Organizaciones piden al Senado frenar el paquete que “entrega la tierra, el agua y la energía”
Un amplio grupo de organizaciones sociales, ambientales, gremiales y de derechos humanos advirtió sobre los proyectos de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y el “Súper RIGI”. Denuncian que ambas iniciativas funcionan de manera complementaria para favorecer a capitales extranjeros y debilitar la soberanía sobre bienes estratégicos.
Organizaciones de la sociedad civil reclamaron al Senado de la Nación que frene el tratamiento del paquete legislativo que, según advierten, podría facilitar la entrega de tierra, agua, energía y recursos estratégicos a capitales extranjeros.
El planteo apunta contra dos iniciativas centrales: la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y el denominado “Súper RIGI”. Para las entidades firmantes, no se trata de proyectos aislados, sino de un mismo esquema legal orientado a desregular la compra de tierras, blindar inversiones privadas y limitar la capacidad de control del Estado.
En el documento presentado ante el Senado, las organizaciones sostienen que ambos proyectos funcionan como “dos llaves de la misma cerradura” y que podrían desarticular la soberanía sobre bienes comunes estratégicos. También advierten que el paquete impactaría especialmente sobre territorios como la Patagonia, por sus reservas de agua dulce, minerales, energía y condiciones climáticas buscadas por grandes empresas tecnológicas.
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Uno de los puntos más cuestionados es la posible modificación de la actual Ley de Tierras Rurales. Según las organizaciones, el proyecto eliminaría límites a la extranjerización, topes de hectáreas y restricciones para adquirir tierras vinculadas a cuerpos de agua permanentes, como lagos y ríos.
A eso se sumaría una reforma de la Ley de Sociedades que, según denuncian, permitiría operaciones mediante estructuras empresarias opacas, dificultando conocer quiénes son los verdaderos dueños de las tierras. El tercer componente sería el Súper RIGI, que otorgaría 30 años de estabilidad fiscal, aduanera y regulatoria a las inversiones incluidas en el régimen.
Las entidades también alertaron sobre el impacto fiscal y federal de la iniciativa. Señalan que las provincias podrían resignar ingresos por impuestos como Ingresos Brutos y Sellos, mientras el Estado quedaría con menos herramientas para aplicar regulaciones laborales, ambientales o de derechos humanos frente a grandes corporaciones.
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De cara al tratamiento legislativo previsto para el 6 de agosto, las organizaciones convocaron a movilizarse frente al Congreso y exigieron a los senadores rechazar ambos proyectos. Entre las firmantes figuran la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas, FARN, Jóvenes por el Clima, CECIM La Plata, Géneras, ATTAC Argentina, Transnational Institute y otras entidades sociales, ambientales y académicas.
El reclamo deja planteada una discusión de fondo: quién controla los recursos estratégicos del país y hasta dónde puede avanzar una política de apertura al capital extranjero sin poner en riesgo la soberanía territorial, ambiental y económica de la Argentina.
