De defender a una ex ministra a integrar la Fiscalía de Estado que avaló su sobreseimiento
El cierre de la causa contra Cecilia Lucero, exministra de Vivienda de Claudio Poggi, expone un cruce entre la defensa privada y la representación del Estado.
Rafael Berruezo defendió a Cecilia Lucero en la causa por presuntas irregularidades en la adjudicación de una vivienda social. Ahora, con el abogado dentro de Fiscalía de Estado, ese organismo avaló el sobreseimiento de la exministra de la primera gestión de Claudio Poggi. La secuencia abre un interrogante político e institucional sobre la intervención de una repartición que debe representar los intereses de la Provincia.
El vínculo profesional tiene antecedentes públicos. En 2022, Berruezo actuó como abogado de Lucero y pidió la nulidad de la acusación. Años después, Poggi lo propuso como fiscal de Estado adjutor y el Senado prestó acuerdo para su designación. Su recorrido lo llevó de defender a una imputada a integrar el organismo que intervenía en el expediente como querellante.
Según publicó El Diario de la República, la jueza Luciana Paola Banó sobreseyó a Lucero y a los otros tres imputados al considerar que no se advertía un perjuicio patrimonial efectivo o potencial para la Provincia. Fiscalía de Estado acompañó el cierre. La misma publicación señaló que Berruezo todavía figuraba como abogado habilitado de la exministra en el sistema judicial, junto con Maximiliano del Signore.
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Esa coincidencia no demuestra por sí sola que Berruezo haya decidido la postura del organismo ni que haya intervenido personalmente en el dictamen. Pero plantea preguntas concretas: quién evaluó la continuidad de la querella, qué participación tuvo el antiguo defensor y qué resguardos se adoptaron frente a ese antecedente profesional.
La resolución judicial tiene sus fundamentos y la actuación de Fiscalía de Estado merece una explicación propia. El punto que requiere transparencia es cómo se definió la posición de la Provincia en una causa que involucraba a quien había sido defendida por uno de sus funcionarios.
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Fuente: El Diario de la República
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