Milei usa los manuales de siempre

El fenómeno trasciende las adscripciones ideológicas. Cuando la praxis económica erosiona el capital político y las metas estructurales se enfrentan a la restricción material, las arquitecturas de gobierno -de izquierda o de derecha, da igual- tienden a converger en un mismo catálogo de recursos: la construcción de un dilema binario, la apelación al nacionalismo reactivo y el instrumentalismo electoral de la política exterior.

La reciente reformulación del vector geopolítico por parte del Poder Ejecutivo nacional ilustra esta dinámica. Frente a la desaceleración de los indicadores de actividad, la persistente caída de la recaudación fiscal y el retraso en la consecución de las metas del programa macroeconómico de inspiración austríaca, la administración apela a una maniobra clásica de la teoría política: la desviación de la atención pública hacia un frente de soberanía exterior.

Hasta hace poco, la estrategia del Gobierno respecto al Atlántico Sur se encuadraba en un enfoque transaccional de realpolitik, alineado con la atracción de inversiones internacionales y la alineación directa con la City de Londres (previa admiración a Margaret Thatcher) y los mercados angloamericanos. Sin embargo, el reciente giro discursivo -que incluye la reimposición de sanciones a firmas energéticas en el área disputada y el anuncio de infraestructura militar en Tierra del Fuego– marca un viraje hacia el nacionalismo de consumo interno.

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Esta inflexión discursiva, sin embargo, presenta severas inconsistencias con la matriz técnica y los compromisos vigentes del propio programa económico. La eventual penalización a compañías energéticas en la cuenca austral genera interferencias operativas con actores corporativos transnacionales que participan indirectamente en proyectos clave de infraestructura y licuefacción de gas en Vaca Muerta (como la red de financiamiento ligada a YPF y sus socios estratégicos). De hecho la ramificación corporativo-empresarial que cruza al Gobierno implicaría ir en contra de firmas que hoy prestan su apoyo.

La nueva retórica también colisiona con la restricción presupuestaria en Defensa. La recomposición de las capacidades de las Fuerzas Armadas choca frontalmente con la regla del superávit fiscal severo, donde los gastos de capital y los salarios reales del sector público han registrado caídas sistemáticas.

El nudo gordiano de la coyuntura radica en el diseño de la política fiscal. A diferencia de las experiencias pragmáticas de estabilización de la década de 1990, donde la política fiscal cedía de forma táctica para consolidar consensos territoriales o sostener la demanda agregada en períodos electorales, la actual gestión conceptualiza el equilibrio fiscal no como una variable macroeconómica de ajuste, sino como una restricción categórica e innegociable. Esta rigidez doctrinaria genera tensiones estructurales en el esquema de poder. El mismo plan económico del Gobierno se transforma en su enemigo.

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La adopción de estrategias del "manual del Kremlin" -la generación de eventos geopolíticos de alto impacto para reordenar la agenda mediática y cohesionar la base electoral- encuentra un límite infranqueable en la microeconomía. La experiencia histórica argentina demuestra que la agitación de causas nacionales resulta insuficiente para neutralizar el impacto del deterioro del ingreso disponible y la recesión prolongada.

En última instancia, el populismo sin capacidad de gasto público ni margen de maniobra monetaria deriva en una retórica de bajo alcance. Cuando la efectividad de las medidas de shock económico se diluye y la contención de la inflación deja de traducirse de forma directa en un aumento del bienestar material, la apelación a viejos dogmas y símbolos soberanos revela la ausencia de un programa de desarrollo sustentable a largo plazo.

Como sea, es difícil no hacerse carne de una iniciativa democrática de reivindicación de soberanía y en pos de la recuperación de las islas, incluso cuando llega de la mano del siempre oportunismo populista que hoy encuentra en la misma vereda a aquellos que venían ser distintos en todo.

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En otro abierto capítulo de desconexión con la realidad, el Presidente, Caputo, Sturzenegger y las demás espadas del oficialismo volvieron a desconocer la responsabilidad directa que tienen con los altos niveles de mora. "Es un problema entre privados"… dicen.

En pocos años la frase que no figuraba en los manuales de ciencia política ni en los de economía, comienza a tallarse en el frente de la Casa Rosada como un verdadero lema nacional.

No importa el color del marco ni la foto que adorne el despacho presidencial: cuando la praxis económica ahoga a la población y las decisiones macroeconómicas generan incendios cotidianos, la dirigencia política descubre, con repentina e iluminada fascinación, la doctrina del laissez faire aplicado a la irresponsabilidad estatal. La belleza de este comodín reside en su transversalidad ideológica. Polos verdaderamente antagónicos que, en la teoría, prometían destruirse mutuamente, pero que en la práctica convergen en el mismo gesto: lavarse las manos.

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Corría 2020 cuando Alberto Fernández asumía con el ropaje del "Estado presente", el escudo social y la promesa explícita de "desdolarizar" y resolver el drama de los tomadores de créditos UVA. Venía a reparar la "estafa" del macrismo. Sin embargo, cuando la ilusión electoral chocó de frente con la realidad del escritorio, la retórica se evaporó. Ante la primera pregunta incómoda, el paladín del nacional-populismo mutó en un riguroso legista de derecho romano: "Los créditos UVA son créditos entre particulares. Aceptaron una cláusula… es un acuerdo entre particulares".

La "magia" de ese relato consistía en ignorar que ese "acuerdo entre particulares" no se firmó sobre la nada, sino bajo el influjo de la inflación desbocada que su propio Gobierno alimentaba día a día. El Estado intervenía para todo -para regular hasta el precio del caramelo de menta-, excepto para hacerse cargo de las distorsiones que su propia maquinita de imprimir billetes generaba en los contratos de la gente común.

Años después, el péndulo político se fue al extremo opuesto. Llegó Javier Milei gritando "¡Viva la libertad, carajo!", prometiendo cortar con la casta y llevar al país al paraíso del libre mercado. Pero cuando la devaluación, la recesión y el cambio drástico de régimen económico hicieron volar por los aires la capacidad de pago de más de 20 millones de argentinos -llevando la mora crediticia del 4,2% al 17,5% y convirtiendo los préstamos de consumo en una trampa mortal-, la respuesta del León libertario sonó extrañamente familiar.

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"Es un problema entre privados", repitieron a dúo el Presidente y su ministro de Economía, Luis Caputo. Y para rematar con la delicadeza pedagógica que lo caracteriza, el mandatario disparó el silogismo definitivo: "¿Les pusieron una pistola en la cabeza?".

El argumento libertario es impecable en su frialdad teórica e inservible en su realidad empírica. Se les pide a los ciudadanos que operen con prudencia de cirujano suizo en un entorno macroeconómico que no ofrece garantías y depende apenas de la visceralidad de su líder.

Se destruye el poder adquisitivo con un reajuste brutal, se pasa de un esquema de tasas negativas a uno donde la recesión impide licuar la deuda, y cuando la gente cae en mora masiva para pagar la tarjeta con la que compró comida, la respuesta oficial es un encogimiento de hombros y un lema: "No hay que confundir la empatía con las políticas públicas".

Al final del día, la distancia entre el progresismo de cafetín y el libertarismo de trinchera resulta ser un mero espejismo estético. Para Alberto Fernández, el Estado no podía meterse en un contrato indexado que su propio Gobierno destruía mediante la inflación. Para Javier Milei y Luis Caputo, el Estado no debe intervenir en las tasas abusivas y la mora generadas por un ajuste que ellos mismos diseñaron, ejecutaron y celebran.

Tanto el progresista empobrecedor como el derechista fiscalista apelan al mismo dogma cuando las papas queman: el ciudadano es 100% responsable de sus decisiones en el mercado, pero el Estado es 0% responsable del escenario infernal que construye para que esas decisiones se tomen.

Si el Estado fija las reglas del juego, altera el valor de la moneda, regula o desregula el sistema financiero y determina la temperatura de la economía, resulta de un cinismo supino pretender que las consecuencias de la crisis son un asunto "privado" entre Doña Rosa y el banco.

Los presidentes pasan, los discursos cambian y las etiquetas ideológicas se renuevan. Pero la praxis dirigente permanece inalterable: incendian la casa, miran el humo desde afuera y le recriminan al inquilino no haber contratado un seguro contra incendios. Después de todo, el fuego es un problema entre particulares.

Todo lo expuesto anteriormente se sintió con más fuerza en Iguazú, donde la cúpula libertaria decantó para la Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas. Uno a uno, en sus diversas exposiciones, los funcionarios fueron evadiendo la realidad para, en cambio, dar impulso a nueva campaña del miedo que Milei, en el último turno, se encargó de reavivar no sin emitir mensajes de dudosa normalidad.

El objetivo es, abiertamente, trollear a cualquier candidato opositor hacia la Presidencia y apostar a ganar músculo legislativo propio para ya no depender de alianzas con gobernadores dialoguistas. Falta bastante para las elecciones, pero la campaña ya muestra la intensidad que irá subiendo con el correr de las semanas.

El Gobierno nacional llegó a Misiones hablando de mercado, inversión, competitividad y futuro, mientras afuera de la burbuja institucional había productores reclamando por el precio de la yerba.

Pero los vehículos oficiales se apresuraron en transitar la protesta impidiendo que el Presidente escuchara al reclamo de muchos de los que, meses atrás, apostaron a él para torcer el rumbo de colisión.

La visita a la provincia de Misiones coincidió con el punto de mayor fricción entre la política de desregulación de mercados y la dinámica de las economías regionales. El caso de la cadena agroindustrial de la yerba mate expone los límites teóricos del modelo de libre concurrencia en mercados caracterizados por una elevada concentración oligopsónica en el eslabón industrial y una atomización extrema en la oferta de materia prima.

El desmantelamiento de las potestades regulatorias del INYM, especialmente en materia de fijación de precios mínimos, fiscalización y ordenamiento de la oferta, no derivó en una convergencia hacia un precio de equilibrio competitivo. Por el contrario, consolidó una asimetría estructural en la transferencia de ingresos desde los productores primarios y tareferos hacia los sectores dominantes de la molienda y el empaque.

El caso ubica la tensión entre dos enfoques de política económica, la supuesta neutralidad estatal y desregulación tarifaria que impulsa el Gobierno nacional que aniquila la demanda territorial de intervención pública mediante precios sostén y la restitución del marco normativo del INYM para corregir las fallas de mercado. Eso es lo que distintas organizaciones de productores intentaron advertir en primera persona al Presidente. Quizás haya visto y leído algunas de las muchas consignas en los carteles, pero si así fue, no se notó en su discurso.

En el escenario subnacional, la respuesta de las administraciones provinciales ante el repliegue del Estado central y la erosión de las transferencias tributarias oscila entre la diplomacia institucional y la revisión pragmática de sus marcos fiscales y regulatorios. La participación del gobernador Hugo Passalacqua en la Convención del IAEF en Puerto Iguazú -en un panel compartido junto a los gobernadores Alfredo Cornejo (Mendoza), Raúl Jalil (Catamarca) y Juan Pablo Valdés (Corrientes), bajo la moderación de José del Río– expuso este esfuerzo de posicionamiento: ubicar la presión tributaria provincial en una franja "razonable" a mitad de tabla nacional (puesto 13) para preservar la competitividad del sector privado en un contexto de caída de actividad.

En el plano de la política fiscal local, los anuncios de la administración de Passalacqua responden a reclamos históricos de la Unión Industrial Argentina (UIA) y de las cámaras de comercio e industria. La desactivación del sistema de fiscalización en ruta de Ingresos Brutos -conocido informalmente como "aduana paralela"– y la remoción de las alícuotas de retención anticipada sobre depósitos bancarios, tarjetas de débito y billeteras virtuales representan un intento por reducir los costos directos de transacción, eliminar distorsiones sobre el flujo de caja corporativo y corregir asimetrías de liquidez que afectaban el traslado regional de mercaderías.

Sin embargo, el giro más sustancial de la agenda legislativa provincial radica en la corrección de rumbo sobre la regulación ambiental de la producción primaria.

La sanción unánime de la Cámara de Representantes de Misiones, que derogó la prohibición total del glifosato originalmente incorporada en 2023 a la Ley de Promoción de la Producción de Bioinsumos (impulsada por Carlos Rovira), marca la rectificación de una norma cuyo diseño original adolecía de viabilidad técnica. El dictamen de la Comisión de Recursos Naturales, Conservación del Ambiente y Cuidado Animal unificó iniciativas de legisladores como Ariel Pianesi, Miguel Núñez, Gladys Cornelius, Martín Arjol y Juan José Szychowski.

Tal como expuso el miembro informante Waldovino Enio Lemes y el articulado impulsado por el bloque Movimiento por lo que Viene -sumado al respaldo de la Sociedad Rural Argentina y de la Asociación Maderera, Aserraderos y Afines del Alto Paraná (AMAYADAP)-, la prohibición se volvió insostenible ante la falta de alternativas biológicas autorizadas, eficaces y accesibles en los plazos previstos.

La nueva redacción del artículo 7 subordinó el uso de sustitutos a la habilitación formal de organismos nacionales y de los mercados internacionales de destino, garantizando previsibilidad jurídica para más de 400 mil hectáreas de plantaciones forestales y agroindustriales.

La reforma incorporó al Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables junto al Ministerio del Agro y la Producción como autoridades de aplicación, formalizando instancias de consulta técnica obligatoria con las entidades del sector.

En paralelo, la profundización de la recesión en las economías regionales y el impacto de la desregulación sobre el precio de origen de la materia prima aceleran la reconfiguración del mapa político opositor en la provincia.

El Partido Agrario y Social (PAyS), bajo la conducción de Héctor "Cacho" Bárbaro, oficializó ayer la candidatura ejecutiva del diputado provincial Cristian Castro para las elecciones de 2027. La estrategia del PAyS busca articular un frente electoral heterogéneo que convoque a sectores no alineados con el oficialismo misionero ni con La Libertad Avanza, capitalizando el desgaste de la administración nacional en los distritos rurales y semiurbanos.

Ante la parálisis y pérdida de facultades del INYM nacional, el espacio agrario ratificó la necesidad de sancionar una herramienta legislativa de emergencia a nivel provincial que arbitre de manera directa en la fijación de precios sostén para la hoja verde, protegiendo el margen bruto de las familias productoras frente al poder comprador de la molienda concentrada.

De manera simultánea, la conducción del Partido Justicialista de Misiones, encabezada por Christian Humada, avanza en las gestiones para la visita a Posadas del gobernador bonaerense Axel Kicillof, bajo la plataforma federal del Movimiento Derecho al Futuro (MDF). Tras las reuniones organizadas por dirigentes nacionales como Mariano Cascallares y Julio Pereyra con intendentes y militantes locales, el peronismo provincial busca articular una estructura territorial de abajo hacia arriba que intervenga en la reorganización del espacio opositor nacional y local.

Fuente: Primera Edición

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