Vacunación contra la aftosa: crece el rechazo a la desregulación

Mientras entidades rurales bonaerenses cuestionaron la flexibilización impulsada por el Senasa, en La Pampa la Coprosa ya advirtió hace tiempo sobre los riesgos para el sistema sanitario construido durante más de 25 años y reclamó preservar el rol de los entes sanitarios.

La Resolución 201/2026 del Senasa abrió un frente de críticas. No solo desde gobiernos provinciales sino también desde organizaciones rurales. La decisión de modificar el esquema de vacunación contra la fiebre aftosa y la brucelosis generó preocupación por el futuro de un modelo que permitió sostener durante más de quince años la ausencia de circulación viral y el reconocimiento internacional de Argentina como país libre de aftosa.

La Política Online reflejó que 16 rurales de la provincia de Buenos Aires rechazaron la desregulación al considerar que pone en riesgo un sistema sanitario reconocido internacionalmente y que las modificaciones generan incertidumbre sobre quién garantizará el cumplimiento efectivo de las campañas de vacunación.

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El debate trasciende la discusión administrativa. Quienes cuestionan la medida sostienen que el modelo vigente fue construido durante más de dos décadas mediante el trabajo conjunto entre el Estado, los productores y las fundaciones sanitarias, y advierten que cualquier cambio debería preservar ese entramado institucional antes que desarticularlo.

En La Pampa.

La Comisión Provincial de Sanidad Animal (Coprosa), integrada por el Gobierno de La Pampa, las 24 fundaciones sanitarias, el INTA, el Colegio Médico Veterinario, la Facultad de Veterinarias de la UNLPam y las entidades rurales (Carbap, Coninagro, Sociedad Rural Argentina y Federación Agraria), coincidió en defender el esquema vigente. Durante una reunión extraordinaria encabezada por la ministra Fernanda González, realizada en marzo de este año, ya se alertó sobre las dificultades que podría generar la nueva normativa en materia de controles, conservación de la cadena de frío, logística, responsabilidades sanitarias y sostenibilidad de las fundaciones que ejecutan las campañas.

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El subsecretario Ricardo Baraldi sostuvo que la resolución nacional no contempla las particularidades del interior productivo y recordó la inversión realizada durante décadas por los productores para alcanzar el actual estatus sanitario. En ese momento, la Coprosa resolvió elevar un documento al Gobierno nacional expresando esas preocupaciones.

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Fuente: La Arena

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