VIDEO | Discapacidad: advierten por los cambios que plantea el Gobierno en el Presupuesto 2027

El Presupuesto 2027 que debate el Congreso mantiene bajo discusión distintos cambios en el sistema de prestaciones para personas con discapacidad. La abogada previsionalista María Silvia Rapisarda analizó el alcance de las modificaciones y advirtió sobre los riesgos de dejar aspectos centrales sujetos a decisiones posteriores del Poder Ejecutivo.

El proyecto original enviado por el Gobierno contemplaba cambios en los requisitos para acceder a las pensiones por discapacidad, modificaciones en el papel del Certificado Único de Discapacidad (CUD), incompatibilidad entre la pensión y el trabajo registrado y cambios en el sistema de aranceles de las prestaciones.

Sin embargo, durante las negociaciones parlamentarias se plantearon modificaciones al capítulo de discapacidad. El nuevo esquema en discusión mantiene el CUD, contempla una pensión equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio y permite compatibilizar el beneficio con un empleo registrado cuando los ingresos no superen dos salarios mínimos. Estos cambios todavía forman parte del debate parlamentario.

Uno de los aspectos que Rapisarda consideró centrales es la forma en que se actualizarán las prestaciones por discapacidad.

En la actualidad, los aranceles del nomenclador se actualizan de acuerdo con el IPC. En septiembre de 2026, por ejemplo, el Gobierno estableció un incremento del 1,70% para las prestaciones, correspondiente a la variación de precios de julio.

La propuesta que se discute plantea modificar la frecuencia y llevar la actualización a un esquema bimestral, aunque el alcance definitivo todavía depende del texto que avance en el Congreso.

Para Rapisarda, la actualización debería quedar establecida por ley y no depender de decisiones posteriores del Poder Ejecutivo.

"La actualización de las prestaciones tendría que quedar definida por ley", sostuvo la abogada.

La especialista también puso el foco en el nomenclador único, que establece los valores de referencia para las prestaciones destinadas a personas con discapacidad.

"El nomenclador único también garantiza igualdad", afirmó Rapisarda.

Otro de los puntos que la abogada consideró centrales es el acceso a las prestaciones. Rapisarda planteó que los requisitos y mecanismos establecidos para obtener los beneficios no deberían convertirse en obstáculos para quienes necesitan atención.

"Cuando se crean barreras para acceder, también se cercenan derechos", expresó.

En esa línea, sostuvo que el sistema debería permitir que las personas accedan a las prestaciones de forma ágil y sencilla, sin tener que recurrir a la Justicia para obtener servicios contemplados por la legislación.

"Si después esto no sucede y hay escollos, muchas personas no acceden o involucionan de acuerdo con la patología que tenga cada uno", detalló.

La discusión se da mientras el Gobierno y los bloques aliados negocian cambios sobre el capítulo de discapacidad del Presupuesto 2027. Entre los puntos en debate aparecen los criterios de acceso a las pensiones, la compatibilidad con el empleo registrado y la actualización de las prestaciones.

Rapisarda extendió su análisis al resto de la seguridad social y planteó interrogantes sobre la situación de jubilados y beneficiarios de asignaciones familiares.

En materia previsional, indicó que para octubre de 2026 la jubilación mínima será de $435.748,51. El dato fue oficializado por ANSES mediante la Resolución 284/2026.

La especialista también hizo referencia al bono extraordinario de hasta $70.000, que fue establecido para septiembre mediante el Decreto 824/2026.

En cuanto a las asignaciones familiares, Rapisarda advirtió sobre los cambios que plantea el proyecto presupuestario en los mecanismos de actualización. El proyecto contempla modificaciones a la normativa que vincula los aumentos de las asignaciones con la inflación.

Al realizar una evaluación general, Rapisarda cuestionó la situación del financiamiento de la seguridad social.

"Todo lo que sería seguridad social ha sufrido un desfinanciamiento progresivo", agregó.

La abogada remarcó que el tratamiento del Presupuesto 2027 todavía debe atravesar distintas instancias parlamentarias y que el capítulo de discapacidad continúa sujeto a modificaciones y acuerdos entre los bloques.

Por eso, consideró central seguir el debate sobre discapacidad, pensiones, prestaciones, jubilaciones y asignaciones familiares, en especial respecto de los mecanismos de actualización y las condiciones de acceso.

"Garantizar los derechos" implica, dijo Rapisarda, que las personas puedan acceder de forma efectiva a los beneficios establecidos por las leyes y sin obstáculos que terminen obligándolas a recurrir a la Justicia.

Para consultas sobre jubilaciones y pensiones, el estudio Rapisarda – Amiotti atiende en el 2665 041472.