Una estafa de 240.000 dólares tiene como acusados a un empresario y una pareja de arquitectos sanjuaninos

Dos arquitectos sanjuaninos y un empresario inmobiliario quedaron entre las cuerdas por una causa penal que los tiene como imputados en una presunta estafa de 240.000 dólares. Los acusan de quedarse con ese dinero, equivalente a más de 360.000.000 de pesos, que pidieron prestado a dos abogados con el fin de invertirlo en un proyecto inmobiliario y que nunca devolvieron.

Los sospechosos son el matrimonio integrado por el arquitecto Esteban Fernández De Cieza y la arquitecta María José Garcés Correa, y el empresario Ricardo Javier Sánchez Montilla, confirmaron fuentes judiciales. El fiscal Nicolás Alvo, de la UFI Delitos Informáticos y Estafas, les imputó el delito de estafa: a los dos hombres como presuntos coautores y a la mujer como partícipe secundaria.

El nombre de Sánchez Montilla ya es conocido en Tribunales. El empresario es uno de los involucrados en la megaestafa con la venta de lotes y casas que estalló en octubre de 2024 y que tiene como principal acusado al empresario Héctor Storniolo. La investigación reúne más de 600 denuncias de presuntos damnificados y un perjuicio económico estimado en más de $2.700 millones.

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En esa causa hay 10 imputados, entre ellos Ricardo Javier Sánchez Montilla, quien fue detenido y luego excarcelado, señalado por la fiscalía como uno de los presuntos integrantes de la organización investigada por la venta irregular de lotes y desarrollos habitacionales que nunca se concretaron.

Ahora Sánchez Montilla vuelve a estar involucrado en otra presunta estafa inmobiliaria de 240.000 dólares, que al cambio en moneda nacional asciende a unos 360.000.000 de pesos. En este nuevo caso está imputado junto con el matrimonio de arquitectos Esteban Fernández De Cieza y María José Garcés Correa. De acuerdo con la imputación del fiscal Alvo, la maniobra se concretó a fines de 2023, cuando Ricardo Sánchez Montilla pidió prestado ese dinero en dólares a los abogados Alejandro Oliver Montilla —quien no sería pariente del sospechoso— y Nicolás Triviño.

La plata iba a ser invertida en la finalización de un complejo de departamentos en Rawson. Fue ahí cuando aparecieron los arquitectos Fernández De Cieza y Garcés Correa, aparentemente como socios de Sánchez Montilla. Ofrecieron como garantía del préstamo dos lotes o dos departamentos del proyecto y cuatro vehículos: una camioneta Nissan, un auto y dos cuatriciclos. De hecho, firmaron el documento para sellar el préstamo y fijar las garantías, que debían ejecutarse en caso de incumplir con la devolución de los dólares.

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Lo cierto es que pasaron los meses y empezaron a pagar, pero después se cortó la cadena de pagos. Ahí estalló el conflicto, dado que Oliver Montilla y Triviño reclamaron el pago de la deuda y, cuando quisieron ejecutar las garantías pactadas, descubrieron que los bienes que decían tener se habían esfumado. Supuestamente, el matrimonio de arquitectos había vendido todas las unidades del complejo de departamentos y se había desprendido de la camioneta y el auto, incluso siete meses antes de firmar ese acuerdo por la deuda, expuso el fiscal. En otras palabras, no tenían nada con qué responder por el préstamo.

Oliver Montilla y Triviño entendieron que fueron estafados y que Sánchez Montilla, junto con el matrimonio Fernández De Cieza y Garcés Correa, sabía de antemano que no iba a devolver el dinero. Así fue que en octubre de 2025 radicaron la denuncia en la UFI Delitos Informáticos y Estafas.

En febrero de este año hubo un principio de acuerdo y las partes arribaron a una solución alternativa del conflicto. Allí, Sánchez Montilla se comprometió a pagarles a los denunciantes cinco cuotas de 20.000 dólares cada una; lo mismo hizo el matrimonio de arquitectos para completar la deuda. Pero sucedió que estos últimos pagaron solo una cuota y el empresario ni siquiera completó el primer pago, explicaron fuentes judiciales.

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De esa manera, el acuerdo de solución alternativa se cayó y el fiscal Alvo avanzó contra el empresario Sánchez Montilla, Fernández De Cieza y Garcés Correa. Este martes les imputó formalmente el delito de estafa. La jueza de Garantías Mabel Moya habilitó la investigación penal preparatoria por el plazo de 12 meses y dispuso que los tres continúen en libertad.

Además, la magistrada dictó el embargo preventivo y la inhibición general de bienes contra el matrimonio de arquitectos. En el caso del empresario Sánchez Montilla no adoptó la misma medida y no le impuso embargos. El abogado Agustín Idemi, su defensor, sostuvo en la audiencia que su cliente no firmó ningún documento y que la garantía fue acordada con el matrimonio de arquitectos.

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Fuente: Tiempo de San Juan

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