Un sapo que se creía extinto podría frenar una carretera en los Andes

Una resolución judicial ordenó detener las obras de ensanche vial en Angamarca, Ecuador, porque atraviesan el único hábitat conocido del sapo arlequín jambato. La comunidad reclama mejoras en el acceso a servicios básicos, mientras organizaciones ambientalistas advierten sobre el riesgo para la especie.

Una carretera que conecta a unas 7.000 personas con la costa ecuatoriana quedó en el centro de una disputa judicial por la supervivencia de un anfibio que durante décadas se creyó extinto. Se trata del sapo arlequín jambato, cuyo único hábitat conocido está en Angamarca, una localidad de los Andes de Ecuador donde avanzaban las obras de ensanche de la ruta.

Según informó National Geographic, un tribunal concedió una acción de protección a favor de la especie y ordenó frenar los trabajos en el sector afectado. El reclamo se apoyó en los derechos de la naturaleza reconocidos por la Constitución ecuatoriana, que permiten recurrir a la Justicia para proteger los ecosistemas y las especies que los habitan.

El conflicto comenzó en 2024, cuando el Gobierno Provincial de Cotopaxi aprobó la ampliación de la carretera que conduce al valle del río Angamarca. Los trabajos incluían movimientos de suelo y explosiones. Voluntarios y organizaciones ambientalistas alertaron que los escombros caían hacia el río y cuestionaron las medidas previstas para evitar daños ambientales.

En septiembre de ese año, la Alianza Jambato y la Coordinadora Ecuatoriana de Organizaciones para la Defensa de la Naturaleza y el Medio Ambiente (CEDENMA) presentaron un pedido judicial para detener la obra. Sostuvieron que el proyecto no contaba con suficientes garantías ambientales y podía afectar el derecho del sapo a existir.

Gustavo Redín, vicepresidente de CEDENMA, explicó que la organización actuó en representación legal del anfibio. La demanda no se limitó a reclamar por los posibles daños al entorno, sino que planteó que la especie debía ser protegida en virtud de los derechos reconocidos a la naturaleza.

En enero de 2026, un juez local dispuso la suspensión de los trabajos hasta que el Gobierno Provincial de Cotopaxi demostrara que la construcción no provocaría un impacto ambiental grave. Después de una inspección en la que no se encontraron ejemplares, el proceso continuó con nuevas actuaciones para evaluar los efectos de la obra.

María del Carmen Vizcaíno, cofundadora y directora ejecutiva de la Alianza Jambato, cuestionó que la falta de avistamientos se tomara como prueba de que el sapo ya no estaba en la zona. Según explicó, la escasez de ejemplares hace que encontrarlos sea difícil.

La resolución posterior concedió la acción de protección y ordenó al Gobierno nacional adoptar medidas para resguardar al jambato. La continuidad de las obras quedó así condicionada por el reclamo ambiental y la necesidad de preservar el hábitat de la especie.

El sapo arlequín jambato había sido considerado extinto en estado silvestre después de que el último registro conocido se produjera en 1988. Su reaparición ocurrió en 2016, cuando un niño de 12 años de Angamarca encontró un ejemplar.

El herpetólogo Juan Guayasamín, de la Universidad San Francisco de Quito, señaló que el anfibio había sido común en la región andina. Junto con otros especialistas, identificó 71 ejemplares durante un relevamiento realizado en el valle entre 2021 y 2022.

Los investigadores relacionan el declive de la especie con períodos cálidos y secos y con la presencia del hongo Batrachochytrium dendrobatidis, que provoca quitridiomicosis, una enfermedad que afecta la piel de los anfibios y puede comprometer funciones esenciales para su supervivencia. Sin embargo, esa explicación continúa siendo una hipótesis.

Mientras avanza el proceso judicial, los habitantes de Angamarca sostienen que necesitan la carretera para mejorar sus traslados. Romeo Vichicela, presidente del Gobierno Parroquial, explicó que la población históricamente debió recorrer largas distancias y utilizar animales para transportar productos y llegar a distintos servicios.

El funcionario remarcó que el camino actual dificulta el acceso a centros de salud, especialmente durante emergencias nocturnas. También consideró que modificar el trazado o construir una ruta alternativa no sería viable por cuestiones técnicas, territoriales y económicas.

Nayerli Cañizares, estudiante universitaria y voluntaria de Angamarca, reconoció la importancia de mejorar la conectividad, aunque reclamó que las decisiones se apoyen en estudios técnicos.

El caso enfrenta dos necesidades concretas: mejorar el acceso de una comunidad andina a servicios básicos y evitar que una obra vial afecte el último hábitat conocido de una especie de la que quedan pocos ejemplares. La decisión judicial puso el foco en cómo avanzar con la infraestructura sin comprometer su supervivencia.