El "Súper RIGI" obtuvo media sanción en Diputados y abre una fuerte polémica por los beneficios a grandes capitales

DEBATE ECONÓMICO EN EL CONGRESO

Promete incentivos fiscales, aduaneros y cambiarios por 30 años para nuevas industrias, pero genera rechazo en el empresariado nacional por la exclusión de las pymes y firmas locales.

El proyecto del denominado "Súper RIGI" dio su primer paso legislativo de peso al obtener la media sanción en la Cámara de Diputados, quedando ahora a la espera de su tratamiento definitivo en el Senado. La iniciativa, impulsada fuertemente por el oficialismo, ofrece un paquete de beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios sensiblemente más amplio que el régimen original con el objetivo de captar megainversiones en sectores tecnológicos y de vanguardia.

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Sin embargo, el avance del texto encendió las alarmas en diversos sectores productivos y de la oposición, abriendo un intenso debate en torno al trato preferencial otorgado a los grandes capitales globales en detrimento del entramado empresarial local.

Según el documento aprobado, el régimen establece un piso mínimo de ingreso de USD 1.000 millones por proyecto y exige a los inversores desembolsar al menos el 20% de esa suma durante los primeros dos años. Para acceder, se deberán constituir Vehículos de Proyecto Único (VPU), que son estructuras societarias creadas exclusivamente para cada emprendimiento, habilitando también a sociedades radicadas en el exterior.

El texto aprobado en la Cámara Baja contempla ventajas competitivas inéditas y una estabilidad normativa garantizada por 30 años en materia tributaria, aduanera, cambiaria y de seguridad social. Los principales puntos del paquete son:

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Alivio fiscal: Una alícuota fija del 15% en el Impuesto a las Ganancias y un gravamen reducido del 3,5% sobre la distribución de dividendos y utilidades.

Comercio exterior: Eliminación inmediata de los derechos de exportación (retenciones) y exención total de aranceles para las importaciones vinculadas al desarrollo del proyecto.

Flexibilidad cambiaria: Libre disponibilidad progresiva de divisas de manera escalonada, hasta alcanzar el 100% de los fondos en el tercer año.

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Incentivo laboral: Reducción de las contribuciones patronales al 10% para las nuevas relaciones de trabajo que se generen.

Punto de conflicto: El proyecto incluye la posibilidad de recurrir a tribunales de arbitraje internacionales ante cualquier controversia entre las empresas y el Estado argentino, uno de los artículos que más objeciones despierta entre especialistas en derecho y legisladores opositores.

Desde el plano oficial, se defiende la medida argumentando que el "Súper RIGI" apunta a dinamizar actividades productivas que hoy no existen en el país o que se encuentran en fases puramente experimentales. Entre ellas, destacan la instalación de grandes centros de datos para inteligencia artificial, plantas de semiconductores, biotecnología avanzada e infraestructura digital estratégica.

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Sin embargo, el diseño del régimen expone un marcado sesgo que genera el rechazo de las cámaras empresarias nacionales. El proyecto excluye expresamente cualquier iniciativa de ampliación, modernización o reconversión de instalaciones preexistentes. Al fijar una vara de ingreso tan elevada (USD 1.000 millones), deja afuera a la inmensa mayoría de las firmas locales, incluso a los grupos locales de mayor envergadura que no operan en esa escala de inversión.

La discusión promete intensificarse en el Senado, donde los gobernadores juegan un rol clave. Para que las provincias puedan recibir estas megainversiones, deberán adherir formalmente al régimen aceptando fuertes compromisos de estabilidad fiscal y límites estrictos a sus autonomías impositivas.

La oposición política y los industriales locales advierten que el modelo prioriza la radicación de capitales transnacionales con beneficios excepcionales, pero ofrece nulos incentivos concretos para fortalecer las cadenas de valor domésticas o potenciar a las empresas que ya producen en el país.

Fuente: El Esquiú

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