Una decisión municipal terminó enfrentando a los dos clubes más importantes de San Martín

El Municipio cedió tres hectáreas frente al Parque Agnesi al Atlético Club San Martín, pero Tacurú sostiene que ese mismo espacio ya había sido otorgado para su uso durante la gestión de Jorge Giménez. El club de rugby dice que no busca un conflicto con el Chacarero: reclama que se revisen los papeles.

Una decisión municipal terminó enfrentando a los dos clubes más importantes de San Martín.

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Una decisión que pretendía resolver una vieja necesidad del Atlético Club San Martínterminó abriendo un conflicto con el Club Tacurú y puso frente a frente, aunque ninguna de las dos instituciones lo haya planteado de ese modo, a las dos entidades deportivas más importantes del departamento.

El origen está en unas tres hectáreas frente al Parque Agnesi. El Municipio las cedió al Chacarero para desarrollar un nuevo predio deportivo destinado, principalmente, a sus divisiones inferiores. La iniciativa fue aprobada por unanimidad por el Concejo Deliberante mediante la Ordenanza 3262/26 y fue presentada por el propio club como la concreción de un proyecto esperado durante años.

El problema apareció después.

Tacurú sostiene que esas tierras ya habían sido cedidas para su uso durante la gestión del exintendente Jorge Omar Giménez. La institución afirma que existe documentación administrativa que respalda ese antecedente y que, por ese motivo, no correspondía disponer del terreno para otro destino sin revisar antes la situación.

El presidente de Tacurú, Gabriel Alonso, llevó el planteo al Ministerio Público Fiscal. El club pidió que no se avance sobre el predio mientras se determina qué ocurrió con aquella cesión y cuál es el alcance de los instrumentos administrativos existentes.

Y entonces apareció un segundo problema: mientras la discusión comenzaba a judicializarse, las máquinas municipales ingresaron al lugar y comenzaron a realizar trabajos de limpieza y nivelación.

La Municipalidad explicó que esos trabajos estaban vinculados a la preparación de una playa de estacionamiento para una próxima fecha del Turismo Nacional y que, una vez finalizado ese evento, el Atlético San Martín comenzaría a trabajar sobre las tres hectáreas.

La secuencia dejó planteada una pregunta que atraviesa toda la discusión: ¿cómo se llegó a entregar un terreno a una institución si existían antecedentes de una cesión anterior a otra?

El dato central para entender la controversia aparece bastante antes de la actual gestión municipal.

Tacurú fue fundado en 1982 y su predio original tenía unas ocho hectáreas. Según la reconstrucción realizada a partir de documentación y testimonios vinculados al club, esas tierras tuvieron que ser permutadas por razones relacionadas con la ampliación del Aeroclub. El club recibió entonces otro terreno de la misma superficie, con mayor frente sobre calle Florida.

Con el crecimiento de Tacurú, las ocho hectáreas comenzaron a resultar insuficientes. La institución empezó a utilizar terrenos municipales ubicados en las inmediaciones para ampliar sus actividades.

Ese uso se consolidó con el tiempo.

Un momento importante fue 2011, cuando Mendoza fue sede de un Mundial Juvenil de Rugby y las instalaciones de Tacurú fueron utilizadas por una de las delegaciones. A partir de aquella experiencia se realizaron obras y comenzó a tomar forma el proyecto para ampliar la infraestructura deportiva del club.

Fue entonces cuando, según el relato incorporado a esta investigación, durante la gestión de Jorge Giménez se acordó la cesión del uso de unas tres hectáreas ubicadas al norte del predio de Tacurú.

La superficie estaba destinada a estacionamiento, camarines y al desarrollo de las actividades de hockey y rugby.

El acuerdo quedó incorporado a un expediente administrativo y fue firmado por funcionarios municipales y representantes de Tacurú. Los números de esos expedientes son ahora uno de los elementos que deberán ser revisados para establecer con precisión qué se cedió, bajo qué condiciones y durante cuánto tiempo.

El propio Giménez confirmó públicamente el antecedente. Explicó que durante su gestión se había cedido un espacio a Tacurú para que desarrollara una cancha de hockey de agua y otras instalaciones deportivas.

Por eso, el conflicto actual no nació de una disputa entre Tacurú y San Martín. Nació de dos decisiones municipales tomadas en distintos momentos sobre un mismo espacio.

El 14 de septiembre se anunció que el Atlético Club San Martín tendría finalmente su propio predio para las divisiones inferiores.

El Concejo Deliberante aprobó por unanimidad la Ordenanza 3262/26, mediante la cual se dispuso la entrega de tres hectáreas ubicadas en el Parque Agnesi. El proyecto había sido impulsado por el intendente Raúl Rufeil y fue presentado como un paso importante para el desarrollo deportivo de las categorías formativas.

La noticia fue recibida por el club como la concreción de un viejo anhelo.

En publicaciones posteriores, el Atlético San Martín mostró el terreno y anunció el futuro proyecto, que contempla una cancha reglamentaria y otros espacios de entrenamiento. También se mencionaron otras obras de infraestructura para el desarrollo institucional.

Hasta ese momento, la historia tenía todos los elementos de un anuncio deportivo exitoso.

Pero las tierras tenían un antecedente.

Una decisión municipal terminó enfrentando a los dos clubes más importantes de San Martín.

La reacción de Tacurú fue presentar una denuncia y pedir una medida para impedir nuevas intervenciones sobre el terreno hasta que se aclare la situación.

Pero hay un dato que la institución quiso dejar especialmente claro: no considera que el conflicto sea con el Atlético San Martín.

En un comunicado difundido después de la presentación judicial, Tacurú señaló que las aproximadamente tres hectáreas habían sido cedidas para el uso del club y que constituyen un espacio destinado al desarrollo de sus actividades.

La institución también afirmó que su planteo no representa una denuncia ni un conflicto personal con el intendente y, mucho menos, con el Atlético San Martín y sus socios.

El planteo es otro: que no se intervenga sobre un espacio cuya situación administrativa, según sostiene el club, todavía no está resuelta.

En otras palabras, Tacurú no está reclamando que el Municipio le entregue la propiedad de esas tierras. Está reclamando que se determine qué derechos de uso surgieron del acuerdo anterior y qué ocurrió con ellos antes de que el Municipio dispusiera el terreno para el Chacarero.

La controversia podría haber quedado limitada a expedientes, ordenanzas y presentaciones judiciales.

Pero la aparición de maquinaria municipal en el terreno modificó el escenario.

Tacurú había solicitado que no se innovara sobre el espacio hasta aclarar la situación. Después de la denuncia, se realizaron trabajos de limpieza y nivelación.

La Municipalidad explicó que las máquinas no estaban allí para comenzar todavía las obras del nuevo predio del Atlético San Martín, sino para preparar una playa de estacionamiento solicitada por la Asociación Volantes del Este para la competencia del Turismo Nacional prevista en octubre. Según esa explicación, las obras propias del Chacarero comenzarían posteriormente.

Para Tacurú, sin embargo, la cuestión era más simple: si existía una presentación judicial para que no se interviniera sobre el lugar, lo que correspondía era detener cualquier avance hasta aclarar los antecedentes.

La discusión pasó así de los escritorios a las máquinas.

Y eso elevó la temperatura de un conflicto que, hasta entonces, todavía podía haber sido resuelto dentro de la administración municipal.

La discusión jurídica tiene un punto particularmente sensible. El Municipio es el titular de las tierras. Eso no parece estar en discusión.

Lo que sí se discute es qué uso había sido otorgado anteriormente sobre una parte de ese patrimonio municipal y qué consecuencias tiene ese acuerdo.

Según la reconstrucción realizada para esta nota, durante la gestión de Giménez se abrió un expediente administrativo y se instrumentó una cesión de uso para Tacurú. En el terreno se realizaron trabajos, se nivelaron sectores, se colocaron instalaciones y se desarrollaron actividades vinculadas al hockey y al rugby.

La existencia de obras y de uso efectivo del terreno durante años es relevante porque introduce una diferencia entre decir que el Municipio simplemente tenía un terreno disponible y reconocer que sobre ese espacio existía una historia administrativa y deportiva previa.

La otra discusión pasa por el Concejo Deliberante.

El presidente del HCD, Sergio Dubé, sostuvo que el cuerpo legislativo es el encargado de refrendar comodatos o donaciones y defendió la aprobación unánime de la Ordenanza 3262/26. También señaló que ahora deberán revisarse los papeles para determinar si todo está en orden.

De allí surge una cuestión que deberá resolverse documentalmente: si la cesión anterior a Tacurú tenía respaldo suficiente, si fue correctamente instrumentada, si estaba vigente y si podía ser reemplazada por una nueva decisión sobre el mismo espacio.

No alcanza, por lo tanto, con discutir quién es dueño de la tierra.

Hay que determinar qué hizo el propio Estado municipal con ella.

Raúl Rufeil

El aspecto más llamativo del caso es que ninguna de las dos instituciones deportivas necesita ser presentada como adversaria de la otra.

Tacurú quiere conservar el espacio que afirma haber recibido para desarrollar sus actividades.

El Atlético San Martín busca contar con un predio para sus divisiones inferiores, una necesidad que el Municipio decidió atender.

Ambas pretensiones tienen un componente deportivo y social.

El problema aparece cuando el Estado administra un mismo espacio de manera sucesiva sin que las instituciones involucradas tengan claro cuál es el límite de cada decisión.

La propia comisión directiva de Tacurú insistió en que detrás de las hectáreas hay entrenamientos, proyectos y familias y que su objetivo es defender el uso que considera otorgado a la institución.

Desde la otra vereda, el Atlético San Martín recibió la cesión como una oportunidad para desarrollar una infraestructura que venía reclamando desde hace años.

Por eso, el conflicto no necesita convertirse en una pelea entre clubes.

De hecho, sería el peor resultado posible.

Tacurú y Atlético San Martín son dos instituciones con una fuerte presencia en la vida deportiva de San Martín.

Una tiene su identidad vinculada al rugby y al hockey. La otra concentra una parte importante de la actividad futbolística del departamento y compite actualmente en el Torneo Federal A.

El nuevo predio del Chacarero está pegado al espacio utilizado por Tacurú. La cercanía física hace todavía más importante que la delimitación sea clara.

Incluso desde el Municipio se proyectó una traza vial de unos 35 metros de ancho para garantizar un acceso independiente a ambos predios, según información difundida después de la presentación judicial.

Es decir que, más allá de la disputa actual, los dos clubes están llamados a convivir en un mismo sector, frente al Parque Agnesi.

La administración municipal tiene entonces una responsabilidad que va más allá de resolver una discusión sobre tres hectáreas.

Debe evitar que una decisión administrativa termine convirtiéndose en un conflicto permanente entre dos instituciones que, por su actividad, están destinadas a compartir el mismo espacio y la misma comunidad.

La salida más sencilla, en principio, no parece requerir una nueva pelea. Requiere revisar los expedientes.

Determinar qué superficie fue cedida a Tacurú, qué instrumento se utilizó, cuáles eran las condiciones, qué obras se autorizaron, qué uso tuvo el terreno y si aquella cesión fue posteriormente modificada o revocada.

Y, a partir de allí, delimitar con precisión qué superficie corresponde al proyecto del Atlético San Martín.

El propio Jorge Giménez, quien gobernó San Martín entre 2003 y 2019, consideró que el desencuentro podía resolverse en una mesa de diálogo y sostuvo que no era necesario convertirlo en una disputa entre instituciones.

El problema es que la discusión ya llegó a la Justicia.

Y cuanto más avance, más difícil será que la cuestión quede reducida a una simple delimitación de terrenos.

La Municipalidad buscó resolver una necesidad del Atlético San Martín y terminó abriendo otra discusión, esta vez con Tacurú. "Rufeil se disparó en el pie", ejemplificaron en el ambiente.

La pregunta que queda planteada es si las tres hectáreas podían haberse entregado sin revisar antes su historia administrativa.

Porque si efectivamente existía un antecedente de cesión, el problema no empezó cuando Tacurú denunció.

Empezó cuando el Municipio decidió disponer nuevamente de un terreno sobre el que ya existía una historia previa.

Y ahora son los expedientes —más que las declaraciones de unos y otros— los que deberán establecer dónde termina el terreno de Tacurú y dónde empieza el del Atlético San Martín.

- Tacurú se fundó en 1982 y originalmente adquirió un predio de unas ocho hectáreas. Años después, por la necesidad de ampliar el Aeroclub, esas tierras fueron permutadas con la Municipalidad por otro terreno de igual superficie y con mayor frente sobre calle Florida.

- Con el crecimiento de la institución, el espacio comenzó a quedar chico y el club empezó a utilizar terrenos municipales vecinos. El punto de inflexión llegó alrededor de 2011, cuando Mendoza fue sede de un Mundial Juvenil de Rugby y las instalaciones de Tacurú fueron utilizadas por una delegación. A partir de entonces se impulsaron nuevas obras y proyectos deportivos.

- Durante la gestión del exintendente Jorge Giménez se acordó entonces la cesión del uso de unas tres hectáreas ubicadas al norte del predio. El objetivo era contar con espacio para estacionamiento, camarines y nuevas instalaciones vinculadas al hockey y al rugby.

- Según el testimonio recogido para esta nota, el acuerdo fue incorporado a un expediente administrativo y firmado por representantes del Municipio y del club.

- Ahora, esas mismas hectáreas fueron cedidas al Atlético San Martín mediante la Ordenanza 3262/26, aprobada por unanimidad por el Concejo Deliberante.

- Ese cruce de decisiones es el núcleo de la controversia.

- La discusión no pasa solamente por determinar quién es el propietario del terreno —que pertenece al Municipio— sino por establecer qué uso había sido concedido anteriormente, si ese acuerdo seguía vigente y qué efectos tiene sobre la nueva cesión.

- Tacurú llevó esa pregunta a la Justicia.