Una mala praxis de la Justicia por "cajonear" una causa le costará a la Provincia $222 millones

Una mala praxis judicial le costará al Estado provincial más de 222 millones de pesos entre indemnizaciones y honorarios. Se trata de una derivación del caso donde en 2024 fue condenado por abuso infantil continuado Roberto Clavero, un conocido dirigente político y cooperativista del Valle de Traslasierra.

La denuncia que generó esa causa tardó 17 años en tramitarse en los tribunales de Villa Dolores. Finalmente, en 2024, Cravero fue condenado a 28 años de prisión.

Por distintas inhibiciones, la causa contra ese "cajoneo" del caso llegó a los tribunales de Villa Carlos Paz, donde la jueza en lo Civil, Comercial y de Familia Viviana Rodriguez acaba de condenar al Estado provincial a resarcir a M.A.R. (hoy de 36 años) con más de $160 millones. Ese monto, más otros $60 millones entre honorarios y peritajes, suman$ 222 millones.

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La denunciante, hija de una pareja de Clavero, fue víctima de sus abusos durante casi 20 años. Si la Justicia hubiese actuado a tiempo, los daños hubieran sido sensiblemente menores.

Según la jueza Rodriguez, fue flagrante la falta del servicio de la Justicia en Villa Dolores, lo que constituyó una parálisis de la causa y una violación a los derechos humanos que duró años.

La demanda civil por daños y perjuicios fue presentada en febrero de 2025 por M.A.R., patrocinada por los abogados Emiliano Binante y Germán Romero Marcón. La sentencia no fue apelada por los defensores de la Provincia y está firme.

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En su recorrido por los tribunales de Traslasierra, fueron cinco los magistrados que se inhibieron de actuar por sus vínculos con los exfiscales demandados.

Los cinco demandados son Ricardo Romero Uez, Noemi Bobbio, Sergio Cuello, Raúl Castro y Lucrecia Zambrana. Los tres últimos siguen en actividad en el Poder Judicial.

Además de esa demanda civil, la causa penal en contra de cinco magistrados (dos jubilados y tres en actividad) actualmente se encuentra en manos de la fiscal Analía Gallarato, de los tribunales de Villa Cura Brochero.

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"Deberían asumir los costos de sus respectivos patrimonios, quizá así ejercerían sus funciones con responsabilidad", dijo ayer Binante a La Voz. "Esperamos que la Justicia penal siga el camino de la Justicia civil, y que los denunciados sean condenados por una omisión que consideramos aberrante", agregó el abogado.

En marzo de 2005 fue Analía Montenegro, la madre de la víctima, quien denunció los abusos que se venían cometiendo desde los cuatro años de la niña. Pero poco después se retractó arguyendo que los hechos no eran ciertos, y que representaban una fabulación de su hija, entonces de 14 años.

Lo cierto es que pasaron varios fiscales, pero hasta 2022 la causa habitó en los tribunales sin moverse. En la demanda, la denunciante atribuye la "parálisis" a la influencia política de Clavero, hombre muy cercano a Oscar González, reconocido como el jefe político del PJ de Traslasierra por largos años.

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En marzo de 2022, por casualidad, M.A.R. llegó a los tribunales para ser testigo en otro caso. Fue entonces que preguntó por su causa, que fue rescatada y luego tramitada por la fiscal Eugenia Ferreyra. A los pocos días, Clavero era detenido e imputado por abuso sexual con acceso carnal continuado agravado y promoción a la corrupción de menores.

Después fue imputada su expareja, y madre de la víctima, por encubrimiento agravado del mismo delito.

Por sus características, el proceso fue histórico y escandaloso. La víctima contó con el acompañamiento de la Mesa de Derechos Humanos de Traslasierra y con un apoyo comunitario que se hizo sentir en numerosas manifestaciones.

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El juicio llegó en mayo de 2024. Clavero fue condenado a 28 años de prisión y su expareja, a 16. En lo civil, se los penó a pagar una indemnización de $119 millones.

"De ese monto, no han pagado ni un peso. Clavero incurrió en una insolvencia fraudulenta, causa que está en trámite de casación. Ambos dicen no tener bienes", aclaró Binante.

El fallo de 2024 incluía las figuras de resarcimiento por daño psíquico y tratamiento psicoterapéutico futuro, figuras que en la sentencia reciente fueron rechazadas por la jueza, por considerarse ya pagas

Según el abogado Binante, actualizados los números son por indemnización a la víctima más de $162 millones, otros $36 millones se asignan a los honorarios de los defensores y $22 millones a los representantes de la Provincia. Y unos $ 930 mil se asigna a un perito psiquiatra. El total asciende a $222.707.598.

Los representantes de la Provincia que percibirán honorarios son Armando Andruet y Gustavo Laucirica. Sobre eso, Binante apuntó que le resultó llamativo. "Nos pareció curioso que no contestaron la demanda, no presentaron pruebas, sólo se presentaron a la audiencia unos minutos", señaló..

Hugo Roberto Clavero se mencionaba en 2022, cuando fue detenido, como uno de los precandidatos a la intendencia de Villa Dolores por el PJ al año siguiente. Presidía desde 2016 la Cooperativa Eléctrica Mixta del Oeste (Cemdo Limitada), la empresa con mayor facturación de Traslasierra, que presta servicios en 13 localidades.

Manejaba esa poderosa entidad e influía en distintos espacios públicos y políticos. Era también presidente del Partido Justicialista regional, siempre formando parte del entorno inmediato del exlegislador y exministro Oscar González. Y llevaba décadas como jefe del gremio de empleados de Comercio de Traslasierra.También ocupó varios cargos en el Gobierno provincial.

Fuente: La Voz

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