Vicuña: con el reloj corriendo, el inusual despliegue político del gobierno en Diputados

El convenio firmado entre el gobierno de San Juan y Vicuña contempla un desembolso de US$ 250 millones y debe ser aprobado por la Legislatura dentro de un plazo de 60 días. Este viernes, el Gobierno desplegará a tres ministros y al secretario general de la Gobernación en Diputados para explicar el acuerdo y buscar que avance su tratamiento.

El acuerdo entre San Juan y Vicuña ya tiene firma, pero todavía no tiene vigencia: es que, desde el 5 de agosto, cuando el Gobierno provincial y la minera sellaron el entendimiento que contempla un desembolso de US$ 250 millones, comenzó a correr un plazo que ahora pone la lupa en la Legislatura.

En efecto, la letra chica del convenio establece que la aprobación legislativa deberá concretarse dentro de los 60 días, por lo tanto, vence el próximo 4 de octubre. Y si los diputados no lo aprueban por ley, se cae y los dólares se esfuman.

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Pese a que el oficialismo cuenta aparentemente con los votos necesarios para aprobar el acuerdo –así lo demuestra un sondeo que hizo Tiempo de San Juan- el Gobierno no quiere correr riesgos con el trámite.

Despliegue de ministros

Por eso este próximo viernes, a las 8,30, desembarcará en la Cámara de Diputados con un verdadero batallón de funcionarios para explicar los alcances del acuerdo y despejar las dudas que puedan aparecer entre los legisladores.

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A la reunión concurrirán el ministro de Minería, Juan Pablo Perea; su par de Producción, Gustavo Fernández; y el secretario general de la Gobernación, Emilio Achem, según fuentes calificadas. También podría sumarse el ministro de Infraestructura, Fernando Perea.

El despliegue no es casual: el Ejecutivo necesita que el convenio avance dentro del plazo previsto y busca darle respaldo político y técnico a un acuerdo que, por el monto involucrado y por las condiciones que establece, es uno de los entendimientos económicos más relevantes alcanzados por la provincia con un proyecto minero.

Pero detrás del desembolso millonario hay varios detalles que hasta ahora habían quedado en segundo plano. El proyecto que Orrego envió a la Legislatura no solo pone en marcha el trámite para que San Juan pueda recibir los fondos: también establece condiciones, plazos y obligaciones que deberán ser analizados por los diputados antes de darle el visto bueno.

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Y allí está ahora la verdadera clave del acuerdo: qué dice la letra chica, qué plazo tiene la Legislatura para aprobarlo y qué ocurre si ese paso no se completa a tiempo.

El reloj que corre

Tal como se ha venido informando, el Acta Compromiso fue firmada el 5 de agosto y establece un plazo de 60 días corridos para que la Legislatura la ratifique. El expediente detalla cómo se instrumentarán los U$S 250 millones para infraestructura, quién administrará el fideicomiso, cuánto cobrará el Banco San Juan y qué pasará con los aportes y regalías durante la vida del proyecto.

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Lo más importante es que si ese plazo vence sin ser aprobado por los diputados, el acuerdo queda sin efecto.

La letra chica del acuerdo

El acuerdo establece un Aporte DIA Fijo de hasta U$S 250 millones. El dinero tendrá como destino la ejecución anticipada de obras de infraestructura preestablecidas en cualquier parte de la provincia y no solo en el departamento de Iglesia donde está el proyecto de cobre. La minera se compromete a depositar la plata a partir del 20 de diciembre de 2026.

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No será una transferencia única de U$S 250 millones: los desembolsos se irán haciendo contra la presentación de los certificados de avance de las obras que se van a financiar. El gobernador Orrego y anuncio que con parte de este fondo construirá la ruta 40 norte, entre Albardón y San Roque, en Jáchal. Pero les sobrará dinero y hay en carpeta otras obras viales, de agua y saneamiento hídrico, vivienda, etc.

Este aporte DIA fijo permite cancelar cualquier obligación correspondiente al otorgamiento de la Declaración de Impacto Ambiental durante los primeros cinco años de comercialización del proyecto, junto con determinadas obligaciones ambientales y comunitarias previstas en el acuerdo. A partir del sexto año, Vicuña comenzará a desembolsar para un fideicomiso. El acuerdo establece expresamente que los fondos no podrán destinarse a propaganda política ni campañas electorales.

La letra chica también establece cómo deberán contratarse las obras. Las empresas que ejecuten los trabajos deberán ser seleccionadas mediante licitación pública, bajo el régimen de Obras Públicas de San Juan. El mecanismo deberá aplicarse independientemente del monto de la obra. El Tribunal de Cuentas de la Provincia podrá ejercer los controles que correspondan sobre el funcionamiento del esquema.

El papel del Banco San Juan

La Provincia tendrá a su cargo su constitución, organización, control y auditoría, mientras que el fiduciario será el Banco de San Juan S.A. La empresa realizará los aportes, pero serán la Provincia y la estructura fiduciaria las que administrarán los recursos y determinarán su aplicación dentro de las condiciones establecidas.

El Banco de San Juan percibirá una comisión del 0,45% anual sobre el patrimonio fideicomitido, de acuerdo con las condiciones establecidas en el contrato. Se trata de una suma relevante teniendo en cuenta que el fideicomiso manejará recursos por hasta U$S 250 millones.

El proximo fideicomiso y las regalías

*Las regalías: El convenio también establece las condiciones de las regalías mineras. Para el proyecto Vicuña se mantiene la tasa del 3%, pero calculada sobre el valor bruto obtenido por la comercialización de los minerales. Es decir, sobre facturación igual que se acordó con la minería del oro, y no sobre boca de mina como es el resto del país. Eso equivale a un desembolso real de entre el 4,3 y 4,5% que si se lo dedujera sobre boca de mina.  El texto sostiene que esta condición se mantiene durante la vida útil del proyecto en función de la situación de la Declaración de Impacto Ambiental de Josemaría y el régimen fiscal aplicable.

*También se fijó cómo resolver eventuales conflictos. El Acta establece un mecanismo específico para eventuales controversias. Si una disputa no puede resolverse amigablemente dentro de los 90 días, podrá recurrirse a un arbitraje bajo el reglamento de la Cámara de Comercio Internacional (CCI). El tribunal estará integrado por tres árbitros, la sede será la ciudad de San Juan y el idioma del procedimiento será el español.

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Fuente: Tiempo de San Juan

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