Una mujer demanda a AstraZeneca tras quedar con una discapacidad del 75,6%

Flavia Ochoa solicitó una recompensa tras ser diagnosticada con el síndrome de Guillain-Barré después de recibir una dosis de la vacuna contra el Covid-19

"Cuando me quise levantar para ir a trabajar no me pude levantar. Me caí peso muerto al costado de la cama. No podía mover los brazos, después no podía mover las piernas". Con ese recuerdo comienza el relato de Flavia Ochoa, una vecina de Coronel Moldes, Córdoba, que decidió iniciar una demanda civil contra AstraZeneca y el Estado nacional al sostener que el cuadro neurológico que hoy limita su movilidad apareció luego de recibir una dosis de la vacuna contra el Covid-19.

La presentación judicial reclama una indemnización por incapacidad sobreviniente, daño moral, pérdida del proyecto de vida, daño emergente y daño punitivo. También cuestiona distintos artículos de la Ley 27.573, que reguló la adquisición de vacunas contra el Covid-19 y creó un fondo de reparación para personas que acrediten daños derivados de la vacunación.

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Según la demanda, Ochoa recibió el 4 de enero de 2022 la tercera dosis de la vacuna AstraZeneca en un centro de vacunación de Coronel Moldes. De acuerdo con el escrito, horas más tarde comenzaron fuertes calambres y dolores musculares y, al día siguiente, sufrió una pérdida progresiva de movilidad que motivó sucesivas consultas médicas y posteriormente una derivación a un sanatorio de Río Cuarto.

La mujer relató que los primeros síntomas aparecieron pocas horas después de la vacunación.

"Empecé a sentir unos calambres muy fuertes, dolores muy intensos. Me acosté y al otro día, cuando me quise levantar para ir a trabajar, no me pude levantar. Me caí peso muerto al costado de la cama. No podía mover brazos, después no podía mover piernas", recordó.

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De acuerdo con la documentación incorporada a la causa, en el Sanatorio Privado de Río Cuarto fue sometida a estudios de imágenes, punción lumbar y análisis complementarios, tras los cuales recibió el diagnóstico de síndrome de Guillain-Barré con cuadriparesia. Los informes médicos agregados al expediente consignan además un tratamiento con gammaglobulina, dexametasona y un prolongado proceso de neurorehabilitación.

En uno de los certificados médicos incorporados a la demanda, el neurólogo tratante describió un cuadro de cuadriparesia flácida que requirió inicialmente silla de ruedas y posteriormente dispositivos de asistencia para la marcha. También forman parte del expediente indicaciones médicas de rehabilitación, prescripciones de silla de ruedas y el certificado único de discapacidad.

"Hoy sigo con rehabilitación tres veces por semana y puedo caminar con andador. El neurólogo ya me dijo que esa es la secuela que me quedó. Vivo con dolores intensos todo el tiempo, tengo que usar collarín y me canso muchísimo. Mi vida cambió un antes y un después", afirmó Ochoa en declaraciones exclusivas a la Agencia Noticias Argentinas.

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Entre ellos figuran la historia clínica, certificados neurológicos, estudios complementarios, constancias de denuncia de Evento Supuestamente Atribuible a la Vacunación o Inmunización (ESAVI), un reporte remitido a la ANMAT, el certificado de discapacidad, recibos laborales y el dictamen de la Comisión Médica de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.

Ese dictamen estableció una incapacidad laboral del 75,60%, porcentaje que constituye uno de los fundamentos centrales del reclamo indemnizatorio.

La demanda sostiene que existe una relación causal entre la vacunación y el cuadro neurológico desarrollado por la mujer. Ese planteo integra el objeto del proceso judicial y deberá ser evaluado por la Justicia a partir de la prueba producida durante el expediente.

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Antes de acudir a la Justicia, Ochoa promovió el procedimiento administrativo previsto por la Ley 27.573 para personas que alegan haber sufrido daños asociados a vacunas contra el Covid-19.

Según la demanda, el reclamo fue rechazado luego de que la Comisión Nacional de Seguridad en Vacunas concluyera que no había podido establecer un nexo causal entre la vacuna y el evento denunciado, decisión que la actora cuestiona en sede judicial.

"Primero hicimos el reclamo administrativo. No obtuvimos ninguna respuesta favorable y entonces decidimos iniciar el juicio. La causa está muy lenta, está media frenada", señaló la denunciante.

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La acción judicial también cuestiona la constitucionalidad de distintos artículos de la Ley 27.573 y, en forma subsidiaria, solicita el reconocimiento del fondo de reparación previsto por esa normativa para personas que acrediten daños derivados de la vacunación.

En la justicia federal un expediente transita, pero con demoras. Durante el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner tomaron la decisión política de darle lugar a las vacunas rusas y las que acercó el químico Hugo Sigman. El octogenario empresario eligió para vivir España y, hasta el momento, logró evadir respuestas.

Fuente: El Esquiú

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