Tucumán quedó segunda en el ranking nacional de presos alojados en comisarías

Casi la mitad de las personas privadas de la libertad en la provincia permanece en dependencias policiales. Un informe del INECIP reveló que Tucumán registra una de las tasas más altas del país y que la permanencia promedio supera el año. La Comisión Provincial de Prevención de la Tortura advirtió por el hacinamiento.

La situación carcelaria de Tucumán volvió a quedar bajo la lupa. El 49,2% de las personas privadas de la libertad en la provincia está alojado en comisarías, según un informe del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP).

El dato ubica a Tucumán en el segundo puesto del ranking nacional de encierro en dependencias policiales. La estadística corresponde a diciembre de 2024 y expone el peso que tienen las comisarías dentro del sistema de detención provincial.

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De acuerdo con el relevamiento, Tucumán tenía entonces 3.431 personas detenidas. De ese total, 1.689 permanecían en comisarías. El problema no se limita a la cantidad de personas alojadas en esos espacios: el tiempo de permanencia también aparece como un dato crítico.

El promedio alcanzó los 448 días, una cifra que supera de manera considerable la media registrada a nivel nacional.

Desde el INECIP plantearon que la solución requiere límites claros para las condiciones de detención y apuntaron directamente al Poder Judicial. "Un requisito fundamental para construir soluciones perdurables a este problema es que existan límites infranqueables en materia de condiciones de detención. Garantizar esos límites al poder estatal es el rol esencial de los jueces penales", sostuvo el instituto.

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La advertencia también surgió desde la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura. Fernando Korstanje, integrante del organismo, describió un escenario crítico dentro de las dependencias policiales. "Es bastante evidente que las comisarías siguen absolutamente abarrotadas", afirmó a Tendencia de Noticias.

La construcción de la cárcel de Benjamín Paz representa una de las principales apuestas del gobierno de Osvaldo Jaldo en materia de seguridad. El establecimiento comenzó a recibir personas privadas de la libertad hacia fines de 2024 y fue presentado como una respuesta frente a la falta de capacidad del sistema.

Sin embargo, para la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura, la nueva unidad no resuelve por sí sola el problema.

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Korstanje sostuvo que una proyección del organismo ya advertía que el hacinamiento volvería a afectar al sistema carcelario provincial a mediados de 2025. El motivo principal estaría en la diferencia entre el ingreso de nuevos condenados y las personas que recuperan su libertad.

"Se condenan seis personas por día. Una persona por día recupera la libertad por cumplimiento de condena. A este ritmo, hacen falta cinco cupos diarios. No hay cárcel que aguante. Ahí está el principal cuello de botella", explicó.

El diagnóstico plantea un problema que va más allá de la construcción de nuevos establecimientos. La capacidad disponible no crece al mismo ritmo que la cantidad de personas que ingresan al sistema penitenciario.

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La Comisión también cuestionó el modo en que el Gobierno provincial exhibe los traslados de detenidos desde las comisarías hacia Benjamín Paz.

Según Korstanje, las imágenes de los operativos pueden generar la impresión de que las dependencias policiales quedan liberadas de presos. Para el organismo, esa percepción no coincide con la realidad.

"Todos los días vemos traslados de las comisarías hacia Benjamín Paz, como si quedaran vacías. Pero eso no es verdad, se vuelven a llenar. Es un engaño, una sobreactuación", afirmó.

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El integrante de la Comisión también cuestionó las condiciones de detención y sostuvo que existe una exposición propagandística que, a su criterio, muestra una "tortura explícita".

El INECIP incorporó una advertencia similar en su informe. El organismo recordó que el Comité contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas consideró la detención prolongada en comisarías y alcaidías policiales como una violación de los compromisos internacionales para prevenir la tortura.

El informe cerró con una definición dirigida a quienes tienen responsabilidad sobre las condiciones de encierro. "Este mensaje tiene un claro destinatario: el Poder Judicial", concluyó el INECIP.

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Fuente: El Federalista

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