VIDEO | Trabajadores de FATE resisten una orden judicial de desalojo

Los trabajadores de FATE resisten una orden judicial de desalojo de la planta de Virreyes, en San Fernando, donde permanecen desde febrero tras el anuncio de la empresa de cerrar sus operaciones y despedir a 920 empleados. Este lunes, organizaciones sociales y políticas se movilizan frente al predio para respaldarlos.

La semana pasada, la Sala 2 de la Cámara de Apelaciones y Garantías de San Isidro hizo lugar al recurso presentado por los propietarios de FATE y ordenó la restitución del inmueble.

Los empleados de la fábrica de neumáticos mantienen un acampe frente al establecimiento y reclaman al Gobierno de la provincia de Buenos Aires que intervenga para que la planta pueda continuar bajo gestión de los propios trabajadores.

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Sostienen que la fábrica tiene capacidad productiva y mercado para comercializar sus productos y cuestionan la decisión de la empresa de poner fin a sus operaciones.

Sebastián Tesoro, uno de los trabajadores despedidos que permanece en el ingreso al predio, cuestionó la situación financiera de la compañía y de su propietario, Madanes Quintanilla.

"El dueño de FATE es Madanes Quintanilla, que no tiene crisis, tiene una merma de las ganancias: estaba ganando menos dinero del que quería", afirmó en declaraciones a SanLuis24 Noticias.

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Tesoro sostuvo que, antes del cierre, la planta producía entre 6.000 y 7.000 neumáticos por día y que había renovado parte de su maquinaria. También aseguró que cuenta con materia prima para un año de producción y unas 50.000 cubiertas almacenadas.

Los trabajadores decidieron permanecer en el lugar ante el temor de que una eventual reapertura se produzca bajo condiciones laborales más precarias.

"Esto es un lockout de la patronal, una trampa y una maniobra para reabrir con mayor precarización de los trabajadores", sostuvo Tesoro.

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Las organizaciones sociales y políticas que se concentrarán este lunes frente a la planta buscan respaldar a los trabajadores ante la posibilidad de que se concrete el desalojo ordenado por la Justicia.

Tesoro advirtió sobre el riesgo de una intervención de la Policía Bonaerense y responsabilizó al gobernador Axel Kicillof y a las fuerzas federales ante cualquier incidente.

"Hacemos responsables a las autoridades de la Provincia de Buenos Aires, a Axel Kicillof, y a todas las fuerzas federales que quieran entrar a desalojarnos por cualquier situación que podamos sufrir los trabajadores y nuestras familias", afirmó.

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Los empleados también reclaman el pago de salarios adeudados. Tesoro aseguró que a un grupo de trabajadores les deben nueve quincenas, mientras que a otro les adeudan seis.

El conflicto comenzó en febrero, cuando la empresa comunicó su decisión de finalizar sus operaciones y desvincular a los trabajadores. Desde entonces, los empleados mantienen su reclamo por la continuidad de la planta y cuestionan las condiciones en las que podría producirse una eventual reapertura.

Fuente: SanLuis24

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