Tucumán destina más de $11.600 millones para sostener los colectivos y los boletos gratuitos

El Gobierno de Tucumán autorizó una asistencia financiera para el transporte público de pasajeros por un total de $11.611 millones, a través de cuatro decretos publicados en el Boletín Oficial.

Los recursos están destinados a sostener la prestación del servicio, compensar parte de los costos operativos de las empresas y financiar los programas de boleto gratuito para estudiantes y jubilados.

Las medidas alcanzan a prestatarias de jurisdicción provincial y municipal y se canalizan administrativamente a través de la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (AETAT).

La decisión se enmarca en un escenario complejo para el sector, marcado por el encarecimiento del combustible, los repuestos y los salarios, junto con la reducción de los subsidios nacionales.

El desembolso de mayor volumen quedó establecido mediante el Decreto N.º 2.392/8, que autoriza una compensación de $5.500 millones correspondiente a octubre para las empresas prestatarias. El objetivo es contribuir a cubrir los gastos de funcionamiento de un servicio que depende de la asistencia estatal para mantener su operatividad.

A esa partida se suman los recursos destinados a los beneficios sociales, aunque corresponden a períodos anteriores. El Decreto N.º 2.330/14 dispuso $3.813 millones para el Boleto Estudiantil Gratuito, por los servicios efectivamente prestados durante agosto en el interior y el área metropolitana, con exclusión de San Miguel de Tucumán.

Por su parte, el Decreto N.º 2.315/8 autorizó $1.598 millones para el Boleto Gratuito para Jubilados, también por los pasajes utilizados durante agosto.

A su vez, el Decreto N.º 2.316/8 estableció una compensación extraordinaria de $700 millones para septiembre, destinada a empresas de jurisdicción provincial para afrontar los aumentos salariales y los gastos de mantenimiento de las unidades.

De esta manera, los más de $11.600 millones reúnen partidas correspondientes a tres períodos diferentes: agosto, septiembre y octubre, además de programas con finalidades específicas. No se trata de un único desembolso mensual ni de fondos destinados exclusivamente a cubrir los gastos corrientes de las empresas.

El esquema de asistencia se apoya en la emergencia del transporte público automotor de pasajeros, establecida por la Ley N.º 9.102 y prorrogada hasta el 31 de mayo de 2028 mediante la Ley N.º 9.978. Ese marco normativo habilita al Ejecutivo a instrumentar mecanismos extraordinarios para sostener el funcionamiento del sistema.

Durante este año, la Provincia ya había dispuesto otras herramientas financieras para aliviar la situación de las prestatarias. En julio, por ejemplo, se otorgó a AETAT un adelanto de $2.000 millones, distribuido en cuatro cuotas.

La continuidad de estas transferencias refleja el peso del financiamiento provincial en el sostenimiento de los colectivos y de los beneficios tarifarios.

En un contexto de menores aportes nacionales y mayores costos de operación, la administración de Osvaldo Jaldo busca evitar interrupciones en el servicio y mantener las políticas de gratuidad para sectores que dependen del transporte público.

Mientras tanto, el sistema sigue condicionado por la evolución de los costos y la necesidad de actualizar los recursos que recibe. En San Miguel de Tucumán, el boleto urbano pasó a costar $1.700 en junio, tras una actualización aprobada por el Concejo Deliberante.

Jaldo busca garantizar el transporte para los trabajadores rurales temporarios

En paralelo, el gobernador Osvaldo Jaldo recibió al secretario general de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), Germán Ferrari, para analizar alternativas que permitan garantizar el traslado gratuito de los trabajadores golondrina hacia otras provincias durante la temporada de raleo.

Según informó Ferrari, cerca de 20.000 trabajadores viajan a destinos como Río Negro, Mendoza y Neuquén para conseguir empleo temporario. El dirigente gremial explicó que la primera etapa del raleo comienza a fines de octubre y que también surgen oportunidades laborales durante diciembre y enero, por lo que resulta necesario contar con una respuesta a tiempo.

Tras la reunión, Ferrari afirmó que el gobernador se comprometió a buscar una solución durante las próximas semanas. Además, señaló que el final de la temporada citrícola dejó a unos 35.000 trabajadores temporarios sin esa fuente de ingresos, por lo que la posibilidad de trasladarse a otras provincias representa una alternativa para sostener la economía de numerosas familias rurales.

La propuesta apunta a facilitar el acceso a esos empleos estacionales y reducir el costo que implica viajar hasta los lugares de contratación. Por el momento, el servicio se encuentra en etapa de gestión y todavía no se anunció su instrumentación.