VIDEO | "No podemos seguir funcionando con magia": la crisis de los centros de discapacidad en San Luis

Los atrasos en los pagos de Incluir Salud ponen en riesgo la continuidad de las prestaciones para personas con discapacidad, advirtió Luciana Miserendino, directora del Centro Educativo Terapéutico Vita de San Luis.

"No podemos seguir funcionando con magia", afirmó la directora. El centro abrió sus puertas en 2019 y actualmente atiende a 90 concurrentes, de los cuales el 80% depende de Incluir Salud.

Miserendino explicó que la institución todavía cobra prestaciones correspondientes a julio. Además, señaló que no cuentan con los expedientes del mes cargados en el sistema y desconocen cuándo recibirían los fondos para afrontar los gastos.

El Centro Vita funciona de lunes a viernes, de 7.15 a 19.30, en dos turnos. Los concurrentes permanecen alrededor de siete horas en el establecimiento y reciben alimentación, transporte y distintas prestaciones terapéuticas y pedagógicas.

Entre las actividades que ofrece la institución se encuentran terapia ocupacional, fonoaudiología, psicomotricidad, hidroterapia y teatro.

Sostener estos servicios requiere recursos para cubrir los salarios del personal, los servicios y el transporte. La directora contó que los atrasos en los pagos dificultan la organización financiera y comprometen el funcionamiento cotidiano.

"El 80% nosotros tenemos del sector a Incluir y el resto no nos podemos manejar económicamente con eso. Estamos ahogados económicamente", expresó.

Miserendino agregó que las consecuencias que podría tener es el cierre temporal o definitivo de estos espacios para las personas con discapacidad, que dependen de las instituciones para sostener sus tratamientos y sus vínculos sociales.

"La institución no es un privilegio para los chicos. La institución es un derecho", sostuvo.

La directora señaló que el centro mantiene listas de espera desde hace aproximadamente un año y medio. De acuerdo con su testimonio, la falta de incorporación de nuevos beneficiarios de Incluir Salud impide que algunas personas accedan a las prestaciones.

Y añadió que varios centros de atención cerraron y que quienes asistían a esos establecimientos quedaron sin alternativas para continuar sus tratamientos.

La situación afecta tanto a las instituciones como a las personas con discapacidad y sus familias, que necesitan garantizar la continuidad de las terapias y los apoyos, dijo.

En el marco de las movilizaciones del colectivo de discapacidad para reclamar respuestas sobre el financiamiento del sector y la continuidad de las prestaciones.

La Ley 27.793 de Emergencia Nacional en Discapacidad estableció la emergencia hasta el 31 de diciembre de 2026, con posibilidad de prórroga por un año más.

En ese contexto, la directora cuestionó la falta de respuestas concretas y sentenció que el sector había intentado comunicarse con legisladores nacionales de San Luis para exponer las dificultades que atraviesan las instituciones, aunque aseguró que no obtuvo respuestas.

"Nosotros no estamos reclamando condiciones de privilegio. Estamos reclamando los derechos adquiridos de las personas con discapacidad", manifestó.

Miserendino insistió en la necesidad de garantizar la continuidad de las prestaciones y las condiciones de trabajo de los profesionales que atienden a esta población.

"No podemos seguir funcionando con magia", reiteró al describir la incertidumbre económica que atraviesa el centro terapéutico.