Una causa por la Ley Olimpia destapó un circuito irregular de venta de adicionales

Una investigación por hostigamiento y difusión de imágenes íntimas contra una joven efectiva de la Policía de San Luis, encuadrada en la Ley Olimpia, destapó un circuito irregular que funciona dentro de la propia fuerza con la venta de horas de servicio adicional entre efectivos por grupos de WhatsApp. La práctica está por fuera de toda reglamentación y fue revelada tras la denuncia que lleva adelante la abogada de la víctima.

Según explicó Soledad Poma, la representante legal de la mujer policía, el acusado habría difundido imágenes íntimas y personales de su representada en grupos ilegales de WhatsApp integrados por personal policial donde se vendían horas de trabajo. Además las habría enviado a diferentes jefes y directores de la fuerza policial con el ánimo de perjudicarla y de lograr una desvinculación o una sanción administrativa. Ese dato, que en principio parecía secundario en una causa de violencia de género digital, expone para la Justicia y para Asuntos Internos un ilícito administrativo y disciplinario grave.

En la Policía de San Luis, el servicio de adicionales está muy reglamentado y lo que se denuncia como grupo de compra-venta de horas no existe como figura oficial y va contra la reglamentación vigente. La base es el Decreto 1152/71 de Policía Adicional que rige en casi todo el país y que San Luis tomó como modelo, y fue ratificado con la bancarización de 2014.

Según esa normativa, solo puede prestar servicio adicional el personal franco inscripto voluntariamente en un registro habilitado por Jefatura. Se trata de una prestación de servicios especiales convenida con organismos o privados. A partir de allí se deben confeccionar listas mensuales por dependencia con días y horas de franco de cada inscripto y en las designaciones se debe tener presente que no afecte servicios ordinarios y que se efectúen en forma rotativa.

Si un grupo de efectivos se organiza para venderse las horas entre ellos, rompe la rotatividad y el registro oficial porque la Jefatura es la que designa y no el efectivo el que vende su lugar. Además desvirtúa el carácter de franco de servicio, porque si se vende la hora otro efectivo hará horas sin estar en el listado de francos autorizado o hace más horas que las permitidas.

Esa conducta es una falta disciplinaria, porque al estar bajo régimen disciplinario negociar con un servicio público que no le pertenece puede encuadrarse como lucro indebido, incumplimiento de deberes y falta ética. Si lo cobra otro que compró la hora, se está cometiendo una defraudación al sistema de liquidación. Por eso no es un mercado oficial, son grupos de WhatsApp o Facebook informales que deberían ser auditados por Asuntos Internos y la Dirección General de Recursos Humanos de Jefatura Central.

El caso que destapó todo tiene como víctima a una joven policía muy joven, elegida entre quince efectivos de toda la provincia por mérito para ser instructora en el Instituto Superior de Seguridad Pública y que además estudia abogacía. La joven denuncia que viene sufriendo hostigamiento, amenazas y persecución por parte de un ex personal policial que en su momento, en ejercicio de esas funciones, cometió un ilícito penal por el cual terminó privado de su libertad y condenado, y que mientras estuvo detenido estudió abogacía y actualmente ejerce el derecho.

Por eso la defensa sostiene que hay malicia y conocimiento del daño que puede provocar. Según la denuncia, a pesar de que existe una medida cautelar de prohibición de acercamiento, el acusado la incumplió en varias oportunidades y se presentó en su domicilio, al punto que testigos aseguran que hasta le cortó la luz, y también se presentó en cada uno de los nuevos destinos donde la joven fue trasladada.

En ese contexto, la abogada denuncia discriminación y revictimización dentro de la fuerza, porque a raíz de la denuncia su representada fue cambiada a diferentes jurisdicciones cuatro veces en el transcurso de este mes y en vez de darle respaldo por parte de sus superiores, sintió que la quisieron callar porque entendían que perjudicaba la imagen de la fuerza.

Según relató Poma, "la citaron para dialogar pero más que para dialogar fue para comunicarle la decisión ya tomada de trasladarla nuevamente a otra jurisdicción donde no podría seguir estudiando para ser instructora". La causa aún está en etapa investigativa, sin formulación de cargos, por lo que la abogado consideró que el accionar de la Fiscalía "es lento y tardío".

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