Causa Viento Sur con desvío de fondos públicos: piden avanzar al juicio contra dos funcionarios y seis dirigentes

La Fiscalía solicitó la audiencia de control de acusación contra Abel Di Luca y Germán Chapino y particulares vinculados a la cooperativa, entre ellos Diego Mauro y Gabriela Suppicich.

Desvío de fondos públicos: el MPF pidió llevar a juicio a ocho imputados por un perjuicio de $1.208 millones.

Más de $1.200 millones de fondos públicos, rendiciones cuestionadas, controles que no se habrían cumplido y ocho personas acusadas, entre ellas los funcionarios Abel Di Luca y Germán Chapino, el dirigente Diego Mauro y la diputada Gabriela Suppicich. Con esos elementos, el Ministerio Público Fiscal (MPF) pidió avanzar hacia el juicio en la causa de la cooperativa Viento Sur, que investiga un presunto esquema de desvío de dinero ocurrido entre 2022 y 2023 y que tiene entre los imputados a dos exministros del Gobierno de Neuquén.

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La fiscal del caso, Rocío Rivero, bajo la supervisión del fiscal jefe Pablo Vignaroli, solicitó a la Oficina Judicial que fije la audiencia de control de acusación, una instancia clave para definir qué pruebas llegarán al debate y permitir el cierre de la investigación.

La acusación alcanza a ocho personas y apunta a determinar las responsabilidades que habría tenido cada una en un mecanismo que, según la teoría del MPF, permitió que fondos destinados a capacitaciones de integrantes de organizaciones de la sociedad civil fueran entregados sin que se cumplieran los requisitos previstos.

La Fiscalía de Estado, que interviene como querellante y fue quien presentó la denuncia que dio origen a la causa, acompañó el requerimiento de apertura del juicio.

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El principal acusado se ausentó de la primera audiencia del juicio oral en su contra.

La Fiscalía acusó por el delito de administración fraudulenta a ocho personas. Los exministros provinciales Abel Di Luca y Germán Chapino fueron señalados como coautores, al igual que Diego Mauro, S.E.B. y L.L.V., vinculados a la cooperativa Viento Sur.

En tanto, B.R.V.N., F.G.S. y la diputada Gabriela Suppicich fueron acusados como partícipes necesarios.

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Para el MPF, no se trató de hechos aislados, sino de una actuación coordinada entre funcionarios y particulares que habría permitido disponer de dinero del Estado sin cumplir con la finalidad para la cual había sido asignado.

El perjuicio económico calculado por la Fiscalía asciende a $1.208.657.600 en valores históricos.

El dinero estaba destinado a un programa del entonces Ministerio de Desarrollo Social y Trabajo que buscaba financiar acciones de capacitación para integrantes de organizaciones de la sociedad civil. Antes de liberar cada pago, debían cumplirse una serie de controles. La organización debía acreditar su regularidad institucional y sus autoridades, presentar un plan de acción y aportar un padrón verificable de las personas beneficiarias.

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Además, debía demostrarse que las capacitaciones previstas efectivamente se habían realizado.

Según la acusación, buena parte de esos controles no se habría cumplido. Uno de los puntos que la Fiscalía considera relevantes es que la Contaduría General de la Provincia emitió dictámenes desfavorables, pero los pagos igualmente continuaron.

En el caso de Di Luca y Chapino, la Fiscalía sostiene que ambos autorizaron pagos mensuales a la cooperativa Viento Sur sin verificar que se hubieran cumplido los requisitos establecidos. También les atribuye haber aceptado rendiciones que presentaban irregularidades, entre ellas documentación incompleta, inconsistente o inexistente.

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Para los investigadores, esas decisiones fueron determinantes para que el circuito de desembolsos siguiera funcionando pese a las observaciones y a la falta de documentación suficiente para justificar el uso de los fondos.

La acusación también pone la lupa sobre el papel que habrían tenido D.M., S.E.B. y L.L.V., vinculados a la cooperativa Viento Sur. La Fiscalía sostiene que estas personas solicitaron, recibieron y administraron el dinero con conocimiento de que tenía un destino específico.

Según el MPF, posteriormente presentaron rendiciones con comprobantes que no coincidían con los movimientos bancarios, además de detectar la presunta duplicación de gastos y omisiones de información.

La hipótesis fiscal es que esas maniobras permitieron sostener la continuidad de los desembolsos y evitar que las irregularidades interrumpieran el financiamiento.

Según el MPF, B.R.V.N., F.G.S. y M.G.S habrían recibido fondos sin que existiera una contraprestación que justificara esos pagos. Para la acusación, su intervención formó parte del esquema que permitió concretar la disposición del dinero y generar el perjuicio económico investigado.

Será en el juicio donde deberán discutirse las pruebas y determinarse si las conductas atribuidas efectivamente ocurrieron y cuál fue el grado de responsabilidad de cada acusado.

El pedido de la audiencia de control de acusación marca el ingreso de la causa en una etapa decisiva. Allí se analizará la acusación presentada por la Fiscalía y se discutirá qué elementos de prueba podrán ser utilizados durante el debate.

El MPF prevé convocar a alrededor de 80 testigos, por lo que se anticipa un juicio de importante extensión.

El debate estará a cargo de un tribunal colegiado integrado por tres jueces o juezas, que deberá escuchar a las partes, analizar la documentación y los testimonios y, finalmente, determinar si los ocho imputados son responsables de los hechos que se les atribuyen.

El próximo paso será, entonces, la audiencia de control de acusación. Allí comenzará a definirse qué queda de la investigación y qué llegará finalmente al juicio por uno de los casos de presunto perjuicio contra las arcas provinciales que involucra a exfuncionarios y particulares.

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Fuente: LM Neuquén

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