Una estafa de casi $100.000.000 terminó con la detención de una presunta banda de sanjuaninos y mendocinos
Son tres sanjuaninos y cuatro mendocinos sospechados de embaucar a las firmas Color Shop y Fase Electricidad. Realizaron compras por esa cifra millonaria con cheques electrónicos sin fondos y retiraron la mercadería.
En ambos casos se presentaron como empresarios que estaban remodelando una bodega de Albardón para relanzarla y que necesitaban adquirir, por ejemplo, 100 tachos de recuplast fibrado, además de una importante cantidad de pintura, insumos y artículos de electricidad. Mediante ese ardid realizaron compras por 35.500.000 pesos a una conocida pinturería de San Juan y por otros 61.800.000 pesos a una casa de electricidad. El detalle fue que en todas esas operaciones pagaron con cheques electrónicos sin respaldo y retiraron la mercadería sin inconvenientes, pero los vendedores después no pudieron cobrar un solo peso.
Las estafas ascienden a casi 100.000.000 de pesos y se concretaron entre fines de noviembre y mediados de diciembre de 2025 contra las firmas sanjuaninas Color Shop y Fase Electricidad, revelaron fuentes judiciales allegadas a la causa. Una vez descubiertas las maniobras fraudulentas, las empresas denunciaron los hechos en la Justicia. Esa investigación, encarada por el fiscal Eduardo Gallastegui, ahora tuvo novedades. Este último martes, en distintos allanamientos ordenados por el juez de garantías Alberto Caballero, los policías de la UFI Delitos Informáticos y Estafas detuvieron a siete presuntos integrantes de la banda en San Juan y Mendoza.
TIEMPO DE SAN JUAN confirmó que los detenidos son los sanjuaninos José Luis Olivares, Daniel Eduardo Castro y Hugo Mario de los Ríos; y los mendocinos Mauricio Jesús Altamirano, Jorge Alberto Paz, Gustavo Adrián Ortiz y Ricardo Javier Martínez.
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Según fuentes judiciales, el primer golpe fue contra Color Shop. El 26 de noviembre de 2025 se contactaron por WhatsApp con la pinturería y dijeron que representaban a la firma BOSSABALL, que estaba remodelando la ex Bodega Los Hidalgo, en Albardón, revelaron. Ese día concretaron la primera compra y, el 19 de diciembre, volvieron por una segunda operación. Entre ambas adquisiciones sumaron más de 35.500.000 pesos en pinturas e insumos, pagaron con cuatro E-Cheq y retiraron toda la mercadería. Una parte llegó en un transporte hasta la bodega y el resto fue retirado en una Volkswagen Amarok que, para la fiscalía, manejaba el mendocino Altamirano, de acuerdo a la investigación.
Los estafadores se presentaban como empresarios que necesitaban materiales e insumos para refaccionar una bodega de Albardón para producir y exportar vinos.
Con Fase Electricidad habían iniciado la maniobra un día antes, el 25 de noviembre, y repitieron exactamente el mismo esquema. Se presentaron como los responsables de ese supuesto proyecto vitivinícola y encargaron cables, llaves térmicas, disyuntores, aires acondicionados y otros materiales por más de 61.800.000 pesos. La empresa verificó que BOSSABALL y BA-RO existían y tenían un buen historial comercial, aceptó los E-Cheq y entregó toda la mercadería. Primero la llevaron hasta la ex Bodega Los Hidalgo y después retiraron otra parte directamente del local comercial.
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La maniobra quedó al descubierto cuando llegaron los vencimientos de los E-Cheq y todos fueron rechazados por falta de fondos. Ahí comenzaron las denuncias y la investigación de la UFI Delitos Informáticos y Estafas. Con los remitos, las cámaras de seguridad, los testimonios de empleados y otros elementos de prueba, los investigadores reconstruyeron el recorrido de la mercadería e identificaron a algunos de los sospechosos, entre ellos al conductor de la Amarok utilizada para uno de los retiros.
Ahora la fiscalía sospecha que detrás de las operaciones existía una organización con funciones repartidas. Siempre según fuentes judiciales allegadas a la causa, los sanjuaninos habrían sido los encargados de recibir, descargar y acopiar la mercadería en la ex Bodega Los Hidalgo, mientras que los mendocinos estarían vinculados con el retiro de los productos y su traslado hacia esa provincia. Esa es la hipótesis con la que avanza la investigación y que deberá probarse en el proceso judicial.
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Fuente: Tiempo de San Juan
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