Venta ilegal de terrenos en Villa Mercedes: dos acusados irán a juicio por 32 presuntas estafas

La Justicia de Villa Mercedes elevó a juicio oral la causa que investiga la presunta venta ilegal de terrenos en la zona del barrio Familia Unida. La decisión fue adoptada durante una audiencia de control de acusación realizada en el Juzgado de Garantía N° 3 de la Segunda Circunscripción Judicial.

La jueza Natalia Pereyra Cardini admitió la prueba presentada por las partes y ordenó remitir el expediente a la Oficina Judicial para la designación del tribunal que deberá intervenir en el debate.

La acusación alcanza a Mayte Reyna del Portugal Escudero, imputada por 27 hechos de estafa reiterada en concurso real, en calidad de coautora, y a Luciano Pizarro Quiliman, acusado como autor de cinco hechos de defraudación simple en concurso real.

Durante la audiencia, el Ministerio Público Fiscal solicitó 20 años de prisión para Escudero y 7 años de prisión de cumplimiento efectivo para Pizarro Quiliman.

Como agravantes, Fiscalía señaló la presunta organización de las maniobras, la participación de varias personas y la magnitud del perjuicio patrimonial ocasionado a los damnificados.

La investigación sostiene que Escudero habría celebrado convenios de cesión de derechos posesorios sobre terrenos que no le pertenecían y cuya posesión no podría acreditar. Los acuerdos habrían sido instrumentados con certificación de firmas ante una escribana.

Los terrenos se encuentran en la zona del barrio Familia Unida y corresponden a unas 16 manzanas que, tras distintos procedimientos administrativos, fueron adquiridas por la Municipalidad de Villa Mercedes y cedidas al Gobierno de San Luis. De acuerdo con la acusación, el Estado provincial sería el único habilitado para escriturarlos.

La Fiscalía planteó que las operaciones involucraron montos variables y pagos en cuotas, y calificó el perjuicio investigado como una defraudación de carácter millonario.

Respecto de Pizarro Quiliman, el Ministerio Público Fiscal sostuvo que habría recibido transferencias de dinero vinculadas con algunas de las operaciones, cuyos acuerdos eran firmados por Escudero o por otra persona que permanece con orden de detención y que tendría vínculo con el acusado.

La acusación también hizo referencia a actuaciones realizadas en el ámbito civil que, de acuerdo con el planteo fiscal, podrían tener relación con la maniobra investigada.

La elevación a juicio se produce luego de que un tribunal revisara la situación de libertad de Mayte Reyna del Portugal Escudero y ordenara su detención.

En una audiencia anterior, el Juzgado de Garantía había dispuesto que la imputada continuara sometida al proceso con medidas menos gravosas, entre ellas la prohibición de salir de San Luis, la obligación de presentarse cada 15 días y la prohibición de mantener contacto con otras personas involucradas.

La decisión fue apelada por Fiscalía y la Querella. El tribunal integrado por Marcelo Bustamante Marone, María Moserrath Bocca y Hernán Herrera consideró que persistían los riesgos procesales y dispuso la detención inmediata de Escudero y su traslado al Servicio Penitenciario Provincial.

Entre los argumentos se mencionaron posibles riesgos de entorpecimiento de la investigación, actuaciones en el ámbito civil, cuestiones vinculadas con los domicilios informados y la complejidad de la causa.

Con la apertura a juicio, el expediente quedó ahora a disposición del Colegio de Jueces, que deberá avanzar con la designación del tribunal y establecer la fecha del debate oral.