Una póliza de seguros vinculó al exintendente de Olivos con una consultora de Milei

Una póliza de accidentes personales emitida por BBVA Seguros quedó en el centro de la denuncia que la diputada Marcela Pagano presentó sobre la Quinta de Olivos. El documento, contratado en marzo de 2024 por Analía Agudiez, cubre a "personal de catering" y entre los asegurados figuran el entonces administrador general de la Residencia Presidencial, Osvaldo Javier Sosa, y las coordinadoras María Laura Villegas y Camila Tamara Iasychyn Zapata.

Los beneficiarios consignados en el documento son la firma Foggia Group y Mara Gorini, consultora de la Secretaría General de la Presidencia. La vigencia de la póliza coincide con la "Bizarren Musik Party", realizada el 1 de marzo de 2024 en el estadio de GEBA, un evento en cuya gráfica apareció el logo de Foggia.

Una trama de vínculos familiares y políticos

Analía Agudiez es pareja de Sosa y hermana de María Belén Agudiez, quien se desempeñó como subsecretaria de Planificación de la Secretaría General hasta que el presidente le aceptó la renuncia, con vigencia desde el 20 de septiembre. Belén Agudiez era considerada cercana a Karina Milei y fue quien recomendó la incorporación de Sosa a la administración de la residencia.

En sus posteos sobre el tema, Pagano había señalado que Sosa "seguía trabajando en el catering de la familia Agudiez" mientras era intendente de la Quinta, y que ese catering a su vez prestaba servicios para eventos vinculados a Foggia. La diputada sostuvo además que la póliza demuestra que Gorini nunca se desvinculó formalmente de esa empresa pese a ocupar un cargo en la Casa Rosada.

El 17 de septiembre, la Presidencia informó la disolución de la Administración General de la Residencia de Olivos y el traspaso del control operativo a la Casa Militar. Ese recambio se dio en paralelo a denuncias por el volumen de compras de alimentos para la Quinta. Pagano pidió investigar si el emprendimiento privado "Pancitos Caseros", asociado a Analía Agudiez, usó personal o insumos vinculados a la residencia, aunque esa hipótesis forma parte de la causa judicial y todavía no está acreditada.

Medios que analizaron la documentación precisaron que el cruce entre la póliza y los cargos públicos de los asegurados está identificado, pero que el presunto desvío de mercadería estatal hacia el catering privado no está comprobado.