Un nuevo plan para abordar en San Juan los casos de embarazadas que consumen drogas: qué plantea

La Cámara de Diputados de San Juan comenzó a analizar en comisiones un proyecto de ley que busca abordar de forma integral la situación de las embarazadas con problemas de consumo de drogas. La iniciativa, presentada por la diputada Stella Maris Caparrós, integrante del Bloque Justicialista, propone crear un programa provincial de detección temprana para cuidar la salud tanto de las personas gestantes como de los bebés.

Sobre cómo nació la propuesta y la necesidad de impulsarla en la provincia, la diputada Caparrós explicó a TIEMPO DE SAN JUAN que "esta iniciativa nació de una preocupación que veníamos teniendo con mis asesoras. Ellas me lo venían comentando, y cuando empezamos a investigar, creímos que era oportuno trabajar sobre este proyecto, sobre el consumo de sustancias durante el embarazo y también las consecuencias que puede llegar a tener para la mamá, como también para el bebé. Empezamos a investigar y a buscar información, y nos encontramos con la necesidad de abordar esta situación. No solamente desde lo sanitario, sino también desde la prevención, desde la detección temprana, y también desde el acompañamiento que queremos tener a la mamá y al bebé. Lo que se busca en este proyecto es que el Estado pueda llegar antes, detectar estas situaciones de riesgo, y que estas mujeres reciban atención y la asistencia profesional correspondiente".

En ese sentido, la legisladora remarcó la importancia de brindar ayuda sin juzgar ni criminalizar a quienes atraviesan esta problemática: "Y, fundamentalmente, que ese bebé tenga la posibilidad de nacer y de desarrollarse también con los cuidados necesarios. Ahora, quiero destacar algo, este proyecto tampoco busca estigmatizar ni criminalizar a ninguna mujer, por el contrario. Lo que queremos o lo que entendemos, que detrás de esta situación puede haber una historia de vulnerabilidad y que necesitan que un estado esté presente y que los acompañe. Considero que es una iniciativa bastante importante para la provincia de San Juan, por eso la trabajamos junto con mis asesores a esta problemática".

Respecto a lo que se espera en el tratamiento legislativo, destacó que "estamos impulsando para que pueda ser analizado en las distintas comisiones. Tengo altas expectativas que así sea, pero bueno, considero que es una problemática que merece compromiso, y también el acompañamiento de todos los sectores más allá de las diferencias políticas, ojalá que así sea y sea tratado lo más antes posible. Creo que cuando hablamos de salud de las mamás y también de los bebés, estamos también hablando de la responsabilidad colectiva".

Esta propuesta legislativa en estudio viene a complementar el trabajo que ya se da en San Juan, donde existe un abordaje interministerial de los casos de embarazadas con consumos problemáticos.  

El proyecto establece la incorporación de estudios preventivos de detección de sustancias dentro del esquema de controles prenatales obligatorios en centros de salud y sanatorios. Ante un resultado positivo, se activará un protocolo inmediato de contención y tratamiento profesional, canalizado principalmente a través del Centro de Atención Primaria de la Salud más cercano al domicilio de la paciente. Un equipo formado por médicos, psicólogos, enfermeros y trabajadores sociales se encargará del seguimiento médico y social durante la gestación y el puerperio.

Un punto central de la iniciativa es que la información obtenida será estrictamente confidencial y estará protegida por el secreto profesional. La norma prohíbe de manera expresa utilizar los análisis con fines sancionatorios, administrativos o penales contra las mujeres, buscando que nadie evite ir a las consultas médicas por temor a recibir un castigo.

Entre los argumentos sanitarios, el texto advierte que la exposición prenatal a sustancias psicoactivas o tóxicas incrementa los riesgos de abortos espontáneos, partos prematuros, bajo peso al nacer, malformaciones y problemas en el desarrollo neurológico de los niños. Asimismo, destaca que intervenir a tiempo disminuye las internaciones prolongadas en neonatología y ahorra costos al sistema público de salud. Como antecedente directo, el proyecto toma los avances del programa "Mis Primeros 1.000 Días en San Juan", creado por ley provincial en 2017 y tomado luego como modelo para la legislación nacional.

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