Un cuidacoches con discapacidad fue imputado por manosear a una joven que lo ayudó en un colectivo

Un cuidacoche de 53 años identificado como Jorge Daniel Núñez quedó este miércoles vinculado a una Investigación Penal Preparatoria (IPP) por el presunto delito de abuso sexual simple, acusado de haber manoseado a una joven dentro de un colectivo de la línea A de la Red Tulum. Durante la audiencia de formalización, el juez Sergio López Marti resolvió que la causa avance por el plazo de cinco meses y, al no hacer lugar a un pedido de prisión preventiva, dispuso que el imputado continúe el proceso en libertad, aunque sujeto a una serie de medidas restrictivas.

Según se conoció durante la audiencia, Núñez trabajaba como cuidacoche en las inmediaciones del casino, sobre calle General Acha, y además percibe una pensión por discapacidad. Es insulinodependiente y tiene amputada una pierna, por lo que se moviliza en silla de ruedas.

El acusado había sido detenido en su vivienda del barrio La Estación y desde el lunes permanecía con detención domiciliaria hasta la realización de la audiencia.

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La audiencia fue encabezada por el magistrado con la participación del fiscal Nicolás Alvo y la ayudante fiscal Sofía Cerutti, ambos de la UFI CAVIG, mientras que la defensa estuvo a cargo de Omar Quiroga y Edith Oropel.

De acuerdo con la reconstrucción presentada por la Fiscalía, el episodio ocurrió el sábado 25 de julio alrededor de las 16.40, cuando una joven de unos 20 años abordó un colectivo de la línea A, interno 10, de la Red Tulum. Siempre según la acusación, la joven advirtió que un hombre en silla de ruedas tenía dificultades para mantener la estabilidad debido al movimiento del colectivo y decidió ayudarlo sujetando el apoyabrazos de la silla para evitar que se desplazara.

En ese contexto, la denunciante manifestó haber sentido primero un roce y luego un tocamiento en los glúteos. Al darse vuelta, señaló que observó que quien la estaba tocando era el hombre al que momentos antes había asistido.

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La Fiscalía indicó que una pasajera de aproximadamente 60 años intervino inmediatamente y le manifestó que había visto lo sucedido. Según el relato expuesto en la audiencia, la joven quedó en estado de shock, luego se apartó del acusado y dio aviso al chofer.

El conductor detuvo la marcha del colectivo al enterarse de la denuncia, mientras otros pasajeros le pedían que no permitiera que el hombre descendiera. Sin embargo, cuando llegó hasta el lugar donde se encontraba el acusado, este ya había sido trasladado hacia la parte trasera del vehículo y descendió utilizando la rampa con ayuda de otras personas.

Posteriormente, la joven regresó a su domicilio y, una vez que logró tranquilizarse, radicó la denuncia en la UFI CAVIG.

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Durante la audiencia, los representantes del Ministerio Público sostuvieron que la denuncia se encuentra respaldada por distintos elementos de prueba reunidos desde el inicio de la investigación. Entre ellos mencionaron el relato de la denunciante, que calificaron como consistente y coherente, el informe elaborado por la psicóloga de la UFI CAVIG, quien indicó que la joven presentaba una afectación emocional compatible con el hecho denunciado, y las declaraciones de la madre de la víctima y del chofer del colectivo.

También fueron incorporados los testimonios de tres pasajeras que viajaban en la unidad. Una de ellas declaró haber observado la situación y describió que el acusado tenía una "mirada perversa", según se ventiló durante la audiencia.

Además, la Fiscalía explicó que la identificación del imputado fue posible a partir del registro correspondiente a la tarjeta SUBE utilizada en el recorrido del colectivo de la línea A, interno 10.

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Los investigadores también incorporaron la planilla prontuarial del acusado. Allí consta que en 2023 fue condenado a seis meses de prisión de cumplimiento condicional por abuso sexual simple en una causa tramitada por la UFI CAVIG. Asimismo, registra antecedentes por delitos contra la propiedad y otras actuaciones vinculadas a delitos contra la integridad sexual dentro del sistema judicial anterior.

Como parte de las medidas probatorias solicitadas para esta nueva investigación, la Fiscalía requirió la realización de un examen mental obligatorio al imputado.

Al finalizar la audiencia, el juez dio por formalizada la Investigación Penal Preparatoria (IPP) por el plazo de cinco meses por el presunto delito de abuso sexual simple. Núñez recuperó la libertad, pero deberá cumplir una serie de reglas de conducta mientras avance la investigación. Tiene prohibido acercarse o mantener cualquier tipo de contacto con la denunciante, no podrá salir de la provincia sin autorización judicial y deberá presentarse periódicamente en la Comisaría Sexta.

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De esta manera, el proceso continuará con la producción de nuevas pruebas antes de que la Fiscalía determine si solicita la elevación de la causa a juicio.

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Fuente: Tiempo de San Juan

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