maniobra legal para sacar el expediente de la órbita provincial y llevarlo al fuero Federal, en una jugada que paralizó temporalmente la causa.

También te puede interesar: Pruebas Aprender: San Juan registró una mejora superior a la media nacional en Lengua y Matemática

Sin embargo, el 13 de mayo de 2026, la Corte de Justicia asestó el golpe definitivo a esa estrategia: resolvió por cuestiones de competencia que la investigación debe tramitarse exclusivamente en la justicia provincial. De esta manera, el caso quedó firmemente en manos de la UFI Delitos Especiales N°4, que ahora se prepara para llevar a los responsables al banquillo y desenmarañar por completo cómo se esfumaron 90 millones de pesos de los sanjuaninos.

Fuente: Tiempo de San Juan

• #policiales
• #tres
• #policias
• #alto
• #rango
• #ingeniero
• #una
• #proveedora
• #del
• #estado
• #mira
• #por
• #fraude
• #causa
• #compra
• #desaparicion
• #150
• #computadoras_1783096059
• #san juan