Una víctima fallecida, otra desaparecida y tres propiedades obtenidas de forma fraudulenta: el saldo de la viuda negra y su banda

La investigación contra Carina Fernanda Godoy, conocida como la "Viuda Negra", escaló niveles impensados y con tintes de película, dada la gravedad de los hechos que fueron expuestos este viernes por la tarde en una audiencia de cuatro horas. Es que la fiscalía expuso una serie de maniobras que, según la acusación, habrían tenido como blanco a adultos mayores en situación de vulnerabilidad, de los cuales uno falleció en sospechosas circunstancias, otro permanece detenido y otros dos se encuentran en un calamitoso estado de salud. 

La causa ya no se limita a los primeros hechos atribuidos a Godoy, ya que el expediente incorpora a siete damnificados y alcanza a un total de 11 imputados. En la audiencia, que fue comandada por la jueza de Garantías Gloria Verónica Chicón, el fiscal Eduardo Gallastegui -secundado por Milena Berbari- apuntó directo por el delito de estafa a Godoy y su banda criminal, representados por los abogados Gustavo de la Fuente y Franco Vázquez.

La instrucción busca determinar el papel que habría cumplido cada uno de los involucrados en una serie de operaciones financieras y patrimoniales que, según la hipótesis fiscal, se habrían repetido con distintas víctimas.

La mecánica investigada presenta un patrón común. De acuerdo con la exposición realizada durante la audiencia, Godoy habría logrado acercarse a adultos mayores que se encontraban solos o atravesaban situaciones de especial vulnerabilidad. A partir de ese vínculo habría obtenido documentación, datos personales, información bancaria y, en algunos casos, acceso a teléfonos o servicios de home banking.

Con esos datos se habrían gestionado numerosos créditos y préstamos bancarios, mutuales y comerciales a nombre de las víctimas. Una vez que el dinero era acreditado, parte de esos fondos habría sido transferida rápidamente a cuentas de terceros vinculados con el entorno de Godoy. La fiscalía expuso movimientos bancarios que mostrarían transferencias hacia cuentas de familiares y allegados, además de operaciones posteriores destinadas a dispersar el dinero.

Uno de los elementos que los investigadores consideran relevante es que varias de esas operaciones habrían dejado rastros tecnológicos. Direcciones IP, números de teléfonos, correos electrónicos y dispositivos utilizados en las gestiones bancarias aparecen vinculados, según la acusación, con personas del entorno de la principal imputada. En algunos casos, las cuentas receptoras habrían recibido inmediatamente los fondos obtenidos mediante los créditos.

El expediente tiene una particularidad que marca la gravedad de la investigación: son siete los adultos mayores identificados como damnificados y sus historias presentan distintos niveles de vulnerabilidad.

Entre ellos hay un hombre que murió en abril de 2021 y cuyo fallecimiento es analizado por los investigadores en relación con las maniobras que se atribuyen a Godoy. También hay otro adulto mayor que permaneció desaparecido y que finalmente fue localizado en una vivienda del barrio Córdoba, en condiciones de salud y habitabilidad extremadamente precarias.

Ese hombre declaró ante los investigadores que había sido mantenido encerrado, que no podía retirarse del lugar y que nunca había solicitado los créditos que figuraban a su nombre. Según su relato, tenía una vivienda pero distintas personas se la habrían quitado y posteriormente lo trasladaron hasta el domicilio donde fue encontrado.

La investigación también puso el foco sobre un jubilado ciego, exmédico, que percibía una jubilación elevada y que habría quedado involucrado en una enorme cantidad de operaciones crediticias. De acuerdo con lo expuesto en la causa, a su nombre se habría obtenido incluso un crédito cercano a los 50 millones de pesos.

Otros damnificados presentaban enfermedades o discapacidades. Entre los perfiles relevados por los investigadores aparecen jubilados viudos, personas que vivían solas o que tenían escaso contacto con sus familiares, además de víctimas con discapacidad motriz, cáncer o ceguera.

Por la situación en la que fueron encontrados dos de los adultos mayores, la fiscalía dio intervención al área de Adultos Mayores del Ministerio de Desarrollo Humano y Familia, ante la presunta situación de extrema vulnerabilidad y el despojo de sus viviendas y otros bienes.

Pero la hipótesis fiscal no se limita al dinero obtenido mediante préstamos. La investigación también analiza cómo algunos de los involucrados habrían avanzado sobre las viviendas y otros bienes de las víctimas.

Según el relato incorporado a la causa, mediante la intervención de una escribanía se habrían obtenido poderes de amplias facultades que permitían disponer de los bienes de los adultos mayores. Esos instrumentos habrían sido utilizados para realizar operaciones sobre inmuebles, incluidas ventas y donaciones.

Uno de los casos que despertó especial atención es el de una víctima fallecida el 3 de abril de 2021. El hombre tenía una propiedad en calle Catamarca, donde actualmente vivirían integrantes del entorno familiar de Godoy. Antes de su muerte, mediante un poder otorgado en la misma escribanía, se habría constituido un usufructo vitalicio a favor de la mujer.

Pero la investigación detectó además que, apenas unas semanas después de la muerte del hombre, el 26 de abril de 2021, se habrían realizado operaciones sobre tres propiedades que pertenecían a la víctima: una en Capital, otra en Rawson y una tercera en Caucete. La fiscalía analiza si esas operaciones podían realizarse con el poder utilizado y también puso bajo la lupa la actuación del escribano interviniente.

Las circunstancias en las que murió también son material de investigación, pues ingresó a un geriátrico en condiciones dudosas. Por lo que la instrucción podría derivar en una causa más grave por homicidio. 

En este contexto, la fiscalía intenta determinar qué papel tuvo cada uno de los integrantes del grupo. La hipótesis no plantea necesariamente que todos hayan realizado las mismas tareas: algunos aparecen vinculados a las cuentas receptoras del dinero, otros a operaciones financieras y otros a domicilios o dispositivos utilizados durante las maniobras.

Entre los imputados mencionados durante la audiencia se encuentran Enzo Araya Godoy, María Alejandra Pugliese Suárez, Analía del Carmen Rodríguez, Celeste Rodríguez Roldán, Rocío Solar, Micaela Araya, Juan Ignacio Gómez, José Rodríguez y Sofía Aguilera, además de Carina Fernanda Godoy y otro imputado cuyo nombre no surge de la nómina aportada para esta nota.

La fiscalía sostiene que algunos de ellos habrían actuado como partícipes necesarios en las maniobras, principalmente a través de cuentas bancarias, recepción o transferencia de fondos y otras acciones que habrían permitido completar el circuito del dinero. En el expediente, esa participación deberá ser analizada individualmente para determinar qué conducta concreta se atribuye a cada persona.

Uno de los principales elementos de la investigación son los movimientos bancarios. La fiscalía reconstruyó operaciones en las que el dinero ingresaba a una cuenta y, poco después, era enviado a otras cuentas vinculadas con personas del entorno de Godoy.

En uno de los casos analizados, por ejemplo, un préstamo obtenido a nombre de una víctima terminó parcialmente en una cuenta bancaria perteneciente a Miguel Ángel López. Desde allí se detectaron transferencias hacia cuentas vinculadas a integrantes del entorno investigado. También aparecieron ingresos provenientes de haberes jubilatorios que posteriormente eran derivados a terceros.

La pesquisa también encontró créditos registrados a nombre de adultos mayores que luego eran seguidos por transferencias inmediatas. Para los investigadores, ese patrón constituye uno de los elementos que deberán ser profundizados para determinar si las operaciones formaban parte de una maniobra coordinada.

Incluso aparecen operaciones de menor monto, como compras realizadas mediante aplicaciones de delivery. Según la investigación, algunos de esos pedidos fueron enviados a domicilios que posteriormente fueron allanados y donde fueron detenidos algunos de los imputados.

El expediente comenzó con denuncias individuales contra Godoy y fue creciendo a medida que los investigadores incorporaron nuevos damnificados, movimientos bancarios y elementos tecnológicos. La causa ya había tenido una ampliación previa por una denuncia de un jubilado que aseguró haber sufrido un perjuicio de millones de pesos, y posteriormente se produjeron nuevas detenciones de personas señaladas como posibles cómplices.

Ahora, con siete víctimas bajo análisis y 11 personas imputadas, la Justicia busca reconstruir hasta dónde habría llegado la presunta red, cuánto dinero habría sido obtenido mediante créditos y otras operaciones y qué bienes pudieron haber sido transferidos o utilizados por los sospechosos.

La cuestión central será determinar si las operaciones detectadas forman parte de un mismo esquema y, sobre todo, qué grado de responsabilidad tuvo cada uno de los imputados en las maniobras atribuidas a Godoy. Hasta tanto avance la investigación, las acusaciones constituyen hipótesis fiscales que deberán ser acreditadas durante el proceso.