Ya son cuatro los imputados y hay dos prófugos por el robo y la misteriosa muerte de la anciana de Santa Lucía

La investigación por la muerte de Ángela "Lita" Álvarez, la jubilada encontrada sin vida en avanzado estado de descomposición dentro de su vivienda del barrio Alberdi, en Santa Lucía, sumó este viernes un nuevo avance judicial. En una audiencia realizada en Tribunales, la Justicia formalizó la investigación penal preparatoria contra tres nuevos detenidos, quienes quedaron imputados por el presunto delito de hurto simple y cumplirán 45 días de prisión preventiva.

Con esta resolución, ya son cuatro los imputados en la causa. El primero fue Gabriel Pozo Ale, quien quedó detenido el lunes por la tarde-noche, cuando un vecino lo descubrió junto a otro hombre intentando llevarse la heladera de la vivienda de la víctima. Pozo Ale fue imputado el jueves y permanece con prisión preventiva. En tanto, Alexander Ariel Flores, Cristian Nahuel Videla y Nahuel Ángel Jesús Vera Riveros fueron detenidos durante allanamientos realizados el jueves e imputados este viernes. La investigación continúa, además, con la búsqueda de otros dos sospechosos que permanecen prófugos.

El juez de Garantías Pablo León hizo lugar al pedido formulado por el fiscal Sebastián Gómez y la ayudante fiscal Agostina Pérez, ambos de la UFI Delitos Especiales, y dio por abierta la investigación por un plazo de seis meses.

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Uno de los puntos centrales de la audiencia estuvo relacionado con el resultado preliminar de la autopsia practicada sobre el cuerpo de la jubilada. El Ministerio Público Fiscal explicó que, debido al avanzado estado de descomposición en el que fue hallado el cadáver, los médicos forenses no pudieron establecer con certeza cuál fue la causa del fallecimiento.

Según expusieron los investigadores, el examen no detectó signos externos evidentes de violencia, aunque esa circunstancia no permite descartar un homicidio. Tampoco es posible afirmar, por ahora, que se haya tratado de una muerte natural.

La Fiscalía informó que será determinante el resultado de los estudios histopatológicos solicitados a Anatomía Patológica. Recién cuando esos análisis estén concluidos podrán confirmar si la mujer murió por causas naturales o si existió una intervención violenta.

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Hasta tanto se conozcan esos resultados, la única imputación formulada contra los detenidos es por el presunto hurto de los bienes de la víctima.

Durante la audiencia, la Fiscalía reconstruyó la secuencia investigativa. De acuerdo con la acusación, entre el 23 y el 27 de julio los sospechosos ingresaron en distintas oportunidades a la vivienda de la jubilada y retiraron numerosos objetos de valor.

Las imágenes obtenidas por cámaras de seguridad privadas resultaron claves para individualizar a los acusados. En esos registros se observa a varias personas trasladando muebles y electrodomésticos desde la vivienda.

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El episodio quedó al descubierto el lunes por la tarde, cuando un vecino advirtió a dos hombres que intentaban cargar una heladera sobre un carrito impulsado por una bicicleta. Al acercarse para preguntar qué ocurría, uno de ellos escapó y el otro fue retenido hasta la llegada de efectivos de la Comisaría Quinta.

Cuando los policías ingresaron al inmueble encontraron el cuerpo de Álvarez tendido junto a su cama, en avanzado estado de descomposición. Además, comprobaron que gran parte de los muebles y electrodomésticos habían desaparecido.

Los familiares de la víctima denunciaron el faltante de una cocina, una garrafa, un televisor de 32 pulgadas, una mesa, sillas, ropa de cama y otros efectos personales. Parte de esos elementos fue recuperada durante los allanamientos realizados en las últimas horas.

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El Ministerio Público sostuvo que aún restan numerosas medidas de prueba. Entre ellas figuran la localización de los dos sospechosos que permanecen prófugos, el recupero del resto de los objetos sustraídos y la incorporación de los resultados definitivos de los estudios forenses.

Por ese motivo solicitó seis meses para desarrollar la investigación y pidió que los cuatro imputados permanezcan detenidos durante 45 días para evitar riesgos de fuga o entorpecimiento de la pesquisa, planteo que fue aceptado por el juez.

Durante la audiencia también se expuso que varios de los acusados registran antecedentes condenatorios por delitos contra la propiedad. Videla posee una condena de tres años de prisión efectiva dictada en 2023. Flores acumula cinco condenas tramitadas por Flagrancia, la última de octubre de 2025. En tanto, Vera Riveros registra dos condenas por robos, cumplió una pena en 2025 y este año volvió a ser condenado, además de afrontar otra causa penal en trámite.

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Fuente: Tiempo de San Juan

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