Ya son 9 detenidos en un caso de grooming y abuso sexual contra adolescentes: uno fue asesor legislativo

El caso de grooming y abuso sexual contra una adolescente de Villa de María del Río Seco, en el Norte de la Provincia de Córdoba, tuvo en las últimas horas un desarrollo que lo hace todavía más angustiante: la fiscal del caso, Analía Cepede, ya ubicó a otras dos chicas víctimas, que ahora son tres.

Lo peor es que nadie en su despacho se atreve a decir que vayan a ser las últimas. Al contrario, afirman que podría haber más chicas en esta sucesión de hechos.

En concreto, las chicas eran abordadas por mensajes de texto. Vecinos de la zona, todos mayores de edad, les pedían imágenes de desnudos. Algunos de ellos avanzaban más y las inducían a concretar una reunión. El objetivo final era tener contacto sexual.

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Cepede había ordenado siete detenciones que se concretaron en los últimos días de julio. Ahora avanzó con otras dos capturas. En total, ya son nueve los sospechosos que quedaron tras las rejas el pasado sábado.

Lo que llama la atención a los investigadores es que entre los acusados no hay una organización previa aparente. "Los detenidos iban compartiendo el número de las víctimas y en solitario se ponían en contacto con las adolescentes. Se iban pasando la información de boca en boca", aseguraron.

Las imputaciones no son idénticas para los nueve detenidos. De acuerdo a la información de la causa, aquellos casos en los que se habría comprobado el contacto digital con finalidad sexual quedaron encuadrados bajo la figura de grooming.

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En cambio, hacia quienes se pudo acreditar la existencia de encuentros y contacto sexual, la acusación avanzó por abuso sexual con acceso carnal.

"Tememos que haya otros implicados. Estamos trabajando sobre la prueba", afirman los investigadores que actúan bajo las órdenes de Cepede.

Uno de los nueve detenidos es José Aníbal Ricardo Villarreal. Los pesquisas aseguraron que aparece ligado al legislador departamental Ernesto Ramón Flores, ya que figura como asesor en la Legislatura provincial.

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"Está anotado como asesor del legislador, pero en realidad es su empleado doméstico, que finalmente se ocupa de trabajos de cuidado en su domicilio", dijeron los investigadores.

La Voz consultó al legislador por el departamento Río Seco sobre si Villarreal formaba parte de su equipo de asesores. Flores respondió: "Fue empleado del bloque (Hacemos Unidos por Córdoba), pero ya no está vinculado. No era empleado mío, sino del bloque".

Además, aclaró que, desde antes de que trascendiera este caso, Villarreal "no tenía una relación contractual" con la Unicameral.

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Sin embargo, ante la misma consulta, fuentes de la bancada justicialista señalaron que Villarreal integraba la nómina de asesores de Flores, aunque confirmaron que ya no tenía contrato desde antes de que se conociera la causa judicial.

Este medio pudo constatar, además, que en la última actualización de la nómina de personal contratado publicada por la Unicameral en su sitio oficial, en mayo pasado, Villarreal figura como asesor del legislador Flores y no como asistente del bloque.

Todo comenzó con la desaparición momentánea de una adolescente de 14 años. Su familia había denunciado que la chica no regresaba a su casa y se inició una búsqueda de paradero.

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La adolescente finalmente fue localizada.

Sin embargo, el alivio familiar duró poco.

Según reconstruyó este medio, cuando se conocieron las primeras siete detenciones, la chica había permanecido junto a un hombre mayor de edad con quien no tenía relación familiar.

Luego, su padre revisó el teléfono celular. Allí aparecieron conversaciones que cambiaron por completo el rumbo de la investigación.

Había mensajes, imágenes y contactos de contenido sexual mantenidos con distintos hombres adultos. La pesquisa quedó en manos de Cepede, fiscal de Instrucción de Deán Funes.

A partir del análisis de esas comunicaciones comenzaron a aparecer sospechosos.

Las primeras medidas derivaron en siete detenciones. Pero la investigación continuó.

El viernes último fueron ordenadas otras capturas y el sábado por la mañana se concretaron dos nuevos procedimientos en Villa de María del Río Seco.

Así, la cantidad de detenidos llegó a nueve.

Al mismo tiempo, la causa dejó de tener a una sola adolescente en el centro de la investigación.

Ahora son tres las chicas identificadas, todas adolescentes. Una segunda Cámara Gesell realizada en las últimas horas fue considerada por los investigadores como determinante para dimensionar la cantidad de personas que podrían haber participado.

"Puede haber más", reconocieron en el despacho de Cepede.

¿Cómo pudo haber sucedido que tantos hombres terminaran contactando a las mismas adolescentes? Es una de las preguntas capitales de la causa.

Por ahora, la Justicia no encontró una organización criminal estructurada.

No habría un jefe, tampoco una persona encargada de captar a las chicas y distribuir sus números. Mucho menos, según la prueba reunida hasta ahora, un sistema de regenteo.

Los investigadores describen un mecanismo mucho más informal: los contactos de las adolescentes circulaban entre los propios hombres.

Los sospechosos aparentemente se conocían. Vivían en la misma zona y compartían espacios cotidianos.

Varios trabajan o trabajaban como remiseros y otros estaban vinculados a la cría y al cuidado de caballos de carrera.

Esas actividades, según explicaron los pesquisas, generaban ámbitos de encuentro y permitían el acceso a carreras, desfiles y otras actividades características de la zona que despertaban el interés de las adolescentes.

Pero que no haya una estructura organizada no significa para la Justicia que esa hipótesis esté definitivamente descartada.

La fiscalía se encuentra ahora trabajando sobre la apertura y análisis de los teléfonos secuestrados. Si de esas comunicaciones surgiera que alguna persona ofrecía a las adolescentes a cambio de una contraprestación, la investigación podría abrir una nueva línea.

Por el momento, la evidencia indica otra dinámica: un hombre obtenía un contacto y ese número terminaba circulando entre conocidos.

Según la investigación, existieron "contraprestaciones económicas" por fotos que los acusados habrían solicitado a las adolescentes. La cifra más alta que los pesquisas lograron establecer hasta el momento fue de 80 mil pesos.

Incluso ese monto, según explicaron los investigadores, podía ser dividido entre dos adolescentes cuando una de ellas le había facilitado al hombre el contacto de la otra.

Las familias de las chicas comentan en Tribunales, están atravesadas por una situación de fuerte "vulnerabilidad social".

De acuerdo con la investigación, sus ingresos son muy bajos y en la mayoría de los casos dependen de asignaciones familiares.

Cuando durante una de las entrevistas se les preguntó qué hacían con el dinero recibido, habría aparecido una respuesta impactante: parte de esa plata habría sido utilizada para comprar comida.

"Compramos un pebete", habrían confesado.

Las adolescentes podían repartirse el dinero y salir a comprar un sándwich o un pancho para comer. La explicación fue tan sencilla como brutal: tenían hambre.

Para los investigadores, ese escenario resulta fundamental para comprender la situación de vulnerabilidad sobre la que habrían avanzado los adultos investigados.

Fuente: La Voz

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