Un papel no alcanza: el sistema judicial que no pudo evitar los femicidios en San Juan

Una prohibición de acercamiento puede quedar asentada en un expediente, tener la firma de un juez y establecer con claridad que un hombre sospechado por violencia de género no debe acercarse a una mujer. Sin embargo, un papel, por sí solo, no impide que un agresor incumpla esa orden y actúe de la manera en lo que hizo Matías Marín.

Es que el femicidio de Gemma Álvarez volvió a poner esa discusión sobre la mesa. La víctima había denunciado a su ex pareja, advirtió a las autoridades sobre el contexto de violencia que atravesaba y un juez le había otorgado una medida de protección, luego de que en CAVIG entendieran que se trataba de un caso severo. Semanas después, fue perseguida y asesinada de 31 puñaladas en la Costanera de Chimbas.

El caso que tuvo su punto más crudo el 30 de julio, cuando Marín asesinó a sangre fría a la madre de su hija, dejó en evidencia una de las mayores dificultades que enfrentan las víctimas de violencia de género y es que la intervención judicial no siempre provee en una protección concreta frente a las amenazas de un agresor, cuya violencia escala niveles sin control.

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Lo ocurrido con Gemma no constituye un caso aislado en San Juan. Un antecedente de características similares sucedió en Calingasta en febrero de 2020, cuando Pamela Rodríguez, de 17 años, fue asesinada por su ex pareja, Ángelo Castillo. En aquel caso también existía una intervención judicial previa, ya que la víctima había denunciado al sujeto en octubre de 2018.

En consecuencia, una semana después de la denuncia, la Justicia de Paz dispuso una prohibición de acercamiento y de comunicación. También había ordenado que ambos fueran sometidos a un abordaje terapéutico. La medida, sin embargo, no evitó que la relación continuara ni que el agresor volviera a tener contacto con la joven.

Un año más tarde de aquella primera presentación, la Justicia tomó conocimiento de que Pamela había quedado embarazada de Castillo. Se mantuvieron las medidas de protección, aunque se permitió el contacto relacionado con el hijo que tenían en común. Tres meses después, el 23 de febrero de 2020, Pamela fue asesinada por el padre de su hijo.

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El ejemplo demuestra que una restricción no equivale necesariamente a que la víctima se encuentre a salvo. Entre una orden judicial y su capacidad real de prevenir un ataque existe una cadena de controles, seguimiento, respuesta y cumplimiento que puede fallar o que, directamente, no se cumpla.

Tras ese femicidio y la polémica que se desató, la propia Justicia de Paz de Calingasta explicó públicamente que las medidas habían sido incumplidas, dejando entrever la responsabilidad de la víctima.

Por otro lado y más cerca en el tiempo, en Angaco se registró un femicidio que tuvo todas las alertas y que, una vez más, el sistema judicial pasó por alto. Si bien el caso de Yanina Pérez presenta diferencias con los anteriores, comparte un punto central y es que antes del femicidio existieron señales de violencia desatendidas y antecedentes que involucraron a la justicia sanjuanina.

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La familia de la víctima aseguró que Yanina había intentado recurrir a la Policía, luego de que Ariel Omar Pérez irrumpiera en la casa de la mujer y la amenazara con un cuchillo. Según el relato de sus hijas, cuando acudieron a la Comisaría 20° de Angaco para pedir intervención, obtuvieron una respuesta negativa. Incluso, la familia sostuvo que anteriormente había intentado conseguir una restricción perimetral y que Yanina vivía atemorizada por su ex pareja.

Como si la respuesta institucional no fuera lo suficientemente grave, el cuadro que rodeaba al femicida era peor pues ya tenía antecedentes de violencia contra otra mujer. En 2018 había intentado ahorcar y acuchillar a su ex esposa. Por ese episodio recibió una condena de un año de prisión efectiva. En febrero de 2020 volvió a atacar a la misma mujer y esa vez fue más brutal.

La sorprendió por la espalda y le dio cinco puntazos, uno de los cuales afectó un riñón y otro un tendón del brazo. Aunque el antecedente y la violencia del ataque eran concretos, el hecho fue calificado como lesiones leves agravadas por el vínculo y terminó con otra condena de un año de prisión efectiva. Fue por ello que el hombre recuperó la libertad en 2021. Años después, la violencia volvió a aparecer, aunque esta vez con un desenlace fatal.

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Gemma había acudido al CAVIG el 1 de julio y en su denuncia describió una relación de 13 años atravesada por los celos, el control, las agresiones verbales y la violencia psicológica. También relató un episodio ocurrido durante la madrugada, cuando su entonces pareja irrumpió en la habitación donde se encontraba junto a su hija, le exigió su teléfono y la amenazó.

Después de aquel episodio, decidió abandonar la vivienda y trasladarse junto a su hija al domicilio de su madre. La denuncia puso en conocimiento de la Justicia una situación que, según la investigación, ya mostraba señales de una escalada de violencia. No obstante, la medida de protección no alcanzó para evitar el desenlace.

Según la reconstrucción realizada por la fiscalía, Matías Ezequiel Marín fue hasta las inmediaciones de la vivienda donde Gemma se encontraba, esperó que saliera rumbo a su trabajo y comenzó a seguirla en su automóvil. La persecución terminó en Costanera, donde habría provocado deliberadamente la caída de la motocicleta en la que circulaba la víctima.

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Luego descendió del vehículo y la atacó con un cuchillo. La autopsia determinó que Gemma sufrió 31 heridas cortopunzantes. La secuencia no sólo muestra la violencia extrema del ataque, sino también hasta dónde puede llegar un agresor cuando las medidas de protección no logran impedir el contacto. La prohibición de acercamiento había sido concedida, pero no consiguió detener la persecución que terminó con la vida de la joven.

Femicidio de Gemma Álvarez: la historia de una tragedia anunciada tras años de violencia y denuncias previas

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Fuente: Tiempo de San Juan

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