Un municipio de Mendoza recortó salarios a más de 2.000 empleados y desató una violenta interna

La Municipalidad de Guaymallén, el municipio más poblado de Mendoza, confirmó la aplicación de un severo plan de austeridad que contempla la quita de adicionales salariales a unos 2.400 trabajadores públicos y una rebaja del 10% en las dietas de la planta política. La decisión, oficializada tras el quiebre de las paritarias con el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOEM), desató un escenario de asambleas, paros operativos y un duro cruce con dirigentes de la oposición y de su propio espacio político.

La medida central del ajuste dispuesto por el jefe comunal radical Marcos Calvente radica en la suspensión del "Bono Compensación y Estímulo", una asignación no remunerativa de aproximadamente $300.000 que los municipales percibían a mediados de cada mes. Según adujeron desde la Secretaría de Gobierno comunal, la recaudación cayó entre un 20% y un 30% producto del contexto macroeconómico nacional y provincial, a lo que se sumó una contingencia local por el incendio del Data Center municipal, hecho que paralizó el cobro de tasas comunales durante cuatro meses. De una planta superior a los 3.000 dependientes, solo un grupo de entre 450 y 500 trabajadores de menores ingresos continuará percibiendo el beneficio.

La controversia por los sueldos del gabinete

Para amortiguar el costo político de la poda salarial sobre los empleados, Calvente envió un proyecto de ordenanza al Concejo Deliberante para reducir en un 10% su haber y el de la totalidad de sus funcionarios por un plazo de seis meses. La reducción de la dieta de la cúpula política generará un ahorro mensual de $60 millones, mientras que la eliminación del bono al personal de escalafones medios y altos significará un recorte de $720 millones, totalizando un alivio financiero de más de $780 millones al mes para las arcas municipales, indicaron desde la comuna.

Pese al anuncio de la poda sobre la planta política, el malestar gremial escaló rápidamente con la activación de protestas en distintas dependencias de servicios esenciales. En declaraciones a la emisora Radio Nihuil, el propio intendente defendió el reordenamiento presupuestario al argumentar la necesidad de "ajustar el gasto para sostener el empleo, los servicios y la obra pública", al tiempo que acusó a dirigentes opositores y eventuales competidores electorales de "embarrar" la discusión y hacer un aprovechamiento político de la coyuntura.

Las repercusiones no tardaron en llegar desde el plano político provincial. Por un lado, la senadora provincial del Partido Justicialista, María Luz Llorens, cruzó en duros términos al jefe comunal a través de sus redes sociales, calificando la medida como un golpe desproporcionado contra familias que cobran ingresos de entre $800.000 y $1.200.000. "Le propongo que usted y sus funcionarios se descuenten lo mismo que a sus empleados", recriminó la legisladora, cuestionando además la coherencia de la austeridad municipal.

Asimismo, el malestar también salpicó la interna del propio radicalismo gobernante. El exconcejal de la UCR, Miqueas Burgoa, le refregó a Calvente sus pronunciamientos pasados, recordando que cuando ocupó una banca deliberativa presentó una propuesta similar para recortar sueldos políticos entre un 20% y un 30% que fue rechazada por la conducción actual. Mientras los canales de negociación paritaria continúan formalmente abiertos, la comuna aguarda la sanción del proyecto en el Concejo Deliberante para consolidar el esquema de emergencia económica.

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