Un sanjuanino falsificó un contrato de alquiler para evadir impuestos y ahora deberá pagar una suma millonaria y trabajar gratis
El comerciante Fernando Daniel Rubiño adulteró el monto de un convenio de locación de un boliche para tributar menos ante el municipio y bomberos, pero la dueña del predio advirtió que su firma era falsa y lo denunció. Para evitar el proceso, este lunes acordó devolver el dinero,…
El intento de eludir las responsabilidades tributarias terminó en una causa judicial y un golpe al bolsillo para un empresario local. Este lunes, el comerciante Fernando Daniel Rubiño fue beneficiado con la suspensión del juicio a prueba (probation) tras protagonizar una maniobra fraudulenta que, lejos de ahorrarle dinero, lo dejó al borde de una condena.
El conflicto se originó cuando Rubiño alquiló un salón a una mujer con el objetivo de destinarlo a la explotación de un boliche y a la realización de eventos por un plazo de varios años. Fue el propio comerciante quien se encargó de la redacción del contrato de locación. Sin embargo, la investigación comprobó que el empresario consignó de manera deliberada un monto de alquiler significativamente menor al real. Su objetivo era claro: reducir la base imponible para pagar menos impuestos y tasas exigidas por la municipalidad, la división de Bomberos y otros organismos de control para la habilitación de eventos.
La maniobra ilícita quedó al descubierto para el inquilino. La propietaria del inmueble accedió al documento presentado ante las autoridades y advirtió una irregularidad: la firma que figuraba en el contrato no era la suya. Inmediatamente, la mujer radicó la denuncia penal por falsificación, hubo una investigación que involucró no solo a la damnificada directa, sino también a la Fiscalía de Estado al verse afectado las arcas públicas.
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El caso recayó en la UFI de Delitos Especiales. Si bien estaba todo dispuesto para llevar a cabo la audiencia de formalización de la investigación preparatoria, donde Rubiño iba a ser imputado formalmente por el delito, las pruebas obligaron a la defensa a buscar una salida alternativa.
Las partes lograron un acuerdo antes de la imputación. El fiscal Iván Grassi -quien intervino en subrogancia del fiscal Adolfo Díaz-, la defensa del comerciante y la Fiscalía de Estado en calidad de querellante, consensuaron la aplicación de una probation.
La jueza de Garantías, Gloria Verónica Chicón, homologó el acuerdo tras constatar el consentimiento expreso de la dueña del local. De esta manera, Rubiño deberá cumplir con un año de suspensión de juicio a prueba, realizar tareas comunitarias no remuneradas en la Municipalidad de Rawson y enfrentar una reparación económica: se comprometió a devolver el dinero evadido, estimado en la suma de $1.300.000, que será cancelado en tres cuotas.
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Fuente: Tiempo de San Juan
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