La Justicia ordenó que la causa por la casaquinta de Pilar vinculada a la AFA vuelva al fuero federal

La Cámara Federal de Casación Penal resolvió que la causa que investiga la compra de una casaquinta en Pilar, valuada en 17 millones de dólares y presuntamente vinculada a testaferros de dirigentes de la AFA, debe abandonar el fuero penal económico de la Ciudad de Buenos Aires y regresar a la Justicia Federal.

La decisión apunta a que el expediente vuelva al juzgado federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay, al considerar que el delito investigado, presunto lavado de activos, corresponde a la competencia federal.

La resolución fue adoptada por los jueces Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, con la disidencia formal de Alejandro Slokar. Aunque este último consideró que el recurso no era admisible por cuestiones procesales, coincidió en que el lavado de activos no forma parte de las competencias del fuero penal económico.

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Los magistrados sostuvieron que la causa debe tramitar en la justicia federal criminal y correccional para garantizar el principio constitucional del "juez natural" y asegurar una adecuada administración de justicia.

Por ese motivo, ordenaron que el expediente sea remitido a la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín para que, sin demoras, lo envíe nuevamente al juzgado federal de Campana.

El conflicto judicial se originó tras una serie de decisiones cruzadas entre distintos tribunales sobre quién debía investigar el caso.

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Durante julio, González Charvay había remitido el expediente al Juzgado Penal Económico N.º 10 de la Ciudad de Buenos Aires, entonces subrogado por Verónica Straccia. Sin embargo, la defensa de los acusados cuestionó esa decisión y reclamó que el expediente permaneciera en Campana por una cuestión territorial, ya que la propiedad investigada se encuentra en Pilar.

Casación concluyó ahora que el fuero penal económico no tiene atribuciones legales para investigar el delito de lavado de activos previsto en el artículo 303 del Código Penal.

La investigación comenzó en diciembre de 2025 a partir de una denuncia contra Luciano Pantano y su madre, Ana Conte, titulares de la sociedad Real Central, que adquirió la propiedad ubicada en Villa Rosa, partido de Pilar.

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Según la acusación, los ingresos declarados por ambos no serían compatibles con el nivel de inversión realizado para adquirir bienes de alto valor.

La hipótesis que analiza la Justicia es que podrían haber actuado como testaferros de dirigentes vinculados a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Durante los allanamientos realizados en el inmueble, los investigadores encontraron objetos que presuntamente pertenecerían al tesorero de la entidad, Pablo Toviggino.

En su fallo, la Cámara destacó que el cambio de jurisdicción no invalida las medidas realizadas hasta el momento ni implica reiniciar la investigación desde cero.

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Los jueces remarcaron que todo lo actuado conserva validez y que el objetivo es garantizar la continuidad de la pesquisa para determinar el origen de los fondos utilizados en la adquisición de la propiedad y de otros bienes de lujo bajo investigación.

Entre los elementos incorporados al expediente figura también una colección de 54 vehículos de alta gama y de colección, cuyo valor fue estimado en cerca de cuatro millones de dólares.

Con esta resolución, la investigación volverá a la órbita federal y quedará nuevamente bajo la supervisión del juzgado de Campana, que deberá continuar con las medidas destinadas a esclarecer los hechos y determinar eventuales responsabilidades penales.

Fuente: La Voz

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