Una adolescente tucumana quedó bajo investigación por una causa de narcotráfico y fue liberada
Una adolescente de 16 años, oriunda de Las Talitas, quedó involucrada en una investigación federal por narcotráfico en Santiago del Estero, aunque después

La joven tiene 16 años y fue detenida en Santiago del Estero junto a otras diez personas durante un operativo por el traslado de 57 kilos de marihuana. Su pareja, un hombre de 40 años, también quedó detenida. La chica aseguró que desconocía la actividad y recuperó la libertad. El caso expuso las dificultades de la Justicia Federal del NOA para aplicar el nuevo Régimen Penal Juvenil.
Una adolescente de 16 años, oriunda de Las Talitas, quedó involucrada en una investigación federal por narcotráfico en Santiago del Estero, aunque después recuperó la libertad. La joven sostuvo que viajó hasta esa provincia para acompañar a su pareja, un hombre de 40 años, y que no tenía relación con la droga secuestrada.
La causa se originó a partir de un operativo realizado en el departamento Copo, una zona considerada estratégica para el tráfico de estupefacientes por su cercanía con Tucumán y Salta. El procedimiento terminó con 11 personas detenidas y el secuestro de 57 kilos de marihuana.
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Entre los arrestados había siete personas de Salta, un santiagueño y tres tucumanos. La presencia de la menor de edad generó una situación particular para la investigación, ya que su detención ocurrió 36 horas después de la entrada en vigencia del nuevo Régimen Penal Juvenil.
La defensa de la adolescente afirmó que su participación en el viaje no tuvo relación con el traslado de droga. Su abogado, Exequiel Prado, explicó que la joven acompañó a su pareja, quien debía realizar un trabajo como mecánico. "Ella no tuvo nada que ver con la droga. Su novio, que es mecánico, le había pedido que lo acompañara a Nueva Esperanza para hacer un trabajo", sostuvo.
El defensor también destacó que la adolescente no registra antecedentes y continúa con sus estudios secundarios. "Ella es una adolescente normal. Cursa sus estudios secundarios y no tiene ningún tipo de antecedentes", agregó Prado.
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El procedimiento comenzó durante la noche del domingo, cuando efectivos santiagueños realizaban controles en el paraje El Mojón dentro del operativo denominado "Muralla Norte". El dispositivo funciona como una suerte de operativo fronterizo similar al "Operativo Lapacho", con controles sobre los movimientos en la zona limítrofe.
Los policías intentaron detener a los ocupantes de una Chevrolet S10, una Renault Kangoo y un Citroën Aircross, pero los vehículos evitaron el control. Los efectivos iniciaron una persecución que terminó en San José del Boquerón.
Los sospechosos abandonaron los vehículos y se internaron en el monte. Al día siguiente, los investigadores desplegaron un rastrillaje y detectaron que el grupo se había separado.
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Dos de los fugitivos fueron encontrados a varios kilómetros del lugar. Según la investigación, permanecían junto a distintos bultos que contenían 57 kilos de marihuana y esperaban que otras personas llegaran para rescatarlos.
La Policía también concretó arrestos en otros puntos del departamento Copo. Una mujer fue localizada cuando pidió ayuda en el paraje El Quebrachal, en Salta. Otros sospechosos fueron capturados en las inmediaciones de San José del Boquerón y en Nueva Esperanza.
El caso adquirió una dimensión particular por la edad de la joven. Su defensa sostuvo que la Justicia Federal de la región todavía no cuenta con toda la estructura necesaria para aplicar el nuevo régimen destinado a adolescentes en conflicto con la ley penal.
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Entre las dificultades aparece la falta de un juez especializado en Niños, Niñas y Adolescentes dentro del fuero federal regional.
"Creo que se están acomodando a la nueva ley. Evidentemente, les tomó por sorpresa tener a una menor de edad involucrada en una investigación importante. Creo que eso ayudó mucho para que le otorgaran la libertad", afirmó Prado.
La adolescente vive en un barrio de clase media-baja de Las Talitas. Personas de su entorno manifestaron sorpresa ante la noticia. Una vecina, que se identificó como Laureana pero pidió preservar su apellido, aseguró: "De ella no sabemos mucho. Es una chica como cualquier otra; jamás nos imaginamos que pudiera estar implicada en esto".
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Otra mujer, Denise García, planteó una mirada diferente sobre el vínculo entre adolescentes y personas involucradas en delitos. "Pueden decir un montón de cosas, pero a veces los chicos no miden las consecuencias que pueden tener por juntarse con algunas personas", señaló.
La investigación también puso el foco sobre otros antecedentes tucumanos en los que menores de edad quedaron relacionados con organizaciones dedicadas al narcotráfico.
Uno de los casos más conocidos es el de Isaías "El Gordo" Reyna, hijo de Mario "El Mono" Reyna, quien lideró durante años una organización dedicada al narcomenudeo en el barrio Juan XXIII, conocido como La Bombilla.
Durante una investigación a cargo del fiscal federal Pablo Camuña, los investigadores detectaron que Isaías realizaba operaciones vinculadas con la organización mientras asistía a la escuela secundaria. Además, fue acusado por tres homicidios cometidos antes de cumplir los 18 años y recibió una condena por uno de esos hechos.
Su hermana Nicole también quedó bajo sospecha por su presunta vinculación con la actividad familiar cuando era menor. Tiempo después fue detenida mientras trasladaba dos kilos de cocaína por el barrio. En ese momento estaba junto a su hija de dos años.
Otro antecedente corresponde a Margarita Toro, señalada como referente del clan que opera en Villa 9 de Julio. Según la investigación, su ingreso al mundo delictivo ocurrió cuando todavía era menor de edad, después de su relación con Hugo "El Rengo Tevez" Ordoñez, señalado como uno de los hombres que introdujo el "paco" en Tucumán.
Toro fue procesada y condenada años después, cuando ya había alcanzado la mayoría de edad.
El caso de la adolescente de Las Talitas suma así un nuevo capítulo al debate sobre la participación de menores en organizaciones vinculadas al narcotráfico y sobre la capacidad de la Justicia Federal del NOA para aplicar el nuevo régimen penal juvenil.
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Fuente: El Federalista
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