Un profesor de la escuela Boero quedó en la mira de la justicia por abusar a una alumna de 15 años
El imputado fue formalizado este jueves, quedó en libertad pero no podrá acercarse a la presunta víctima en un radio de 300 metros.
Este jueves, la Justicia provincial dio un paso clave en una grave investigación que involucra a un docente de la emblemática escuela EPET N° 1, popularmente conocida como escuela Boero. Durante una audiencia celebrada en Tribunales, el profesor Roberto Martínez quedó formalmente imputado bajo el cargo de abuso sexual simple, agravado por su condición de educador, en perjuicio de una estudiante de apenas 15 años.
La causa, que se maneja con el estricto hermetismo que demandan los delitos contra la integridad sexual, se originó a partir de la denuncia formal de la menor. En su relato, la adolescente acusó al docente de haberla manoseado en sus partes íntimas. Si bien los investigadores aún no han precisado si los hechos denunciados ocurrieron dentro de las instalaciones del establecimiento educativo o fuera de este, fuentes judiciales ratificaron que el ataque efectivamente sucedió, basándose en la fuerte verosimilitud del testimonio aportado por la menor.
La investigación está en manos de la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) ANIVI. Durante la audiencia, la ayudante fiscal Florencia Buteler expuso los elementos recabados hasta el momento para solicitar la apertura de la investigación penal preparatoria. Desde el Ministerio Público Fiscal no se solicitaron medidas de coerción gravosas, como podría ser la prisión preventiva, permitiendo que el acusado transite el proceso penal en libertad.
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El juez de Garantías a cargo de la audiencia, Javier Figuerola, avaló la imputación y dispuso la libertad del docente, quien estuvo asistido por su abogada defensora, María Filomena Noriega.
No obstante, el magistrado impuso un régimen de estrictas reglas de conducta que el imputado deberá acatar a rajatabla para mantener su estado de libertad. Entre las medidas de coerción más importantes se encuentra una orden de restricción de acercamiento hacia la presunta víctima en un radio de 300 metros. Además, ante la particularidad de que ambos pertenecen a la misma comunidad educativa, el juez le impuso al profesor la prohibición absoluta de concurrir a los mismos lugares de esparcimiento que la menor para evitar cualquier tipo de contacto o revictimización mientras avanza la causa judicial. Esto por el plazo de 6 meses.
Fuente: Tiempo de San Juan
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