Tucumán se adelanta: primera provincia en adaptar el Régimen Penal Juvenil

La Legislatura de Tucumán sancionó este miércoles el Régimen Especializado de Ejecución Penal Juvenil y convirtió a la provincia en la primera del país en adecuar su marco legal a la Ley Nacional 27.801. La votación nominal arrojó 44 votos afirmativos y uno en contra, en una sesión especial presidida por el vicegobernador Miguel Acevedo.

La norma nacional, vigente desde el 5 de septiembre, bajó la edad de imputabilidad de 16 a 14 años y obliga a las provincias a organizar cómo se ejecutan las medidas y las penas impuestas a adolescentes de entre 14 y 18 años. Tucumán ya venía aplicando la ley federal; lo que faltaba era el andamiaje provincial: supervisión, establecimiento diferenciado y criterios de reinserción.

El texto unificó cinco proyectos y recibió el aval de los tres poderes. Regula la ejecución material, el seguimiento técnico y el abordaje socioeducativo de las condenas cuya implementación corresponde a organismos locales. No reescribe el Código Penal: organiza cómo se cumple en Tucumán lo que la Nación ya dispuso.

El legislador Gerónimo Vargas Aignasse, presidente de la Comisión de Legislación General, sintetizó el propósito: "Lo que buscamos, además de condenarlo, es recuperarlo y devolverlo a la sociedad mejor de lo que ingresó, ponerle fin a su trayectoria criminal y reincorporarlo".

La ley crea el Cuerpo de Supervisores del Régimen Penal Juvenil, bajo la órbita del Poder Judicial. Esos supervisores deberán controlar el cumplimiento de cada medida, articular con Educación y Desarrollo Social y dar cuenta del recorrido del adolescente. También dispone que las penas privativas de la libertad se cumplan en establecimientos especializados para menores de 18 años.

Para eso formaliza el Instituto Especializado de Responsabilidad Penal Juvenil "Cura Brochero", emplazado en el complejo de Benjamín Paz. El ministro de Desarrollo Social, Federico Masso, había anticipado que el predio ya alojaba a 13 adolescentes y que la capacidad prevista ronda los 100 plazas, con escolaridad, oficios y práctica deportiva. Jaldo lo presentó como una anticipación: los menores no pueden ir a un servicio penitenciario de adultos.

Desde que rige la 27.801, la Justicia tucumana ya procesó a varios adolescentes. El caso más conocido es el de un joven de 17 años acusado de intentar matar a su pareja en Lastenia; otro, de 15, fue imputado por tentativa de hurto. La ley nacional fija un techo de 15 años de prisión para este universo, con un esquema de delitos leves que, en principio, se tramitan en libertad.

La sanción de hoy no cierra el debate. Falta reglamentar el cuerpo de supervisores, definir cupos y presupuesto del instituto y medir si el aparato provincial puede sostener lo que la ley promete: responsabilidad penal sin convertir al Cura Brochero en un depósito. Tucumán se adelantó. Ahora deberá demostrar que la prisa legislativa no deja la ejecución en letra muerta.

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