Una marginalidad delictiva muy cercana al poder

Siempre parece que se trata de un caso extremo. Que es la gota que rebasa el vaso. El colmo; el hecho que evidencia una degradación tan profunda que forzará un cambio. Pero no cambia nada: el acomodo sigue siendo la norma en varios sectores del Estado, donde siempre parece haber lugar para un impresentable más.

Ocurrió en enero de 2025, cuando el dirigente peronista Guillermo Kraisman fue detenido por intentar cobrar el sueldo de una empleada legislativa que no había trabajado nunca y que él mismo había recomendado acomodar en un cargo. Ocurrió también en septiembre de 2024, cuando Kraisman –quien entonces era funcionario de la Municipalidad de Córdoba– fue sorprendido al intentar hurtar fiambre de un supermercado. Y mucho antes, en 2001 y en 2003, cuando el dirigente tuvo causas por agresiones. Y en 2006, cuando Kraisman, también dirigente del club Avellaneda, fue acusado por la presunta sustracción de energía eléctrica.

Nada de todo eso impidió que siguiera estrechamente vinculado al poder. Sin dudas, alguna función cumplió en la estructura que desde hace 27 años sostiene al peronismo en el Gobierno de Córdoba.

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El último escándalo de Kraisman dejó a la vista –luego de que La Voz judicializó un pedido de acceso a información pública que inicialmente la Legislatura no respondió– que la Unicameral de 70 miembros tenía en mayo del año pasado casi 1.750 empleados, entre ellos, 1.055 contratados.

No cambió nada. En septiembre, eran 1.046 los empleados contratados. Y muy posiblemente uno de ellos haya sido José Aníbal Ricardo Villarreal, recientemente detenido junto con otros ocho habitantes del norte provincial, acusados de grooming y de abuso sexual –en algunos casos, con acceso carnal– de dos menores de 13 y de 14 años.

Conocida la detención, en la Legislatura comenzó nuevamente la adecuación del relato sobre el "asesor" del legislador oficialista Ernesto Ramón Flores. De repente, el detenido figuraba en la nómina, pero ya no asesoraba. Luego otra versión: era asesor del bloque y no del legislador.

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Más tarde se dijo que asesoraba "en el territorio": un puntero del peronismo sostenido por la Legislatura sin que cumpla ninguna función legislativa y acusado de abusar de dos adolescentes en situación de extrema vulnerabilidad en Villa de María del Río Seco.

Esto ocurre luego del horror que la Justicia adjudica a Claudio Barrelier, el becario de la Dirección de Tránsito de la Municipalidad de Córdoba acusado del femicidio de Agostina Vega, la adolescente que también tenía 14 años cuando fue abusada y asesinada.

El acomodo de Barrelier, su continuidad como becario pese a haber sido detenido durante 21 días por una denuncia previa de privación ilegítima de la libertad y su inminente ascenso a contratado municipal al momento del femicidio que se le adjudica expusieron de manera brutal tanto el descontrol municipal como la cercanía política de Barrelier, quien tenía fotos con los principales dirigentes del PJ cordobés.

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La gestión de Daniel Passerini asumió la responsabilidad. Luego anunció que revisaría todas las becas y los monotributos municipales. Todavía no se sabe si alguien se fue, pero al menos les pidieron certificados de antecedentes penales a los miles que se desempeñan en esa condición.

Casi en simultáneo, se conoció el caso de Carlos Sebastián Saavedra Paredes, preso desde noviembre de 2025 por portar una licencia de conducir trucha. Cuando el fiscal Juan Pablo Klinger tiró del hilo, descubrió un aparente entramado de falsificación de documentos y estafas contra la administración pública. También detectó que el detenido era "chaleco celeste". Antes de ingresar al programa municipal Servidores Urbanos, fue empleado de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf). Y antes de todo eso, había estado preso durante años por robo calificado y venta de drogas.

El trasfondo de acomodos a través de ese programa social de subsistencia lleva directo a un aparato de marginalidad al servicio del poder. El programa existe desde que Luis Juez fue intendente y sumó miles de "beneficiarios" en la gestión municipal de Martín Llaryora, que en buena medida reemplazó con "chalecos" los servicios urbanos que son inviables en manos de empleados municipales formales, los cuales tienen un costo salarial superior a $ 4 millones. Un servidor urbano cobra menos del 20% de esa cifra.

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Fue tal el desmanejo que el esquema se volvió incontrolable para el propio peronismo cordobés, que ahora emprendió la tarea de desmontarlo, por el riesgo político que supone a las puertas de una campaña electoral. En concreto, se están dando de baja miles de beneficios y muchas de las tareas de los "chalecos" son asignadas directamente a cooperativas.

Cuatro casos estruendosos. Demasiadas evidencias de descontrol y de riesgosa cercanía entre poder y marginalidad delictiva.

Fuente: La Voz

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