Ya rige la baja de imputabilidad a los 14 años: qué cambia con el nuevo régimen penal
La ley fija penas de hasta 15 años, contempla alternativas a la prisión y establece controles especializados. Hay dudas sobre los recursos disponibles para su aplicación.
El nuevo R�gimen Penal Juvenil comenz� a regir este s�bado 5 de septiembre en toda la Argentina y redujo de 16 a 14 a�os la edad de imputabilidad. La reforma permite juzgar a adolescentes por delitos cometidos desde esa edad y antes de cumplir los 18 a�os, dentro de un sistema espec�fico.
La ley 27.801, publicada en marzo en el Bolet�n Oficial, reemplaza el r�gimen vigente desde 1980. Su finalidad es "promover la responsabilidad por los actos cometidos y favorecer la educaci�n, la resocializaci�n y la integraci�n social de los adolescentes".
Entre los principales cambios, la normativa proh�be la prisi�n y la reclusi�n perpetuas y establece un m�ximo de 15 a�os de privaci�n de libertad, incluso cuando se juzguen varios delitos cuya escala penal supere ese l�mite.
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Una vez cumplidos dos tercios de la condena en detenci�n, el tribunal podr� disponer que el tiempo restante se cumpla mediante otras sanciones. Para ello, deber�n reunirse las condiciones previstas para la libertad condicional, existir un dictamen pericial favorable y contar con la conformidad del Ministerio P�blico Fiscal. Tambi�n deber� recabarse la opini�n de la v�ctima.
La aplicaci�n del r�gimen no supone que toda condena derive en encierro. Para delitos con penas previstas de hasta tres a�os de prisi�n, la ley estable ce su reemplazo por otras sanciones cuando se cumplan los requisitos legales.
Cuando la pena prevista supere los tres a�os y llegue hasta diez, el tribunal tambi�n podr� disponer alternativas, aunque bajo condiciones adicionales. Entre ellas, se eval�an la ausencia de muerte o violencia grave, los antecedentes y la existencia de otros procesos judiciales con procesamiento firme. La decisi�n requiere una evaluaci�n pericial, la conformidad de la fiscal�a y escuchar a la v�ctima.
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Las sanciones incluyen prohibiciones de acercamiento o contacto con la v�ctima, restricciones para concurrir a determinados lugares, servicios comunitarios y reparaci�n del da�o. Tambi�n se contempla la amonestaci�n: un llamado de atenci�n formal del juez, que deber� acompa�arse con al menos otra de las penas previstas.
El r�gimen incorpora, adem�s, el monitoreo electr�nico, que podr� aplicarse como sanci�n aut�noma o para controlar el cumplimiento de otras medidas. A su vez, prev� actividades educativas, capacitaci�n laboral y acompa�amiento interdisciplinario.
El seguimiento estar� a cargo de supervisores especializados, designados por la Justicia para asistir al adolescente, controlar su evoluci�n y verificar el cumplimiento de las pautas impuestas.
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Cuando corresponda la privaci�n de libertad, los adolescentes deber�n permanecer en establecimientos especialmente acondicionados y con personal capacitado. Est� prohibido alojarlos junto a personas adultas. Las modalidades previstas incluyen institutos abiertos, centros especializados de detenci�n y arresto domiciliario.
La normativa tambi�n protege la identidad de los adolescentes imputados y proh�be publicar nombres, apodos, domicilios, fotograf�as u otros datos que permitan identificarlos.
En cuanto a las v�ctimas, reconoce su participaci�n en el proceso y el acceso a informaci�n sobre la causa. Adem�s, establece la responsabilidad civil de los progenitores por los il�citos cometidos por sus hijos, conforme a las condiciones del C�digo Civil y Comercial.
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La puesta en marcha abre interrogantes sobre la capacidad del sistema judicial. Seg�n inform� Infobae, en algunos juzgados de menores prev�n un aumento considerable de expedientes y expresan dudas sobre la disponibilidad de personal, infraestructura y dispositivos para cumplir con las nuevas exigencias.
Entre los puntos pendientes aparecen la provisi�n de pulseras electr�nicas, la designaci�n de supervisores y la coordinaci�n con los procedimientos judiciales de cada provincia.
Para la implementaci�n durante el a�o de entrada en vigencia, el Congreso asign� m�s de $23.739 millones. Mientras algunas provincias avanzaron con protocolos y proyectos de adecuaci�n normativa, en el �mbito nacional contin�an las conversaciones entre el Poder Judicial y el Ministerio P�blico Fiscal para unificar criterios de aplicaci�n.
Fuente: Diario Nuevo Día
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