Piden investigar a billeteras virtuales por posibles prácticas anticompetitivas

Diputados nacionales del Peronismo Federal presentaron un pedido para que la Autoridad Nacional de la Competencia (ANC) abra una investigación formal sobre billeteras digitales y otros proveedores no financieros, ante la sospecha de posibles prácticas anticompetitivas en el mercado de pagos y créditos.

La presentación alcanza, entre otras plataformas, a Mercado Pago, Ualá, Naranja X, Personal Pay, Prex, Cocos, Claro Pay y AstroPay, y apunta a determinar si algunas de sus prácticas podrían vulnerar la Ley de Defensa de la Competencia y normas vinculadas con los derechos de consumidores y usuarios financieros.

El planteo pone especial atención sobre las condiciones de los créditos ofrecidos por estas aplicaciones. El diputado entrerriano Guillermo Michel sostuvo que en algunos casos las tasas llegan al 700% anual y vinculó el crecimiento de este tipo de financiamiento con el deterioro de los ingresos y el aumento del endeudamiento familiar. Según afirmó, existen actualmente más de 5,5 millones de deudores.

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La denuncia no se limita, sin embargo, a las principales billeteras. Los legisladores pidieron analizar el universo completo de 91 billeteras digitales y 687 proveedores no financieros, incluidos mutuales y cooperativas autorizados por el Banco Central para operar.

Uno de los puntos centrales del pedido es que la ANC requiera al Banco Central información detallada sobre volúmenes de operaciones, participación de mercado, Tasas Efectivas Anuales (TEA) y Costos Financieros Totales (CFT) aplicados por las entidades durante los últimos 24 meses.

Los diputados también solicitaron establecer qué empresas cobraron tasas por encima o por debajo de la media y la mediana del mercado y reclamaron conocer los niveles de morosidad y los ratios de endeudamiento de cada proveedor.

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El objetivo es determinar si existe una relación entre la posición que ocupan determinadas plataformas dentro del mercado, los datos que concentran sobre sus usuarios y las condiciones de crédito que posteriormente les ofrecen.

La presentación sostiene que algunas empresas tienen una posición relevante tanto en el procesamiento de pagos minoristas como en el manejo de información transaccional y el otorgamiento de préstamos. Para los legisladores, esa combinación podría generar barreras para otros competidores y situaciones de dependencia para determinados usuarios.

Otro aspecto novedoso de la denuncia es el pedido para analizar cómo deciden las aplicaciones quién recibe crédito, cuánto dinero puede solicitar y a qué tasa.

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Para eso, los diputados propusieron que la Autoridad Nacional de la Competencia designe un cuerpo pericial compuesto por economistas e informáticos para auditar los algoritmos de asignación de crédito y los sistemas de scoring utilizados por las plataformas investigadas.

El análisis buscaría establecer si las billeteras utilizan información transaccional u otros datos no financieros para fijar condiciones diferentes entre usuarios, discriminar precios o aplicar tasas particularmente elevadas a personas que cuentan con pocas alternativas de financiamiento.

También se pretende determinar si esos mecanismos terminan dificultando el ingreso de nuevos competidores o elevando los costos que enfrenta una persona cuando intenta cambiar de proveedor.

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En ese sentido, los legisladores plantearon otro problema: la imposibilidad de trasladar fácilmente el historial transaccional o la reputación crediticia de una billetera a otra. Según la denuncia, esa falta de interoperabilidad podría limitar la capacidad de los usuarios para buscar mejores condiciones en otras plataformas y, al mismo tiempo, reducir la competencia.

El planteo se produce en un contexto marcado por el aumento del endeudamiento de las familias.

Michel sostuvo que una parte creciente de los hogares recurre al crédito digital para cubrir gastos cotidianos, incluso alimentos, porque los ingresos disponibles se agotan antes de finalizar el mes.

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"El día 15 ya es fin de mes para la mayoría de los argentinos", afirmó el legislador al describir el escenario que, a su entender, empuja a trabajadores, jubilados y monotributistas a financiar consumos básicos mediante este tipo de herramientas.

La investigación solicitada apunta así a determinar si, dentro de ese contexto de mayor vulnerabilidad financiera, existen empresas que aprovechan una posición dominante o la información acumulada sobre sus clientes para imponer condiciones crediticias excesivas.

Los legisladores pidieron analizar posibles infracciones a la Ley 27.442 de Defensa de la Competencia, al artículo 36 de la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor y a disposiciones de la Carta Orgánica del Banco Central. También incluyeron en su presentación los artículos del Código Civil y Comercial vinculados con abuso de derecho y abuso de posición dominante.

Finalmente, solicitaron que la ANC produzca las medidas probatorias correspondientes y que, si se comprueban irregularidades, ordene el cese de las conductas y aplique las sanciones previstas por la legislación vigente.

La presentación fue firmada por Guillermo Michel, Victoria Tolosa Paz, Ernesto "Pipi" Ali, Kelly Olmos, Emir Félix y Pablo Yedlin.

Fuente: Agencia de Noticias NA

Fuente: Primera Edición

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