Baja de imputabilidad a los 14 años: la Corte de Catamarca pidió concientizar sobre el impacto penal en adolescentes
La ministra María Fernanda Rosales Andreotti remarcó que atravesar un proceso judicial genera estigmatización y advirtió que conductas antes consideradas "bromas" hoy tienen consecuencias legales
La ministra María Fernanda Rosales Andreotti remarcó que atravesar un proceso judicial genera estigmatización y advirtió que conductas antes consideradas "bromas" hoy tienen consecuencias legales.
La ministra de la Corte de Justicia de Catamarca, María Fernanda Rosales Andreotti, se refirió al marco de aplicación de la nueva ley nacional que establece la baja de la edad de imputabilidad penal a los 14 años. En declaraciones a El Esquiú Play, la magistrada sostuvo que, si bien la norma ya se encuentra vigente a nivel general, su aplicabilidad efectiva depende de los análisis de competencia de los jueces de Responsabilidad Penal Juvenil y de la infraestructura especializada que garantice la resocialización.
Rosales Andreotti señaló que la provincia de Buenos Aires declaró la inaplicabilidad de la medida en su territorio debido a la falta de infraestructura adecuada, pero aclaró que en Catamarca los jueces del fuero juvenil deberán evaluar la situación en caso de presentarse expedientes concretos. Al respecto, enfatizó que todo espacio destinado a la privación de la libertad de menores debe contar obligatoriamente con profesionales interdisciplinarios, lugares aptos y programas enfocados en brindar alternativas de vida alejadas del delito.
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En ese sentido, la jueza remarcó la importancia de concientizar a la sociedad, las familias y las instituciones educativas sobre el alcance del nuevo escenario legal. Explicó que conductas antes catalogadas como "bromas" o "travesuras" —tales como romper intencionalmente un vidrio, sustraer un celular en la escuela o participar de agresiones físicas— hoy quedan sometidas a un proceso penal formal que conlleva una fuerte carga de estigmatización para adolescentes de 14 años. Asimismo, precisó que la responsabilidad penal por el delito es estrictamente personal y no puede ser asumida por los padres, aunque los adultos a cargo sí enfrentan responsabilidades civiles o pecuniarias.
Finalmente, la ministra instó a reforzar la contención en el ámbito familiar y escolar ante el inicio del ciclo de festejos estudiantiles, advirtiendo sobre los riesgos vinculados al consumo de sustancias y la exposición sin control en redes sociales. Subrayó que el desafío principal de los operadores judiciales y de la comunidad radica en escuchar a los adolescentes, comprender sus contextos de vulnerabilidad y evitar que el proceso penal sea la primera respuesta frente a los conflictos juveniles.
Fuente: El Esquiú
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