Estado que no protege ni contiene

Un informe elaborado por la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, alerta que en los barrios populares se registran niños de apenas 8 y 9 años que ya se inician en el consumo de sustancias.

Es cierto que se trata de información proveniente de una organización social, surgida de la práctica en el territorio y no de un relevamiento epidemiológico de alcance nacional. Pero que el fenómeno pueda cuantificarse con mayor o menor precisión no altera lo esencial, que es que hay chicos en edad escolar primaria expuestos a un riesgo que compromete su desarrollo físico, emocional y cognitivo, en una etapa en la que el cerebro y la personalidad están aún en formación.

La gravedad del cuadro reside, además, en que el consumo temprano rara vez es una causa aislada. El informe lo vincula con la emergencia alimentaria en los barrios populares, la precarización laboral y la paralización de programas de integración sociourbana. Es decir, con un entramado de carencias que afectan los proyectos de vida antes de que puedan empezar a formularse. Como señala el propio documento, el sufrimiento psíquico no nace únicamente de condiciones individuales, sino también de contextos sociales que generan incertidumbre y exclusión. Reducir el problema a una cuestión de conductas personales o de responsabilidad familiar sería un diagnóstico incompleto.

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Cuando un chico de nueve años tiene un primer contacto con las drogas, algo previo ya ha fallado en la sociedad. Cuando un chico de nueve años tiene un primer contacto con las drogas, algo previo ya ha fallado en la sociedad.

A ello se suman escenarios nuevos que agravan la vulnerabilidad de niños y adolescentes. Las apuestas en línea, facilitadas por el acceso irrestricto desde el teléfono celular y las billeteras virtuales, y promovidas por una publicidad deportiva omnipresente, han ampliado el terreno del daño. Detrás aparece el circuito informal del crédito usurario, que puede empujar a jóvenes en situación de fragilidad hacia redes delictivas.

Mientras esto se verifica en territorio, la inversión pública en salud mental se mantiene entre el 1,4% y el 1,8% del presupuesto, muy lejos del 10% que establece la Ley Nacional de Salud Mental. Una norma vigente, votada por el Congreso, cuyo cumplimiento efectivo sigue pendiente.

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Frente a este panorama, la respuesta no puede quedar librada a la buena voluntad de las organizaciones sociales, cuya labor es valiosa pero no sustituye las obligaciones del Estado. Se requiere una política pública integral, sostenida en el tiempo y con financiamiento acorde. Ello implica reforzar la prevención en las escuelas, con equipos capacitados y presencia real en las aulas; el acceso oportuno a tratamientos de proximidad, con perspectiva de derechos y no meramente punitiva; la regulación efectiva de la publicidad y el acceso de menores a las plataformas de apuestas; y la generación de datos oficiales periódicos que permitan diseñar intervenciones basadas en evidencia. Nada de esto será posible sin coordinación entre Nación, provincias y municipios.

Proteger a la niñez es, en última instancia, la tarea más elemental de una comunidad organizada. Cuando un chico de nueve años tiene un primer contacto con las drogas, algo previo ya ha fallado, sobre todo un Estado nacional que en los últimos años ha desistido de sus competencias de contención social más importantes.

Fuente: El Ancasti

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