Vence el ultimátum al Reino Unido y el Gobierno lleva el petróleo de Malvinas al Tribunal del Mar

Este lunes 12 de octubre se cumplen las dos semanas que la Argentina le dio al Reino Unido para frenar el proyecto petrolero Sea Lion. Londres no retrocedió y la Cancillería prepara un pedido de medidas provisionales en Hamburgo.

Por Redacción

El canciller Pablo Quirno, durante su discurso en la cena anual del CARI, donde desafió al Reino Unido a defender su posición ante un tribunal internacional. (Foto: gentileza)

Este lunes 12 de octubre vence el plazo que el gobierno de Javier Milei le dio al Reino Unido para detener la explotación petrolera en la Cuenca Malvinas Norte. Londres rechazó el ultimátum desde el primer día y en la Casa Rosada nadie espera un cambio de postura.

El paso siguiente lo anticipó el propio Javier Milei el 28 de septiembre, cuando formalizó la intimación: si Londres no frenaba la explotación en dos semanas, la Argentina iría al Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en Hamburgo, Alemania. Como el Reino Unido no se movió, la Cancillería trabaja en esa presentación, aunque todavía no confirmó la fecha.

La Argentina no le pide al tribunal que decida de quién son las islas. No tiene esa competencia: solo interpreta y aplica la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar), de la que ambos países son parte.

El reclamo de fondo es un arbitraje previsto en el Anexo VII de la Convemar, que el Gobierno notificó a Londres el 28 de septiembre. Como la Argentina eligió el Tribunal del Mar y el Reino Unido prefiere la Corte Internacional de Justicia, el caso queda en manos de un tribunal arbitral de cinco miembros que todavía debe conformarse.

Mientras tanto, la Cancillería busca que el Tribunal del Mar dicte medidas provisionales para frenar Sea Lion antes de que empiece a producir, algo previsto para 2028. Para eso, los jueces deberán evaluar si tienen jurisdicción, si hay urgencia y qué derechos corresponde preservar.

El tribunal tiene 21 jueces. El 1 de octubre eligió como vicepresidenta a la jurista argentina Frida Armas Pfirter.

El 3 de septiembre, Milei anunció por cadena nacional un paquete de medidas sobre Malvinas. Incluyó un proyecto de ley que endurece las sanciones a las empresas que exploten recursos en las islas sin autorización argentina, una base naval integrada en Ushuaia y un Consejo de Seguridad Nacional.

Días después, ante la Asamblea General de la ONU, el Presidente volvió a definir a Malvinas como «causa nacional».

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El 28 de septiembre llegó la intimación formal. Por un comunicado de la Oficina del Presidente, el Gobierno le dio a Londres dos semanas para frenar Sea Lion. En X, Milei fue directo: «Si en dos semanas el Reino Unido no frena la explotación ilegítima, vamos a ir al Tribunal Internacional del Derecho del Mar».

La respuesta británica fue inmediata. Londres convocó a la embajadora argentina, Mariana Plaza, para transmitirle su rechazo. La subsecretaria parlamentaria para los Territorios de Ultramar, Uma Kumaran, acusó a la Argentina de querer «socavar la prosperidad y la seguridad económica de un pueblo con autogobierno». También sostuvo que las actividades petroleras en la zona respetan el derecho internacional.

El 1 de octubre, la Cancillería contestó con un comunicado: si el Reino Unido está convencido de eso, «nada tiene que temer de un tribunal». Recordó además que ambos países aceptaron los mecanismos de solución de controversias de la Convemar al ratificarla.

El canciller Pablo Quirno repitió el argumento en la cena anual del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI). «Si Londres sostiene que sus actividades se ajustan al derecho internacional, tendrá la oportunidad de demostrarlo ante un tribunal compuesto por árbitros independientes», dijo. Según publicó La Nación, el embajador británico, David Cairns, se retiró de la gala al terminar el discurso.

Sea Lion es un yacimiento costa afuera ubicado unos 220 kilómetros al norte de las islas. Lo desarrollan la israelí Navitas Petroleum, operadora y principal accionista, y la británica Rockhopper Exploration, con licencias otorgadas por el gobierno isleño. Ambas mantienen sus planes pese a la ofensiva argentina.

El Gobierno confía en un antecedente: en 2012, el mismo tribunal ordenó en dos meses liberar la fragata Libertad, retenida en Ghana por un reclamo de fondos buitre.

La estrategia, sin embargo, tiene críticos. Diplomáticos consultados por La Nación la consideraron arriesgada: recordaron que los gobiernos anteriores evitaron judicializar la cuestión Malvinas por temor a que un fallo adverso favorezca a los isleños. También advirtieron que el argumento británico de la autodeterminación suele tener peso en los tribunales internacionales.

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Este lunes 12 de octubre vence el plazo que el gobierno de Javier Milei le dio al Reino Unido para detener la explotación petrolera en la Cuenca Malvinas Norte. Londres rechazó el ultimátum desde el primer día y en la Casa Rosada nadie espera un cambio de postura.

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